Por: Redacción/

Con el fin de proteger al sector social más vulnerable al abuso sexual, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, presenta una iniciativa para modificar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y el Código Penal Federal.

En dicho artículo se destacan las competencias de cada nivel de gobierno para garantizar la obtención de una educación de calidad y la igualdad en el acceso y permanencia en la misma, y el establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso; agregando cualquier forma de violencia y abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos.

Asimismo, esta reforma señala que cuando el delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público, además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión, agregando que, en el caso de profesionistas quienes se desempeñen en atención o servicio de niños, niñas y adolescentes, se les inhabilitará por tiempo indefinido para ejercer su profesión.

Esto, tomando en referencia casos como el ocurrido en el jardín de niños Marcelino Champagnat de la alcaldía Gustavo A. Madero de la ciudad de México, donde un hombre que trabajaba como administrativo abuso durante dos años de 37 menores. Y asentando que en muchos casos la sanción consiste en cambiar de adscripción al maestro, intendente o administrativo que lo cometió, permitiendo de una manera irresponsable que se siga perpetrando el delito.

Margarita Valdez explica que el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos, tocamientos; ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y/o cualquier comportamiento de tipo sexual.

Es un delito con incidencia principalmente en los espacios escolares de educación básica, así los profesores en los centros de educación o escuelas incurren en conductas que violentan sus cuerpos y su estabilidad emocional desde una posición de autoridad.

“Es un problema que hemos enfrentado por décadas, pero podría ser evitado sí las instituciones de educación son más selectivas al elegir a los candidatos para ocupar algún tipo de empleo, desde el conserje hasta los directores. Hoy es responsabilidad directa de las escuelas contratar a educadores o a cualquier otro tipo de personal conociendo de antemano su perfil psicológico”, asegura Margarita Valdez.

Cabe destacar que la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que entre enero de 2012 y el 15 de agosto de 2018 fueron presentadas un total de 637 denuncias por abuso sexual en las escuelas de la Ciudad de México.

Con base en la vulnerabilidad a la cual están expuestos niños, niñas y adolescentes, explica la senadora, es necesario cambiar las penas sobre este delito, aterrizando sobre todo en aquellos profesionistas que, desde su estructura jerárquica abusan de esta posición para cometer abuso sexual, utilizando el tiempo o la relación que comparten con los menores.

El texto vigente que contiene el Código Penal Federal contempla inhabilitar al profesionista solo por cinco años. “Considero que no es una pena suficiente ya que estos profesionistas, en el caso de los docentes con alevosía y ventaja cometen este delito. Es necesario inhabilitarlos por tiempo indefinido, para que no vulneren más a ese sector de la población”, concluyó.