• A pesar de ello, el Estado mexicano no reconoció que se haya violado el derecho a defender los derechos humanos de la activista y que las autoridades no hayan protegido a Digna Ochoa.

Por: Oscar Nogueda/

En la segunda audiencia del caso Digna Ochoa contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH), autoridades mexicanas reconocieron la responsabilidad del Estado en violar el debido proceso, así como el derecho de todo persona  al reconocimiento de su dignidad, al  dañar la imagen de la activista después de su asesinato.

A pesar de ello, el Estado mexicano no reconoció que se haya violado el derecho a defender los derechos humanos de la activista y que las autoridades no hayan protegido a Digna Ochoa.

“Nos preocupa que mientras el Estado hace un reconocimiento parcial de la responsabilidad sobre las violaciones cometidas en el proceso, siga argumentando que se actuó diligentemente en la investigación de las amenazas a Digna Ochoa, cuando ha quedado probado que no fue en ese sentido”, dijo David Peña, miembro de del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Asimismo, el abogado manifestó su preocupación por el posicionamiento del Estado mexicano sobre que el contexto de riesgo de los defensores de derechos humanos no es el mismo que en los tiempos de Digna Ochoa. Por ello, destacó que las autoridades mexicanas no han presentado pruebas para acreditar esta situación y sentenció que  existe un “factor permanente relacionado con la impunidad y con el riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Durante la audiencia, la perita Ángela María Buitrago Ruiz destacó la presencia de deficiencias en el procesamiento de la escena del crimen, así como hubo influencias en los estereotipos de género en la investigación de este hecho.

En ese sentido, Buitrago Ruiz enfatizó que los estándares internacionales establecen que las investigaciones criminales, donde la víctima sea una defensora de derechos humanos, deberán contener los principios crimina listicos necesarios, la comprensión de la violencia contra  la mujer y contra los defensores de derechos humanos. Sin embrago, el Estado mexicano no llevó a cabo una investigación exhaustiva y reforzada de este caso.

La perita señaló que el arma levantada en la escena del crimen no coincide con el arma  analizada en las pruebas de balística. Además, refirió que existieron disparos de arriba hacia abajo, así como que la defensora tenia mal puestos unos guantes rojos de látex, los cuales impedían disparar el arma.

“Desde ese punto de vista vemos que todos estos elementos lo que llevan es a la falta de certidumbre sobre la posibilidad y existencia de una de las teorías más débiles que tomó la fiscalía que es el suicidio, pues todas apuntan a un asesinato”, manifestó Buitrago Ruiz.

Al mismo tiempo, apuntó que el Estado mexicano no agotó todas las líneas de investigación, así como no emprendió esfuerzos para encontrar a los perpetradores de este crimen. Aunado a ello, sostuvo que la acción de no ejercicio penal no es posible cuando se llevan a cabo una mala investigación.

“La perita refirió al prejuzgamiento que hubo en los análisis psicológicos que se tomaron en cuenta, en los que incluso se llegó a determinar que la abogada Digna Ochoa buscaba las agresiones porque se dedicaba a la defensa de derechos humanos y a considerar que las mujeres padecen más enfermedades de salud mental que los hombres”, mencionó el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

En su intervención,  Lady Carolina Guzmán Marenco, del Centro  por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), enfatizó que las autoridades mexicanas no brindaron las condiciones necesarias para que Digna Ochoa pudiera ejercer su labor de defensa de derechos humanos.

Los familiares de la activista remarcaron que el Estado es responsable de la violación del derecho a la defensa de derechos humanos de Digna Ochoa, de la muerte de la activista al no investigar de manera efectiva, de la tortura psicológica que sufrió la defensora y de la prevención del derecho a la vida.

Karla Micheel Salas Ramírez, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sostuvo que las fallas de la investigación  se debieron a una acción premeditada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). También, comentó que la hipótesis del suicidio carece de sustento, así como puntualizó que las autoridades no agotaron todas las líneas de investigación.

Por lo anterior, los defensores  reiteraron sus peticiones, las cuales son la reapertura de la investigación, independencia de los servicios periciales de las fiscalías  y la creación de un mecanismo de protección de testigos.

Por su parte, Marcos Moreno, representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que preparan un convenio de reparación constituido por 12 puntos, tales como medidas de indemnización, satisfacción, rehabilitación, un acto público de reconocimiento de la responsabilidad  y coincidió con  la reapertura de la investigación con perspectiva de género y derechos humanos.

Ante esta situación, David Peña, representante legal de las víctimas, detalló que no se ha delimitado el alcance de la reapertura de la investigación de este caso, por lo que externó que esta nueva diligencia no puede ser limitada.

Al mismo tiempo, agregó que es necesario el pronunciamiento de la CoIDH respecto a las medidas de satisfacción y no repetición expuestas por los quejosos.