Por: Redacción/

Las megaobras que desarrolla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sustentan en el uso de energías fósiles, lo cual contradice la necesidad de transitar hacia las renovables, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las mil 600 acciones oficiales de infraestructura son de dimensiones distintas, pero tan sólo los proyectos de fracking han recibido una inversión superior a 10 mil millones de pesos, a pesar de declaraciones previas de que no se llevaría a cabo este tipo de explotación.

En 2019 únicamente se destinó 0.3 por ciento del presupuesto federal a la protección medioambiental, afirmó en el Seminario Web 2 ¿Qué tipo de desarrollo queremos para México?, organizado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung.

El enfoque operativo de la administración está orientado a crear condiciones para forjar un polo económico que beneficie a la industria con combustibles fósiles, en particular a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras empresas privadas domésticas y transnacionales.

Las obras insignia –Tren Maya, Corredor Transístmico de Tehuantepec, Aeropuerto de Santa Lucía y Refinería Dos Bocas– avanzan, a pesar de los daños severos que ocasionarán a los ecosistemas naturales y de que las comunidades afectadas no fueron consultadas de manera apropiada.

La primera considera un presupuesto de 144 mil millones de pesos; la terminal aérea 202 mil millones de pesos; la instalación del sector energético 154 mil millones de pesos y el Corredor ocho mil millones de pesos, aunque es muy probable que los montos se incrementen, indicó la investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM.

Si bien la gestión de López Obrador ha significado un giro en la visión economicista, pues prevé favorecer a la población más vulnerable algunos especialistas han señalado que los programas sociales carecen de una metodología efectiva de aplicación, por lo que los beneficios serían marginales.

Los proyectos con gran impacto social son necesarios para el desarrollo regional, pero deben respetar la ecología y la autonomía de las comunidades, además de implicar un análisis interdisciplinario, ya que los de índole extractiva –que cobraron auge en sexenios pasados, con capital público y privado– se enmarcaron en tratados de libre comercio que enfatizaban materias primas estratégicas: minerales, hidrocarburos y agua, puntulizó la presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.

En la ponencia Megaproyectos en México, ¿discurso contradictorio? citó la cancelada Refinería Bicentenario, así como la Autopista del Sol, la Estela de Luz, la presa El Zapotillo y la nueva sede del Senado de la República, todas con sobrecostos de mil 751 por ciento, 275 por ciento, 190 por ciento, 160 por ciento 115 por ciento, respectivamente.

Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, e Isabel Clavijo Flores, socióloga del Proyecto PODER, coincidieron en la necesidad de evitar la depredación que ocasionan las empresas mineras en el país, vulnerando el derecho a la libre autodeterminación de los pobladores sobre su territorio.

“Sin el consentimiento de los habitantes, las corporaciones se instalan y dañan el entorno, mientras los representantes sociales que defienden los recursos naturales son encarcelados y asesinados”.

La diputada Beatriz Silvia Robles, integrante del grupo parlamentario de Morena, explicó que el gobierno no ha otorgado una sola concesión minera, a diferencia del pasado, cuando hubo permisos hasta por 40 años.