Por: Redacción

Ante la crisis ambiental que enfrenta actualmente la capital, a causa del abandono de las políticas públicas en la materia, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México anunció hoy que irá al Constituyente en busca de garantizar mayores incentivos para preservar los recursos naturales de la metrópoli.

Asimismo, expresó su respaldo al reclamo de los pueblos originarios de la delegación Tlalpan a impulsar en la Constitución de la CDMX su pleno reconocimiento y determinación, así como el pago de servicios en suelos de conservación ambiental.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada de los representantes de las nueve zonas agrarias de Tlalpan, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Ciudad, Esthela Damián Peralta, se pronunció por el pronto reconocimiento formal de los pueblos originarios con el propósito de regular la Ley y a las autoridades electas que puedan atender de manera correcta las demandas y necesidades de la población.

Dijo que las múltiples contingencias ambientales obligan a pensar en el papel fundamental que tiene el suelo de conservación en la Ciudad de México, por lo que el pago por concepto de servicios ambientales debe realizarse directamente a los ejidos y comunidades, así como aumentar el presupuesto para las obras de conservación en los bosques.

“La crisis ambiental que está viviendo hoy la Ciudad de México y la doble imposición del ‘No Circula’, pareciera que son solamente políticas emergentes frente a un problema que yo es solo de contaminación, sino de salud y medio ambiente. Este problema en la urbe tiene su origen en el abandono de políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad”, señaló Damián Peralta.

De acuerdo a la líder de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, hay un “verdadero abandono en Tlalpan porque no hay recursos económicos, para que los núcleos comuneros den el debido mantenimiento al uso y conservación del medio ambiente, desde la constitución”.

La petición busca no solo el beneficio de Tlalpan, sino de todos los núcleos ejidales que se encuentran en delegaciones como Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Este 2016 la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), “actualizó el apoyo a 520 pesos por hectárea al año”, sin embargo un estudio del Colmex, a esa evaluación de pago por servicios ambientales estima un pago de entre 5 mil 600 hasta 7 mil 800 pesos. Por lo que los comuneros solicitan reevaluar la situación de la ciudad “porque tristemente los mantos freáticos y bosques se están degradando por la polución”.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Asamblea Constituyente, Manuel Piñeiro, explicó que en la redacción de la Constitución se buscará garantizar el pago por servicios ambientales como un incentivo al cuidado del medio ambiente, con la asignación de un porcentaje sustancial para el suelo de conservación, a fin de que éste sea retribuible a los dueños y poseedores de la tierra, y que son quienes se encargan del cuidado y mantenimiento de las mismas.

“Datos del Programa General de Desarrollo indican que nuestra entidad cuenta con una extensión de 87 mil 291 hectáreas, lo cual representa un 59% de la superficie total de la ciudad, que pierde al menos una hectárea cada día a causa de la deforestación, asentamientos irregulares y la tala ilegal”, alertó Manuel Piñeiro.

A su vez, Ferrer Galván, presidente del Consejo Ciudadano, aplaudió la solicitud de los pueblos originarios de Tlalpan y se sumó al reclamo de proteger los recursos naturales de la Ciudad de México ante la crisis ambiental que actualmente enfrenta.

Los dirigentes y candidatos de movimiento naranja a la Asamblea Constituyente, así como los representantes de las zonas agrarias de Tlalpan, coincidieron en la necesidad de plasmar en la Constitución de la CMDX el derecho que tienen los capitalinos a gozar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todos, el cual se deriva de los servicios ambientales que deberán ser cubiertos económicamente, y donde el Gobierno de la Ciudad de México deberá ser el garante para la vigencia de tales prerrogativas”.