Estamos profundamente preocupados que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, Estado de México, que incluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida, de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. Siete militares fueron arrestados en conexión con el caso pero, en octubre de 2015, un juez desestimó los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada, una corte puso en libertad a los otros tres, al considerar que no había evidencia suficiente contra ellos.

Durante su visita a México en octubre del año pasado, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya sería observado muy de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades en la lucha contra la impunidad, luego de que la reforma al Código Militar ubicara a los militares bajo la jurisdicción de los tribunales civiles en casos de crímenes cometidos contra civiles.

Respetamos por completo la independencia del poder judicial y tomamos nota de la declaración hecha por la Procuraduría General de la República en cuanto a que continuará acercando evidencia “a fin de evitar que los delitos cometidos […] en Tlatlaya […] queden impunes”. Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que aseguren una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso. También instamos a las autoridades de procuración y administración de justicia a actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos en las investigaciones y juicios. Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado dicha alteración. También deben ser rigurosamente investigadas otras presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso Tlatlaya, incluyendo la detención arbitraria y la tortura de testigos.

Dada la importancia de la evidencia forense en este caso, apelamos a las autoridades para implementar urgentemente la recomendación hecha por el Alto Comisionado en octubre pasado de establecer una institución forense nacional y autónoma adecuadamente financiada. Esto sin duda reforzaría las investigaciones en este y otros casos. Nuestra Oficina refrenda su compromiso para asistir a las autoridades pertinentes así como para apoyar y acompañar a las víctimas y a sus representantes.