Por: Redacción

Funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconocieron ante diputados que hay preocupación por los contratos públicos que no están sujetos al marco legal, como los que ampara el artículo primero normatividad, los de Asociaciones Público-Privadas, de mecanismos de financiamiento alternativos y del régimen de Empresas Productivas del Estado.

Argumentaron que estas figuras han llegado a ser “verdaderos mecanismos de simulación y operaciones que se traducen en defraudación de recursos del erario público”. Hay escasa claridad en el monto de inversión de los activos, el costo de financiamiento y los márgenes de utilidad para los participantes e, incluso, presentan secreto fiduciario, que en ocasiones limita su proceso de transparencia y revisión.

En la reunión, los diputados de la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares, externaron sus inquietudes sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht, los contratos con las Asociaciones Público-Privadas y el caso de la compañía española OHL.

El presidente de esta instancia, diputado Waldo Fernández González (PRD), sostuvo que en el país se han buscado estrategias para fomentar el desarrollo de la infraestructura, a través de novedosas formas de contratar este tipo de proyectos, como el de Asociaciones Público-Privadas; de ahí que es fundamental conocer los resultados obtenidos.

Preguntó si se ha beneficiado a un grupo de empresas, en particular con la asignación de grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de OHL. “Necesitamos conocer qué se está auditando y qué pasa con la obra concesionada en el segundo piso de la autopista México-Puebla”.

El diputado Pablo Basáñez García (PRI) indicó que este diálogo busca ir a fondo de cualquier acto de corrupción, regidos por los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Aclaró que esta comisión coadyuvará con los esfuerzos de revisar la legalidad y el cumplimiento de los contratos de obras y de servicios otorgados por particulares a organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Cuestionó sobre los organismos que se han detectado y que han incurrido en este tipo de anomalías y que han tenido inobservancia en la transparencia y rendición de cuentas; qué acciones se han tomado al respecto; qué procedimientos administrativos resarcitorios o penales se han podido desarrollar al respecto. Afirmó que se le ha dado seguimiento a la empresa Odebrecht con Pemex y “hemos visto que el gobierno ha sido transparente en los procesos de negociación”.

Lorena del Carmen Alfaro García, diputado del PAN, externó su preocupación sobre los resultados de la auditoría 2015, en lo correspondiente a Pemex y la adquisición de tres aeronaves, las cuales fueron usadas “no necesariamente para traslados a las instalaciones petroleras, sino personales del ex director Emilio Lozoya, a lugares turísticos, los cuales reportaron un gasto de 64 millones de pesos”.

Cuestionó qué seguimiento se ha hecho por parte de la Auditoría al respecto y si ya se presentaron las denuncias correspondientes. También, sobre las donaciones que recibe el sindicato de Pemex, a qué montos ascienden anualmente, si tienen alguna justificación para ser otorgadas y si la demostración que entregan de estas donaciones es comprobación válida y no simplemente recibos simples.

Por Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales calificó como preocupante los resultados de las Asociaciones Público-Privadas. “Tenemos que trabajar en una legislación, porque vemos que son utilizados estos mecanismos para eludir controles sobre el gasto y trasladar la inversión pública fuera del presupuesto, y más cuándo no sabemos cuántas hay ni las tenemos registradas”.

Inquirió sobre la investigación del caso Odebrecht, ya que operó de una manera fraudulenta y, presuntamente, sobornando a funcionarios mexicanos. Hizo votos por conocer el estado de las observaciones y de las auditorías realizadas, y preguntó cuál es el seguimiento que se le ha dado a la denuncia penal y su coadyuvancia con la Procuraduría, y cuál es el plan por parte de la ASF para atender este caso.

El diputado de Nueva Alianza, Jesús Rafael Méndez Salas, asumió su compromiso con la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues las últimas reformas le han proporcionado a la ASF mayores atribuciones e instrumentos, con el objetivo de mejorar el proceso de fiscalización superior y así tener un órgano más eficiente, autónomo y moderno.

Se pronunció por conocer el gasto de infraestructura y obra pública y su riesgo de impacto económico, principalmente en lo que concierne a la educación básica, en donde se determina que existe deterioro e insuficiencia de infraestructura física y equipamiento de las escuelas públicas, así como deficiencias en la planeación, contratación y ejecución de los trabajaos, así como modificaciones al proyecto original, ocasionando limitaciones en el control y supervisión del proyectos.

En su intervención, Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, comentó que con el reciente esquema de Empresas Productivas del Estado, se coincide con la necesidad de otorgar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un tratamiento diferencial que les permita entrar con ventajas a un mercado de libre competencia y, en consecuencia, puedan optar por contrataciones de mayor flexibilidad y acordes con los esquemas del sector privado.

Sin embargo, aun sin plantear problemas específicos en esta materia, se debe precisar que “este tratamiento aún se encuentra en proceso de maduración. Estaremos atentos para buscar su reforzamiento, sin detrimento de las ventajas que se pretenden alcanzar bajo dicho esquema”, agregó.

Pérez Saavedra precisó que si bien se han tenido intervenciones en diversas empresas de contratación pública, el proceso que se realiza en la ASF “de ninguna manera podría conducir a la detección de los pagos irregulares; nosotros averiguamos lo que está en las empresas fiscalizadas, lo que significa que revisamos la contracción y ejecución de obras a través de Pemex que en este caso fue con Odebrecht. No existe forma de poder detectar si hubo un pago por fuera, no tenemos elementos para hacerlo; al menos que haya una denuncia”.

Además, aclaró que se han revisado algunos contratos de las ampliaciones de refinerías con Odebrecht, las de Etileno 21 y Los Ramones, pero éstas “no se han analizado, dado que la primera es inversión privada; sí tiene un nexo con el gobierno federal, el cual no es el contrato de construcción e infraestructura, sino el suministro que necesita para su operación a largo plazo; no obstante, se tiene contemplada la auditoria de esta contratación”.

En el caso de Los Ramones, explicó que se trata de una contratación que se dio a través de una exempresa filial de Pemex. “Fue vendida y esto ha cerrado las posibilidades de que haya una fiscalización de las operaciones previas. Agregó que lo que se tiene que hacer, para fines de la Cuenta Pública 2016, es la revisión de la enajenación de las partes sociales que tenía Pemex en esta empresa que vendió.

Aseguró que respecto a la utilización del equipo aéreo, por parte de la administración de Pemex, esto no tiene que ver con el proceso de inversión en infraestructura, por lo que “evidentemente no podemos presentar, y no hay de hecho denuncias contempladas ni tampoco el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Lo que nosotros estamos haciendo es señalar las observaciones que detectamos y que constituyen, seguramente, faltas administrativas”.

Sobre las donaciones al Sindicato de Pemex, subrayó que no hay ninguna revisión específica sobre estas partidas, “sí hemos revisado en otros años, pero los pagos al Sindicato pueden ser, en algunos casos, donaciones y en otros casos el cumplimiento de las obligaciones del contrato colectivo del trabajo”.

Reconoció que existe un problema de falta de infraestructura en educación básica y los programas se han centralizado en cuatro tipos de obras sencillas. Sin embargo, ante la dispersión de 200 mil escuelas, “es muy difícil su comprobación, a no ser por el mecanismos de contraloría social, como son la falta de baños, agua potable, bebederos de agua, techos y pisos”.

Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, precisó que desde 2009 la ASF ha emprendido revisiones a Odebrecht, sin que supiéramos de sus nexos, como el de Minatitlán. Para 2015, se revisaron dos contratos, uno en Tula y otro en Salamanca, y en esta Cuenta Pública otra vez se están indagando. “Si estamos revisándolos, pues son de los que tenemos conocimiento: cinco de refinación, con sus convenios y adiciones”.

Sobre los contratos de Asociaciones Público-Privadas, detalló que se revisaron dos en la Cuenta Pública 2014 y 2015, en donde “consideramos que todos los riesgos se los dan a la empresa que contrata y se van al monto del proyecto; consideramos que este esquema no está considerado como una obra común y corriente, sino solo se dice cuánto costará sin saber los componentes, no se puede medir ni cuantificar. Estas son un claro caso de falta de transparencia”.

Respecto a OHL, subrayó que se han revisado seis auditorías y algunas son para este año; no obstante, aclaró, existen obras que no se pueden revisar por la falta de recursos federales.