• “Incrementar los ingresos públicos debe ser para mejorar los servicios, la distribución del ingreso y la inversión estatal”, señaló José Ignacio Casar Pérez,

Por: Redacción/

Es necesario fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado para enfrentar los problemas económicos, de empobrecimiento y alta desigualdad, lo cual debe acompañarse con un discurso claro: para qué se quiere aumentar impuestos, quiénes deben pagarlos y explorar nuevos mecanismos de fiscalización pública del gasto.

Así lo afirmó el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, José Ignacio Casar Pérez, quien detalló que la necesidad de incrementar los ingresos debe perseguir la promoción del desarrollo, es decir, favorecer la condición de los servicios, mejorar la distribución del ingreso y la inversión pública con el objetivo de elevar el crecimiento.

Durante el Foro “Desigualdades y Fiscalidad”, como parte de las actividades de la 9ª Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones, CLACSO 2022, aseguró:

La cuestión fiscal no es un tema técnico sino político y moral. Es parte del arreglo básico de la sociedad sobre cuáles son las tareas que debe enfrentar colectivamente y cómo se distribuye su costo entre sus miembros.

Para el experto, es indispensable la persuasión y acción política para incrementarlos, pero esto es complicado en una época en que los partidos se guían por la opinión pública y el aumento de contribuciones no es popular.

El autor del libro “Hacia una Reforma Fiscal para el Crecimiento y la Igualdad” insistió en que se requiere crear conciencia de lo necesario que es impulsar una modificación fiscal y dotar al Estado de más recursos, así como hacer un llamado a la solidaridad para combatir pobreza y desigualdad.

Remarcó que cualquier reforma debe “pegar” a un porcentaje pequeño de causantes con los mayores ingresos. También se puede avanzar en el cobro del Impuesto sobre la Renta como progresivo, incrementar la recaudación por predial y, por ejemplo, analizar si todos los alimentos deben estar exentos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“¿Por qué no pagamos IVA sobre el salmón ahumado importado de Noruega? Lo mismo sucede con los combustibles, el impuesto a la gasolina impacta más a los cuatro deciles más altos. Si queremos eliminar el impacto de la medida en el transporte público, se puede pensar en acciones compensatorias que contengan el incremento en este servicio público”, explicó.

En tanto, Mónica Unda Gutiérrez, académica del Departamento de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Marquette, Estados Unidos, coincidió en que las contribuciones, por naturaleza, son impopulares por lo que se requiere de consensos para impulsar pactos fiscales. Su aceptabilidad política exige claridad sobre quién cargará más con uno nuevo y qué tanto de este servirá para un determinado fin.

“En la medida en que veamos que un gasto público responde a las necesidades de la ciudadanía, que es eficiente o con menor corrupción podríamos ir convenciendo al contribuyente de que le conviene (pagar más impuestos)”, dijo.

Para México esto es importante porque el sistema tributario enfrenta diversos problemas: tiene haciendas pobres, pues se recauda el equivale al 13 por ciento del producto interno bruto (PIB) y sólo el 10 por ciento de los ingresos estatales son propios. Además, hay evasión, amparos fiscales y baja progresividad.

Por ejemplo, en 2016 se estimó que la evasión total fue equivalente al 2.6 por ciento del PIB, de acuerdo con un estudio encargado por el Sistema de Administración Tributaria.

De naturaleza política

Mariel Miranda Miranda y Santiago Martínez Hernández, investigadores del Programa de Democracia, Anticorrupción y Desigualdades, de la asociación civil Transparencia Mexicana, expusieron que el combate a la corrupción es una manera de luchar contra las desigualdades en el país. De acuerdo con el INEGI, en 2021 este fenómeno costó aproximadamente nueve mil millones de pesos.

Dijeron que de acuerdo con Oxfam, 70 por ciento de la población considera que es legítimo no pagar impuestos si el gobierno es corrupto. Además, el Latinobarómetro 2021 reveló que 26 por ciento de encuestados en América Latina y el Caribe se las arreglaron para no hacerlo; las tres razones son: su insatisfacción con la democracia, desconfianza en las instituciones e inconformidad con los servicios públicos.

Los investigadores aseguraron que otro motivo por el cual tampoco se recaudan más es porque el Estado está capturado por actores con intereses que impiden lograr los acuerdos para reducir las desigualdades. Ejemplificaron casos de Estados Unidos y Chile en la que legisladores han detenido iniciativas para regular industrias o normar el uso de bienes como el agua, en los cuales tienen conflicto de interés.

En México, aunque los empleados de gobierno tienen la obligación de hacer públicos sus intereses, se ha detectado que 90 por ciento los oculta, 54 por ciento no presenta este tipo de declaración y 33 por ciento dice que carece de ellos. Además, los congresos censuran este tipo de manifestaciones.

Marcio Pochmann, académico del Instituto de Economía, de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, refirió que la generación de nuevos impuestos no es un problema técnico sino de naturaleza política, pues se requiere construir acuerdos para lograr mayor tributación entre los más ricos.

Expuso que en ese país latinoamericano, por ejemplo, la población cuyos ingresos son de hasta dos salarios mínimos destina 40 por ciento –a través de los precios– a pagar contribuciones, mientras que quienes perciben cinco salarios aportan el 16 por ciento.

A ello se debe agregar que en la actual convergencia política se percibe al Estado no como parte de la solución, sino como el problema central y pareciera que mientras más se retraiga, es mejor. El experto también señaló que hasta ahora las mayorías políticas han servido más para proteger a los ricos que a los pobres.