Por: Redacción/

En el marco del debate sobre la Ley General de Propaganda Gubernamental, los diputados del Partido Acción Nacional demandamos la aprobación de sanciones a la publicidad disfrazada y al sobreejercicio del gasto gubernamental, buscamos la máxima transparencia y que los ciudadanos conozcan a dónde se destinan sus impuestos, afirmó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza.

Lo anterior en respuesta al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se busca garantizar que el ejercicio del gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mediante la regulación a los sujetos obligados a través de cualquier medio de comunicación y en vía pública.

Cortés Mendoza señaló que no se trata de cumplir con la responsabilidad de legislar con lo mínimo, pues es una demanda largamente expuesta por la sociedad civil para que la Secretaría de Gobernación deje de ser el eje rector en materia de gasto de publicidad, pues de no hacerlo sería una vuelta al pasado y no abona a la democracia.

“Los diputados panistas estamos listos para debatir con absoluta responsabilidad este tema, para cumplir el mandato constitucional y en tiempo la sentencia de la Corte”, añadió.

Aseguró que en la discusión del tema en la Comisión de Gobernación y ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la bancada panista expresará su convicción que el gasto de Comunicación Social de las entidades públicas se presta a acciones dudosas y al uso faccioso de la autoridad, por ello, en la iniciativa que presentará, se propone crear el Consejo Nacional de Propaganda Gubernamental y la Comisión Nacional Reguladora de Propaganda Gubernamental

En la misma iniciativa se establece que la publicidad gubernamental debe concentrarse en aspectos como la prevención de la salud, la promoción turística y otros temas de relevancia para tener informada a la sociedad.

Además, advierte que con esta nueva ley se tendrá que incluir con claridad el sujeto obligado que emite el promocional y éste tampoco podrá contratar a título oneroso o gratuito, publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas a servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.

La propuesta panista establece también que los sujetos obligados deberán generar y publicar en forma completa, y actualizada en su portal de Internet el monto presupuestal total y desglosado por mes, que se destine al rubro de comunicación en todas sus formas; el Programa Anual de Comunicación registrado ante el Comité; los contratos celebrados al momento; los pagos realizados; el número de anuncios publicados o transmitidos, así como su extensión en palabras o tiempo de exposición.

La Auditoría Superior de la Federación contará con un Auditor Especial al frente de la Unidad Especializada en materia de Propaganda Gubernamental y será competente para auditar tanto el ejercicio programático presupuestal, como financiero, de legalidad y de desempeño, del ejercicio de los apartados de propaganda gubernamental.

En relación con el gasto anual en propaganda gubernamental, éste no deberá exceder del 0.15 por ciento del gasto corriente aprobado en el presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente a la Administración Pública y, en particular, a cada ejecutor de gasto, tanto de la Federación como en las entidades federativas.

El servidor público que incurra en exceso de gasto en esta materia, será responsable de desvío de recursos públicos y sancionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con independencia de la responsabilidad penal que corresponda.

Lo anterior no exime la aplicación de sanciones que correspondan a la legislación penal, en materia de telecomunicaciones, así como de la responsabilidad civil que resulte en cada caso y de las sanciones administrativas a que se haga acreedor el responsable.

“Definitivamente no se justifica entregar en tiempo y forma esta legislación, sino terminar con el ostentoso y abusivo gasto del actual gobierno por el que también ha recibido las peores calificaciones de la sociedad en la historia del México moderno; el ejercicio de los asuntos públicos no debe servir de pretexto o de argumento para quienes afirman de manera temeraria que el gasto en publicidad del gobierno no incide en la psique del ciudadano”, finalizó