Eber Omar Betanzos, ofreció un mensaje a medios en donde expuso la situación de las indagatorias en torno al  Caso Iguala e informó sobre la entrega de este informe a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Se presenta el mensaje íntegro:

En nombre de la Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, esta institución presenta a la opinión pública el Informe del “Caso Iguala”, Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Reitero frente las víctimas, sus familias y a la sociedad entera, que, con absoluto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, hemos dado seguimiento a esa investigación, a fin de conocer y demostrar los hechos que sucedieron aquella noche en esa región de Guerrero.

Tales acontecimientos, en el que fueron agredidos y privados ilegalmente de su libertad 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; así como 6 personas fueron privadas de la vida y otro número muy importante resultaron víctimas de diversos delitos, conmocionaron a México y al mundo, dejando una huella en la historia de nuestro país que nos impacta, nos indigna y nos duele.
Estos lamentables eventos nos alertaron sobre fallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales municipales en la zona norte de Guerrero. En la parte relativa a la procuración de justicia, se exigió a las instituciones mexicanas encargadas de investigar los delitos, desarrollar una indagatoria puntual y exhaustiva para determinar qué fue lo que pasó en Iguala en esas fechas y quiénes fueron los autores de tales conductas.

El reclamo ciudadano ha sido contundente: que los culpables sean llevados ante la justicia, se les siga un proceso conforme a derecho, se les imponga el castigo que señala la ley, y por supuesto, se reparen los daños a las víctimas.

En este contexto, el “Informe del Caso Iguala”, conjuntamente con la versión pública del expediente que puede consultarse en el portal de internet de la Institución, describe las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo en el marco de las atribuciones constitucionales.

El pasado 17 de mayo, la Procuradora General de la República se reunió con los padres de los estudiantes. En ese encuentro se dio cuenta de dicho informe, mismo que les fue entregado el día de hoy y ahora, con absoluta transparencia, será difundido a toda la sociedad.

El informe contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, encaminadas a esclarecer los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.

El expediente referido en este informe, recoge la contribución de todas las áreas de esta Procuraduría General de la República que han trabajado coordinadamente, para que la impunidad no agrave el dolor. También expone la respuesta que da la institución, utilizando todos los medios legales y técnicos a su alcance, de manera seria, profesional, imparcial y efectiva, para conocer la verdad, procurar justicia y ofrecer certezas a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.

Como lo ha señalado la Procuradora General de la República, la investigación está abierta. Por ello, en este documento se presentan, en un ejercicio de máxima transparencia y rendición de cuentas, las diligencias realizadas y los avances alcanzados hasta este momento.

Además, desde una perspectiva de derechos humanos, se muestran las acciones encaminadas a atender las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a fin de cumplir con los más altos estándares de investigación en la materia.

Para la elaboración de este informe, la Procuraduría General de la República utilizó múltiples documentos, testimonios, declaraciones, peritajes, entre otros, todos ellos documentados en el expediente, a efecto de ilustrar la debida diligencia con la que se ha conducido esta investigación.

El informe inicia con los antecedentes que dan competencia a esta Procuraduría General de la República y establece una cronología de acciones en torno a la investigación a partir de que la PGR tomó conocimiento de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Para poder entender los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, es importante describir el contexto de delincuencia organizada en el que tales acontecimientos se presentaron; el cual ha sido determinante para acercarnos al conocimiento de los hechos y ha permitido poner en marcha estrategias para desarticular organizaciones criminales que operan en la zona norte del Estado de Guerrero.

Así las cosas, en este caso, con las evidencias recabadas hasta el momento, pudimos conocer que el grupo delincuencial autodenominado “Guerreros Unidos” tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de seguridad municipal. Su penetración alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de gobierno, quienes recibían de manera regular importantes cantidades de recursos; dinero que era destinado presuntamente, entre otras cosas, al control de la policía municipal.

En el informe sobre el “Caso Iguala”, podrán observar una narrativa de los hechos desde la salida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla; así como de las principales actuaciones emprendidas por la PGR en los rubros de búsqueda y localización, así como atención a víctimas.

Como ya se señaló, también se da cuenta, de las principales acciones que esta Procuraduría General de la República está realizando a fin de atender oportunamente las 43 observaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esta institución tanto las formuladas el 23 de julio de 2015 como las del 14 de abril de 2016, vinculadas estas últimas a eventos en Huitzuco, Guerrero, cuyo desahogo está en el ámbito de la investigación ministerial en curso.

Por otra parte, la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en nuestro país, se enmarca en las figuras de la asistencia técnica y la coadyuvancia dentro de la investigación del “Caso Iguala”. Esto sucedió por la solicitud que formularon el Estado Mexicano y los familiares de las víctimas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya materialización se logró a través de la firma de dos Acuerdos de colaboración y una adenda; e implicó 2 mandatos con duración de seis meses cada uno, existiendo un periodo intermedio entre uno y otro, en el cual también se realizaron acciones.

El mecanismo institucional instaurado entre la Procuraduría General de la República y el GIEI fue un elemento central para el cumplimiento de los objetivos; para ello, se realizaron reuniones, comunicaciones y acuerdos diversos. Las reuniones que se documentan, versaron sobre la atención de las más de 941 peticiones requeridas o de algún aspecto relacionado con estas.

La Procuraduría General de la República, ha cumplido con más del 88 por ciento de dichas peticiones y dará continuidad a la investigación y peticiones faltantes. En este sentido el término del mandato del GIEI no significa el cese de los trabajos por esta Institución, quien seguirá atendiendo puntualmente aquellas solicitudes que resulten procedentes según nuestro ordenamiento jurídico.

En función de lo anterior, la Procuraduría General de la República informa los siguientes avances al 30 de abril de 2016:

a. Consignaciones. 168 personas por el delito de delincuencia organizada.

b. Detenciones.130 personas han sido detenidas. Se trata de elementos de las policías de los municipios de Iguala y de Cocula, así como de la organización delictiva “
[18:10, 8/6/2016] Gustavo Castillo: Guerreros Unidos”.

c. Resoluciones judiciales. 422 resoluciones judiciales de las cuales 209 corresponden a órdenes de aprehensión libradas por diversos delitos.
d. Actuaciones periciales. 1,651 intervenciones en 24 especialidades diversas.

e. Declaraciones. Sobresalen 850 declaraciones que corresponden a estudiantes normalistas de Ayotzinapa; integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”; miembros de la organización “Guerreros Unidos”; elementos policiales; elementos militares, y testigos diversos, las cuales fueron tomadas en presencia de los defensores y abogados.

f. Acciones de búsqueda. Más de 850 acciones de búsqueda y localización de los estudiantes normalistas.

g. Respeto a la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Con la finalidad de que las víctimas y sus familiares tuvieran acceso a los servicios de asistencia que en su beneficio proporciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de conformidad con la Ley General de Víctimas, su Reglamento y el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se solicitó el reconocimiento de los 43 estudiantes normalistas, de los integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, y a diversas víctimas entre familiares y otras personas quienes han recibido los servicios de atención.

h. En materia de transparencia y rendición de cuentas. El pasado 13 de mayo, se publicó la tercera parte de la versión pública del expediente, que consta de 37,215 fojas contenidas en 47 tomos; que fueron agregadas a las dos primeras partes, conformadas por 102,583 fojas en 154 tomos y 14 anexos.

La citada versión pública puede ser consultada en la página electrónica de la Procuraduría General de la República.

i. VIDEO PRESENTADO POR EL GIEI. Por otra parte, es importante mencionar que con motivo de la publicación del segundo informe de asistencia técnica del GIEI, el 24 de abril pasado, en el que se plantean señalamientos sobre posibles irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República en la sustanciación de la investigación y demás diligencias realizadas para el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables, y la satisfacción de los derechos de las víctimas y la sociedad; la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de esta institución, desde el 27 de abril, han iniciado las investigaciones respectivas para determinar lo que conforme a derecho corresponda.

En suma, por todo lo expuesto, la Procuraduría General de la República arribó a la fecha, a las siguientes:

A. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Una realidad ineludible en el México de la segunda década del siglo XXI, es la amenaza que representa la delincuencia organizada para la sociedad en su conjunto, ya que además de atentar contra la seguridad de las personas, degrada la calidad de vida de los ciudadanos, vulnera la convivencia social, daña el patrimonio de las familias, deja secuelas traumáticas en las víctimas y quebranta el Estado de Derecho.

SEGUNDA. Mejorar la seguridad pública es una de las principales demandas de los mexicanos, quienes exigen de las autoridades resultados. El Estado Mexicano es el primer obligado a garantizar la paz y tranquilidad de las personas como parte del proyecto de Nación que todos anhelamos; para ello, la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia debe realizarse con la debida diligencia a fin de inhibir la comisión de delitos, investigarlos en caso de que se cometan, castigar a los responsables; así como facilitar la reparación del daño a las víctimas.

TERCERA. En el caso concreto, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurrieron en un contexto de inseguridad y delincuencia organizada en la zona norte del Estado de Guerrero, en donde están ubicados los municipios de Iguala y Cocula; en la que la organización delictiva conocida como “Guerreros Unidos”, ha tenido una fuerte presencia impactando sensiblemente en la seguridad de los habitantes de aquélla región; grupo que rápidamente cobró notoriedad, debido a que se fue conformando con células de sicarios de un perfil violento.

CUARTA. Aunado a lo anterior, “Guerreros Unidos” ha venido disputándose áreas de influencia con otras agrupaciones delincuenciales y en su desarrollo ha tejido una red de complicidades, especialmente en Iguala y Cocula; infiltrándose como se investiga en diversas indagatorias penales, en los cuerpos de seguridad municipales, proveyéndolos de recursos económicos, y coludiéndose con diversos servidores públicos de ese orden de gobierno.

QUINTA. El modo de operar en contra de sus enemigos al parecer, atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva; que generen desmanes en su territorio y que “calienten la plaza”. De darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la policía municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas.

SEXTA. Conforme a lo anterior, los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución; situación que motivó a una célula del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida. Línea de investigación de la que esta Procuraduría General de la República tiene los mayores indicios, no obstante haber agotado otras que han surgido durante el desarrollo de la indagatoria sin obtener resultados. Ello no obsta, para seguir investigando con toda exhaustividad las demás líneas de investigación contenidas en el expediente y las que en su desahogo se presenten.

SÉPTIMA. La Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, dada la relevancia social del caso, atrajo la investigación iniciada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero respecto de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cometidos en contra de los estudiantes de Ayotzinapa.

OCTAVA. Para tal efecto, desarrolló una estrategia orientada al esclarecimiento de los hechos en la que han participado diversas áreas de la PGR, en un inicio por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y posteriormente por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, encaminadas a actuar con la debida diligencia para perseguir los delitos, buscar a los estudiantes normalistas y atender a sus familiares.

NOVENA. En este contexto, el trabajo coordinado y permanente de la PGR ha permitido recabar un número muy importante de evidencias entre declaraciones ministeriales, dictámenes periciales, reconstrucciones de hechos, cateos, y otras diligencias para el esclarecimiento de los acontecimientos.

DÉCIMA. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso con el respeto de los derechos humanos, a fin de cumplir con todas y cada una de las observaciones formuladas por el Ombudsman Nacional emitidas el 23 de julio de 2015 y 14 de abril de 2016, las cuales se encuentra en vía de cumplimiento.

DÉCIMO PRIMERA. La PGR reconoce la asistencia técnica brindada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH a solicitud de los familiares de las víctimas y del Estado Mexicano. En consecuencia, analiza conforme a derecho las diferentes recomendaciones formuladas en sus dos informes y escritos pre-sentados ante la autoridad ministerial, para su debida atención.

DÉCIMO SEGUNDA. De la misma manera la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, ayudó a que la investigación contemplara el mayor número de aspectos, a fin de robustecer la averiguación previa de mérito.

[18:10, 8/6/2016] Gustavo Castillo:
DÉCIMO TERCERA. El estándar que ha fijado la investigación del “Caso Iguala” en materia de procuración de justicia y derechos humanos, ha generado que dicha indagatoria, inédita en la historia del país, cumpla con un marco que garantice una investigación seria, eficaz y exhaustiva; una amplia búsqueda de los estudiantes normalistas, y salvaguarde los derechos de las víctimas a fin de que los delitos no queden impunes. En materia de transparencia y rendición de cuentas permite que la sociedad conozca la manera en que se ha venido integrando el expediente respectivo.

DÉCIMO CUARTA. La Procuraduría General de la República, en su deber de investigar delitos y atendiendo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, reunió los elementos probatorios necesarios para consignar al mayor número de autores responsables de los hechos y conocer la forma en que se desarrollaron los acontecimientos desde la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hasta el presunto paradero que tuvieron.

DÉCIMO QUINTA. Con las acciones y estrategias emprendidas por esta Procuraduría General de la República, se ha podido desarticular en gran parte a la organización delincuencial “Guerreros Unidos”.

B. PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN

PRIMERA. Lograr una procuración de justicia efectiva, es el compromiso de la Procuraduría General de la República. La investigación sigue abierta y en esta nueva etapa con mayor apertura y transparencia, es prioritario fortalecer el acercamiento con las víctimas, brindarles confianza y el mayor acompañamiento institucional a fin de que permanentemente estén informadas sobre el desarrollo de la investigación y darles certeza.

SEGUNDA. Es muy importante agotar todas las líneas encaminadas a investigar la probable participación de otros cuerpos policiales y desarticular organizaciones criminales que operan en el Estado de Guerrero, así como ampliar la búsqueda de mayores indicios que permitan conocer con precisión el destino final de todos y cada uno de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

TERCERA. La Procuraduría General de la República pone especial atención e investigará todos aquéllos señalamientos de tortura y tratos crueles, así como de irregularidades en el desarrollo de la indagatoria; y de existir elementos, éstos no queden impunes.

CUARTA. En este trayecto, la PGR dará seguimiento a los procesos instaurados con motivo del ejercicio de la acción penal y con ello garantizar que se dicten sentencias condenatorias ante el Juez de la Causa, asimismo estará atenta de todas las observaciones y recomendaciones que emitan los organismos protectores de derechos humanos.

QUINTA. Desde abril de 2015, se abrieron líneas de investigación sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco en el “Caso Iguala”; y para identificar y capturar a los restantes miembros de la célula criminal que operaba en ese municipio.

SEXTA. El Ministerio Público de la Federación ha avanzado en la identificación de los probables responsables de las diversas agresiones ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
SÉPTIMA. Se trabajó en la línea de investigación con respecto de un evento registrado la noche del 26 de septiembre sobre la carretera libre México-Acapulco en la zona de Mezcala. La línea de investigación fue abordada el 27 de octubre de 2014. El 20 de diciembre del mismo año, las copias certificadas de la indagatoria fueron incorporadas al expediente.

OCTAVA. Se solicitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes todos los datos de sus trabajos a efecto de estar en aptitud de atender las recomendaciones formuladas a esta Institución

NOVENA. Se agilizará la tramitación de la asistencia jurídica internacional, solicitada a las autoridades de los Estados Unidos de América, para profundizar en la línea de investigación sobre el llamado “quinto autobús”.

Señoras y señores:

Es necesario precisar que la investigación prosigue, y que la conclusión del mandato de asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no significa en modo alguno el cierre de la investigación del “Caso Iguala”, ni la conclusión de la colaboración con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Muy por el contrario, quiero destacar que la Procuraduría General de la República continua trabajando en todo momento.

Es innegable que con hechos tan lamentables como los de Iguala, no solamente resultan lastimadas las personas y la sociedad en su conjunto; sino que también el Estado de Derecho se ve afectado.

En este escenario las instituciones asumimos el papel que nos corresponde y refrendamos el compromiso ineludible con la sociedad mexicana de investigar los delitos bajo nuestra competencia; trabajar arduamente para llevar a los responsables ante las autoridades y que las víctimas accedan a una justicia efectiva. Todo ello sujeto a una actuación que debe regirse estrictamente por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, como así lo dispone el orden jurídico mexicano