Por: Redacción

El pasado 15 de septiembre, en el marco de la Quinta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), fue adoptado el Informe de México en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, durante la Vigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos.

Lo anterior, luego del análisis de la información que fue suministrada por el Estado mexicano, y la recabada directamente durante la visita in situ practicada del 5 al 7 de abril de este año por el Subgrupo de Análisis de México, integrado por los expertos de Brasil y Haití, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Mecanismo; en la cual se entrevistaron autoridades de los tres Poderes de la Unión, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

En este contexto, Teresa Gómez del Campo Gurza, Titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de Experta Titular de México ante el MESICIC, reconoció el valor del examen entre pares y reiteró el compromiso del Estado mexicano para continuar colaborando con la Organización de los Estados Americanos a favor del multilateralismo y de la observancia del Derecho internacional, buscando reforzar las estrategias nacionales para cumplir con las expectativas de las sociedades en el Hemisferio.

El Informe de México destacó los avances realizados para el cumplimiento a las disposiciones establecidas en dicho instrumento internacional, como lo es la promulgación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción en 2015 y la publicación en 2016 de la legislación secundaria, con la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

De la misma manera, el Comité de Expertos precisó aquellas áreas de oportunidad que permitirán dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, principalmente las relacionadas con el funcionamiento de dicho Sistema y la instrumentación de las leyes en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción que a su vez, buscan coadyuvar con el espíritu de la Convención.

El documento reconoció, además, las buenas prácticas sobre las que el Estado mexicano suministró información, como la Política de Integridad Institucional de la Auditoría Superior de la Federación; el Modelo de Evaluación y Adscripción del Personal Sustantivo de la Procuraduría General de la República; y el Corpus Iuris en materia de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Las disposiciones de la Convención analizadas en esta Quinta Ronda,corresponden a las instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas, y al estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Asimismo, se dio seguimiento a las recomendaciones formuladas durante la Segunda Ronda, relativas a las disposiciones sobre los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, y actos de corrupción.

En el proceso de análisis participaron las siguientes instituciones gubernamentales de los tres Poderes de la Unión: la Secretaría de la Función Pública,  la Auditoría Superior de la Federación, la H. Cámara de Diputados, el Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo. Adicionalmente, participaron representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Transparencia Mexicana, Cámara Internacional de Comercio y la Unidad Industrial Iztapalapa.