• Documenta A.C manifestó que el proceso judicial de Medina Vela tuvo demasiados irregularidades, tales como las negativas sobre la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente y  de aportar pruebas para su defensa, la elección de su defensa.

Por: Oscar Nogueda/

La organización Documenta A.C apuntó que el Estado mexicano  cumplió un año sin atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el caso de las violaciones de derechos humanos cometidas contra Arturo Medina Vela.

En el 2011, Arturo Medina  Vela, una persona con discapacidad intelectual y psicosocial,  fue detenido en la presunta comisión del robo de un vehículo, no obstante, fue declarado inimputable. Posteriormente, un juez le dictó  una medida de seguridad en internamiento, por lo que fue privado de la libertad en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI) durante cuatro años.

Documenta A.C manifestó que el proceso judicial de Medina Vela tuvo demasiados irregularidades, tales como las negativas sobre la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, de aportar pruebas para su defensa, la elección de su defensa, la impugnación de las resoluciones judiciales, así como de contar con apoyos y ajustes de procedimientos para participar efectivamente en su proceso penal.

El 6 de septiembre del 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas emitió una sentencia  por el incumplimiento del Estado mexicano a las obligaciones internacionales en la materia.

Por ello, la organización llamó a la Secretaría de Gobernación a implementar, en conjunto con  Arturo, sus familiares y la defensa, un plan para llevar a cabo  una reparación efectiva y garantizar la no repetición de los hechos.

Documenta agregó que dicho plan debe cumplir con las recomendaciones del Comité, las cuales son la reparación efectiva, el reembolso  de los costos judiciales y una indemnización a Arturo. También, las autoridades mexicanas deben reconocer públicamente la violación de los derechos humanos.

Aunado a ello, mencionó  que el caso de Medina Vela fue producto de las deficiencias estructurales de la legislación mexicana. Por  ello, la asociación exhortó a las autoridades del país a reformar las legislaciones en relación a la figura de inimputabilidad, revisar las medidas de seguridad que discriminan por motivos de discapacidad  y otorgar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para  ejercer su capacidad jurídica.

Por último, Documenta solicitó al Gobierno de México a atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que si permanece el incumplimiento de estas recomendaciones enviaría un mensaje  de permitir las violaciones de derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que enfrentan el sistema de judicial.