Por: Redacción/

El día de hoy se publicó en el sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de México, aprobado en la Sesión Plenaria de dicho organismo intergubernamental, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.

El reporte reconoce “mejoras significativas en comparación al año 2008, en que se llevó a cabo la última evaluación de México” e indica que “se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”.

Señala que las autoridades clave para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/CFT/PADM), como la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la PGR, “tienen un buen conocimiento para enfrentar los riesgos de Lavado de Dinero” y “que en general hay una buena política de coordinación y cooperación”.

Se destacan las actividades de los supervisores del sector financiero en materia de PLD/CFT/PADM tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), los cuales “tienen un buen entendimiento de los riesgos dentro de los sectores a su cargo y han implementado enfoques basados en riesgos razonables para la supervisión”.

El reporte de México, elaborado por el Fondo Monetario Internacional, con representación de GAFI y GAFILAT, conforme a las Recomendaciones y a la Metodología de Evaluación emitidos por el GAFI, fue aprobado en Sesión Plenaria por los miembros del organismo intergubernamental.

Cabe destacar que como resultado del proceso de evaluación mutua GAFI determina el tipo de seguimiento que debe darse a cada país, pudiendo ser este regular o intensificado. Adicionalmente el país puede ser incluido en un listado emitido por el Grupo Revisor de Cooperación Internacional el cual determina las jurisdicciones clasificadas como de alto riesgo por tener deficiencias claves en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.  México no forma parte del listado de referencia y se determinó que tendrá un proceso de seguimiento intensificado ante dicho organismo que es el mismo al que están sometidos países como Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, y Austria, entre otros.

En el reporte también se resalta que México tiene un sólido marco legal e institucional vigente para solicitar y otorgar asistencias legales mutuas y extradiciones, así como que “las autoridades frecuentemente utilizan otras formas de cooperación internacional para intercambiar información con otros países”.

En la evaluación se señala que para enfrentar los riesgos prevalecientes en materia de Lavado de Dinero existen áreas de oportunidad para las cuales se considera que es clave priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, así como la distribución de recursos y atención para la supervisión de actividades vulnerables no financieras; que se debe contar con una mayor capacitación para las autoridades relevantes e intensificar la identificación y acceso a información de los beneficiarios finales de activos y empresas.

El reporte contempla las medidas implementadas en México durante la visita del equipo evaluador al país, la cual se llevó a cabo entre el 28 de febrero y el 16 de marzo del año pasado. En este sentido cabe destacar que la identificación de beneficiarios finales se ha venido fortaleciendo en el sector financiero durante 2017 con modificaciones a las Disposiciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que emite la SHCP y que se encuentran en proceso de implementación.

Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia, de forma que se garanticen las condiciones para prevenir las amenazas del Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, fortaleciendo la integridad financiera y contribuyendo así a la seguridad nacional de nuestro país.