Por: Redacción

El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), advirtió que más de 2 mil 600 especies de flora y fauna que se encuentran en México, están bajo alguna amenaza por la actividad del ser humano.

Indicó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), refirió que en las últimas seis décadas se han perdido 23 millones 400 mil hectáreas de selva, 12 mil 900 mil de bosques, cinco millones 800 mil de matorrales, cerca de seis millones 500 mil hectáreas de pastizal, por lo que es urgente implementar acciones legislativas que protejan los recursos naturales del país.

Al inaugurar el Foro “Hacia una Ley para la Biodiversidad”, aseguró que México es una región megadiversa en flora y fauna, pues ocupa casi el 70 por ciento de la diversidad mundial y la habitan 26 mil tipos de plantas, 282 especies de anfibios, 707 variedades de reptiles y 439 de mamíferos.

La sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, los procesos de conurbación e inclusive el tráfico de especies son las causas de esta amenaza, enfatizó.

Apuntó que especies como la tortuga caguama, guacamaya roja, ajolote, tapir y jaguar están en peligro de extinción a causa de la explotación de los recursos naturales de empresarios que despojan a las comunidades originarias.

“Este panorama nos obliga a pensar en qué podemos hacer como legisladores, sociedad civil, seres humanos que formamos parte de la naturaleza, para buscar mecanismos que nos permitan cohabitar con las especies”.

La secretaria de la Comisión de Cambio Climático, diputada María Chávez García (Morena), indicó que nuestro país es privilegiado por su biodiversidad, que es de las mayores del mundo, y va desde la amplia gama de ecosistemas hasta las distintas especies y su variedad genética.

Subrayó que todos los seres vivos deben ser respetados y protegidos, y resaltó los beneficios de la biodiversidad para el ser humano, ya que “nuestro bienestar depende en gran medida de la preservación ambiental y aprovechamiento sustentable de las especies”.

Chávez García, impulsora del foro, destacó que “en México tenemos desde bosques de alta montaña, hasta mares profundos, desiertos, arrecifes de coral y lagunas”.

Precisó que el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial, en cuanto a conservación de reptiles, con más de 804 especies descritas; tiene el tercer lugar respecto a mamíferos; la cuarta posición en vertebrados, y se encuentra entre los primeros nueve países con mayor número de insectos. Además, cuenta con gran cantidad de seres endémicos.

Manifestó su preocupación por el deterioro que hemos causado a la biósfera. Nos acercamos a un punto en el que se reducirá drásticamente la capacidad de los hábitats para regenerarse, indicó.

“Desde el Legislativo debemos contribuir con la creación de un marco jurídico que favorezca el desarrollo sustentable y cuidado de la naturaleza”, comentó.

La conservación de la diversidad, sostuvo, supone una contribución decisiva a la moderación del cambio climático y la reducción de impactos negativos. “Si bien hay avances, no han sido suficientes los resultados. La problemática ambiental es compleja y para su solución se requiere participación de distintas áreas”, dijo.

Recordó que desde la Conferencia de Estocolmo, en 1972, se insiste de manera acertada que la toma de decisiones con respecto del cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento de los recursos naturales, debe ser basada en información científica confiable y con participación de especialistas y sociedad en su conjunto.

La toma de decisiones referentes a la conservación del medio ambiente tiene que ser incluyente y recabar distintos puntos de vista, ya que todos tenemos algo que aportar, concluyó.

Octavio Klimek Alcaraz, investigador y analista ambiental, mencionó que la construcción de la Ley para la Biodiversidad debe contemplar la consulta pública sobre el tema de las vedas y el proceso del impacto ambiental.

Resaltó que la legislación debe tener muy claro cómo se integrará el Consejo Consultivo para la conservación de biodiversidad, con el fin de que sus miembros posean una reconocida trayectoria en las medidas sustentables de biodiversidad.

Aclaró a los legisladores que los investigadores no están en contra de que se tengan beneficios con los cetáceos y el turismo; sin embargo, “pedimos se prohíba su comercialización”.

Enfatizó que se tendrá que ser muy cuidadoso con la legislación en cuanto a las vedas, para que haya contrapesos y este mecanismo no se deje a discreción de una dependencia.

Jorge Escobar, representante del Colegio de Biólogos de México, consideró que a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) le falta alineación con convenios internacionales, ya que no hay congruencia con acuerdos enfocados a proteger y rescatar especies de flora y fauna.

Es conveniente, reiteró, una ley orientada a aplicar la política ambiental en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en las dimensiones de especies y ecosistemas; establecer las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en forma clara y ordenada; incorporar criterios y lineamientos que fortalezcan su función y enfoque transversal, y considerar el conocimiento tradicional para cohabitar con la naturaleza.

Finalmente, propuso fortalecer los conceptos, principios y criterios de la biodiversidad para su conservación, aprovechamiento y recuperación en la definición de la política ambiental de LGEEPA.

La investigadora de la Universidad Veracruzana, Evodia Silva Rivera, detalló debilidades de la propuesta de ley de biodiversidad. Un país cultural y biológicamente mega diverso demanda una visión sistémica; sin embargo, subrayó, la propuesta no expresa un sustento al respecto, pero sí revela un sesgo economista.

Predomina, agregó, una perspectiva utilitaria de la naturaleza y esencialmente contradictoria. “Hay que generar un marco de ley acorde con los tiempos actuales, en los que la soberanía, la preservación de los recursos vitales y los derechos humanos, sean prioridad con un énfasis en los pueblos originarios”.

La ley está obligada a reflejar, rigurosamente, la aplicación de mecanismos de consulta e inclusión de todos los actores de la sociedad involucrados directa e indirectamente en la salvaguarda del patrimonio natural de nuestro país, planteó