Por: Redacción

En México, existen más de ocho mil indígenas presos y en el 80 por ciento de los casos se violó el debido proceso. La mayor parte de estos casos corresponde al fuero federal, y se encuentran en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, denunció la diputada Natalia Karina Barón Ortiz (PRD).

La mayoría de los procedimientos están plagados de irregularidades, no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el Ministerio Público y los jueces suelen desdeñar sus casos. Además, se argumenta que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia no tienen presupuesto para dicho objetivo, explicó.

Por ello, propuso garantizar la asistencia de traductores de lenguas indígenas en procesos judiciales, ya que tienen el derecho a ser asistidos, dado que las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil.

Aseguró que a pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado en esta materia, “no se ha logrado que los mismos se apliquen en la práctica, por lo que la violación de los derechos procesales de los indígenas son una constante en el sistema judicial”.

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social relató que a principios de marzo, diversos medios de comunicación de Oaxaca publicaron una nota sobre la negativa de la autoridad jurisdiccional local para nombrar un traductor o intérprete a indígenas durante procesos penales, “violando así la ley”.

Su principal argumento, dijo, fue que el presupuesto destinado a la operación de tareas jurisdiccionales no es suficiente para garantizar el derecho de los indígenas involucrados en algún proceso judicial a contar con la asistencia de algún traductor o intérprete si así lo solicita, dado que su contratación durante una audiencia genera erogaciones por mil cien pesos, más viáticos para traslado, alimentos y hospedaje.

De acuerdo con datos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), tan solo en Oaxaca se necesitan anualmente alrededor de 15 millones de pesos para solventar la necesidad del uso de traductores e intérpretes, y un juicio penal contra una persona indígena desde que inicia hasta que termina, llega a alcanzar un costo de 40 mil pesos.

Barón Ortiz mencionó que el presupuesto para las labores de procuración e impartición de justicia está debidamente diseñado para solventar todas las erogaciones que resulten de su aplicación; por ende, “están mintiendo los que argumentan falta de recursos para garantizar a los indígenas un debido proceso”.

En un punto de acuerdo que analizará la Comisión de Asuntos Indígenas, solicita al Consejo de la Judicatura Federal y a la Procuraduría General de la República que garanticen el derecho de los indígenas, bajo cualquier proceso judicial, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.