Por: Redacción

La Comisión de Ganadería se declaró en sesión permanente para analizar su opinión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente al Sector Pecuario.

Su presidente, el diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), expresó que se debe conseguir un incremento al presupuesto del sector, para apoyar su desarrollo o pugnar por que se mantengan los montos aprobados para los diferentes programas en el 2016.

Consideró necesario atender los requerimientos económicos de la actividad pecuaria y establecer medidas que ayuden a ejercer una ganadería sustentable; destacó que este sector impacta favorablemente áreas como la laboral y la alimentaria, no sólo en México sino a nivel mundial.

En este sentido, especificó que el sector ganadero genera empleo para el 20 por ciento de la población mundial; proporciona subsistencia para 987 millones de personas de escasos recursos en el orbe; ocupa el 70 por ciento de la producción agrícola, y suministra un tercio del consumo de proteínas en el planeta.

Enseguida, Cházaro Montalvo se refirió en específico a la crisis de comercialización de los productores de leche en nuestro país. Se manifestó por implementar un programa de compra de Liconsa para que adquiera la mayor parte del lácteo en estados como Jalisco y Aguascalientes, que son altamente productores”.

Sobre este tema, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) dijo que la Comisión de Ganadería también se debe ocupar de la situación por la que atraviesa este gremio de productores, así como intervenir ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que los productores obtengan mayores beneficios.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz (PAN) comentó respecto a Liconsa que se debe buscar un padrón para que sean los pequeños productores los comercializadores y que “no se beneficie a grandes empresas”.

Planteó que los productores en general, y los del ramo ganadero en particular, se integren a las cadenas de valor y esquemas de comercialización que contribuyan al desarrollo general del campo.

Acerca del dinero público para este rubro, Salas Díaz argumentó que “no ve claro cuál es el sentido del presupuesto, debido a que no se está incentivando el crecimiento ni la comercialización del productor, a fin de que el campo mexicano salga adelante”.

En su oportunidad, el legislador Héctor Peralta Grappin (PRD) manifestó que se debe realizar un análisis de lo que pasó con el presupuesto 2016, hacer una crítica de lo que no se cumplió y dar un seguimiento mensual a los montos asignados.

Recalcó que “por decencia” no se le debería quitar al campo lo que se le asignó, y agregó que “si se realizan cambios, se hagan dentro de los mismos programas para fortalecerlos, pero que no hayan más recortes en perjuicio de la ganadería.

Peralta Grappin aseguró que busca presentar una iniciativa en la cual se establezca que “lo que se defina hacia el campo no se pueda mover”.

Durante la reunión de trabajo, el diputado Elio Bocanegra Ruíz (PRD) indicó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) abrió nuevos programas los cuales representan requerimientos por un total de 2 mil 680 millones de pesos, y se estima que a cada uno de ellos se otorgarán 759 millones.

El diputado David Mercado Ruiz (PRI) señaló que la comisión está obligada a luchar por el sector ganadero y para que no se reduzca el presupuesto para los programas establecidos, dándole prioridad a los pequeños productores.

Organizan foro sobre sector pecuario y seguridad alimentaria

Previamente, la Comisión de Ganadería y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), realizaron el foro “Lo pecuario y la seguridad alimentarias para el desarrollo rural sustentable”, a fin de identificar medidas que ayuden a alcanzar una ganadería sustentable.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (PRI) comentó que el CEDRSSA tiene la visión de definir políticas y programas generales para el sector rural, y proponer normas y directrices que regulen con eficacia y eficiencia las actividades a realizar.

Expresó que las políticas públicas deben centrar sus objetivos en el desarrollo del campo mexicano con una perspectiva de sustentabilidad y soberanía alimentaria que propicien el bienestar de las familias del medio rural y de este país.

El director general del CEDRSSA, Héctor Hugo Olivares Ventura, dijo que se busca analizar, debatir y acordar con los legisladores, propuestas al desarrollo económico social en las unidades productivas.

Expuso que en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se generan empleos, bienestar social y económico para los productores, y se implementa el desarrollo ganadero a nivel regional.

El presidente de la Asociación de Criadores de Ganado, Antonio Manuel García González, mencionó que el sector pecuario es el principal generador de empleos. En México hay 196 mil hectáreas, donde 61 por ciento son terrenos dedicados principalmente a la ganadería; 16 por ciento al agrícola, y el resto está dividido en otros sectores productivos.

El investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UNAM, Eduardo González Valenzuela, señaló que “no se debe pedir más de lo que puede ofrecer la tierra”, pues si se explota en exceso ese recurso, se corre el riesgo de disminuir la producción del sector ganadero y, como consecuencia, aumentar la pobreza aumentaría.

El profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, Antonio Hernández Beltrán, propuso hacer políticas públicas que estimulen a los productores de ganado a reducir los gases de efecto invernadero, mediante potreros más pequeños, cercos eléctricos, menor uso de combustibles, aumentar materia orgánica en el suelo y hacer composteo.

También planteó crear incentivos para que los productores conserven algunas razas que se están perdiendo y ese material genético no se erosione; armonizar la ley y generar políticas gubernamentales bajo el esquema de desarrollo sustentable, así como tener una legislación relativa a la salud humana, animal y ambiental que genere un mecanismo de intervención pública bajo el concepto de una sola salud.