Por: Redacción/

Los megaproyectos urbanos son considerados como una estrategia para impulsar un modelo de ciudad basado en la competitividad, sin embargo traen como consecuencia la privatización de los espacios públicos y la generación de procesos de exclusión, desigualdad y segregación socio-espacial, afirma el doctor Jesús Carlos Morales Guzmán, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El nuevo orden mundial obliga a los países subdesarrollados a conducirse bajo esquemas encaminados a satisfacer intereses de tipo comercial más que públicos y de ordenamiento económico, y es bajo esta lógica que se dan los nuevos arreglos institucionales y las negociaciones entre los actores políticos y económicos en torno a las megaobras.

En el artículo Disputas ciudadanas en torno a los megaproyectos urbanos en la Ciudad de México, incluido en la revistaEspacialidades (julio-diciembre 2017), editada por la Unidad Cuajimalpa, explica que ante los nuevos escenarios de construcción de obras en las ciudades, la sociedad civil juega un papel importante.

Su configuración es heterogénea ya que participan sectores medios y altos, y consideran que los nuevos esquemas de desarrollo urbano atentan contra sus derechos civiles, sociales, políticos y medioambientales.

México es claro ejemplo de subordinación e ingobernabilidad frente a los poderes económicos y financieros globales que “ocupan áreas y cumplen funciones centrales que antes realizaba el Estado”, lo que refleja la incapacidad del gobierno sobre asuntos de las metrópolis.

El académico del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco expone dos ejemplos que confirman lo anterior: la Autopista Urbana Oriente y El Tren Interurbano México-Toluca, en los que se observa claramente una alianza entre las empresas constructoras y los gobiernos federal y local para la producción de la ciudad, excluyendo a la ciudadanía.

Este tipo de proyectos se llevan a cabo al margen del sistema de planeación vigente, lo que ocasiona cambios en el uso del suelo “de rural a urbano, de habitacional a comercial y de servicios”, y confirma que están asociados a una “rentabilidad económica” más que a un beneficio social.

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores aclara que la Autopista Urbana Oriente es un proyecto que diversos activistas, especialistas, académicos y vecinos afectados han rechazado por sus implicaciones ambientales, sociales y culturales, pues promueve la urbanización en Xochimilco, reserva de agua y último pulmón del sur de la Ciudad de México.

En tanto el Tren Interurbano México-Toluca es una obra que ha generado inconformidad por parte de vecinos de más de 30 colonias de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Sus protestas radican en la falta de planeación, pues se planteó que la construcción pasara por la avenida Vasco de Quiroga, vialidad que presentaría limitaciones de espacio pues tendría doble tránsito vehicular y provocaría más caos vial.

Además argumentan que pone en riesgo el patrimonio histórico del pueblo de Santa Fe, que quedaría sepultado por la construcción del tramo elevado. Expertos ambientalistas consideran que la obra provocará problemas como mayor contaminación, erosión, deforestación y ruido, entre otros, así como afectaciones por la colocación de 88 estructuras para soporte sobre el río Tacubaya y mantos acuíferos de Santa Fe.

Como resultado de las protestas el proyecto de la Autopista Urbana Oriente se encuentra detenido hasta que la Secretaría del Medio Ambiente otorgue el permiso bajo las recomendaciones de la Comisión de los Derechos humanos de la Ciudad de México.

Con respecto al Tren Interurbano México-Toluca, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Obras y Servicios de la Ciudad de México acordaron cancelar la construcción del tramo que pasaría por la avenida Vasco de Quiroga y cambiarlo a terrenos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, concluye el académico.