Por: Redacción 

El 84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer poco de la Carta Magna y 52.7 desconoce el año en que se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana.

Además, uno de cada cuatro mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de tomar justicia por mano propia; y 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

Lo anterior, según los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: los mexicanos y su Constitución, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) (Departamento de Investigación Aplicada y Opinión) de la UNAM, en homenaje a la Constitución de 1917, en el centenario de su promulgación.

Esta encuesta –aplicada a nivel nacional en mil 200 casos en vivienda a población de 15 años y más, en octubre de 2016– es la tercera de una serie iniciada en 2003, y ofrece la posibilidad de mirar la evolución de los saberes y opiniones de los mexicanos sobre su Constitución, el cumplimiento de la ley y la democracia. Sus resultados se analizan en el libro “Los mexicanos y su Constitución”, coordinado por Héctor Fix-Fierro, Julia Isabel Flores y Diego Valadés, que se presentó el viernes pasado en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería.

La pregunta central es hasta qué punto, 100 años después, los mexicanos se identifican con su Constitución y la hacen suya mediante el conocimiento no sólo de los preceptos que componen el documento, sino también de las instituciones y las estructuras de gobierno que se han creado con fundamento en ella; no únicamente mediante la percepción de su cumplimiento por las autoridades y los conciudadanos, sino además por la disposición propia a acatar dichos preceptos y reconocer los principios y valores que los subyacen.

La democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del país, de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de la justicia.

A ello se suman factores como un bajo sentido de eficiencia del ciudadano frente a las autoridades, los vestigios del presidencialismo, la desigualdad social y la exclusión, que amplían las diferencias entre los diversos sectores de la sociedad y la ausencia de una tradición de exigencia de cuentas.

La investigación demuestra la alta valoración que la mayoría de los entrevistados tiene de la ley, que es percibida como un ideal de forma de vida. Así, al preguntar ¿qué es más importante para usted?, la mayoría de los entrevistados (57.1 por ciento) eligió la opción “Una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes”, por sobre otras como “Una sociedad sin delincuencia” (55.4 por ciento), “Una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres” (42.8 por ciento) y “Una sociedad más democrática” (24 por ciento).

No obstante, pone de relieve el desconocimiento en sectores mayoritarios de la población sobre sus derechos, así como dificultades para el acceso a los servicios de impartición de justicia.

Esta valoración de la ley por parte de los entrevistados no es incorporada en las prácticas. Así, uno de cada cuatro está de acuerdo con la frase “Violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”. Sin embargo, ante el cuestionamiento: En una escala de cero a 10, en donde cero es no respeta nada y 10 es respeta mucho, ¿qué tanto cree que las personas respetan la ley?, el promedio que se obtuvo fue de 6.3 puntos. Utilizando la misma escala se preguntó: ¿qué tanto respeta usted la ley?, el promedio que se dieron a sí mismos, de 7.7 puntos, es mucho más favorable.

La desconfianza y percepción negativa de las instituciones que imparten justicia y la percepción de la impunidad han llevado a la población a encontrar caminos informales, y en ocasiones ilegales, para el arreglo de sus conflictos. Así, casi la mitad (46.6 por ciento) considera que los miembros de una comunidad tienen el derecho, o en parte, de tomar justicia por mano propia. Igualmente, 47 por ciento dijo estar de acuerdo, o de acuerdo en parte, con que se torture a un detenido para que confiese un delito.

Ello muestra un endurecimiento de la población debido al incremento de la inseguridad y la violencia en las últimas décadas, a la vez que plantea tensiones con los derechos humanos, que en opinión de la mayoría de los encuestados se deben respetar estrictamente.

Bajo conocimiento sobre la Constitución

Hay un bajo conocimiento sobre la Constitución: la mayoría (56.1 por ciento) considera que conoce poco de ella. En tanto, 52.7 por ciento desconoce el año en que se aprobó y tampoco la relaciona con la Revolución Mexicana: tres de cada 10 piensan que la Carta Magna actual nació a partir de la Independencia de México. Estos resultados indican que se hace poco por socializar un patrimonio jurídico y cultural –la Constitución–, que debiera ser un punto de referencia, diálogo y debate.

El 84 por ciento piensa que la Constitución se cumple poco o nada, a la vez que crece la opinión de que ésta “ya no responde a las necesidades del país” (60 por ciento). No obstante, 43 por ciento señaló que sería preferible cambiarla sólo en parte, dado que ciertos principios y artículos, como por ejemplo el tercero, están presentes en la memoria de la población.

La cultura de la legalidad, tal y como se presenta en los medios, es percibida como algo alejado de la vida cotidiana: como algo exigible a los políticos y poderosos, o bien como un ideal deseable, pero inaccesible. La otra cara de la legalidad, su cara positiva, la legalidad en la vida cotidiana, no constituye un objeto de atención al no ser objeto de noticia.

La tensión entre las expectativas del ideal en el cumplimiento de la ley –cómo deberían ser las cosas (la vida regulada por normas de cumplimiento estricto) y cómo son (la vida en la cual la ley no funciona en la práctica por la manera en que está formulada)– genera sentimientos contradictorios por igual entre las personas y los profesionales de la ley. Por una parte, hay una fuerte creencia de que las leyes debieran aplicarse estrictamente; por la otra, una gran desilusión por las fallas y dificultades persistentes en su aplicación.

Así, el 80.9 por ciento está de acuerdo con la frase “Las leyes tienen que cumplirse estrictamente si queremos conservar nuestra forma de vida”, mientras que el 27.3 por ciento estuvo de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

Esta tensión entre los ideales y las prácticas data de largo tiempo en la sociedad mexicana y ha llevado a una búsqueda constante por introducir nuevos sistemas de control, uno tras otro, a la vez que se desconfía en las personas e instituciones que habrán de implantarlos a cabalidad.

En la nación, el respeto a la ley y su aplicación son asuntos no resueltos, lo que representa una tarea pendiente para la consolidación democrática. Más información en www.losmexicanos.unam.mx.