Por: Redacción 

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Esponisa, encabezó la ceremonia de clausura, de los cursos de formación de operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal, además que señaló que la Ciudad de México está lista para su implementación total en junio.

El mandatario capitalino entregó reconocimientos a los nuevos elementos de la Policía de Investigación Acreditable, además dio el banderazo de salida a 44 patrullas adquiridas con recursos del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública.

Destacó que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal es un reto mayúsculo para la capital, ya que es el equivalente a la aplicación que realizarán otras 13 entidades federativas, al igual que países completos en Sudamérica y también de América Central.

“México tiene un gran reto sin duda, pero en todas las entidades estamos comprometidos para llevarlo a cabo, porque es por México por lo que lo tenemos que hacer. Es un mandato constitucional impostergable”, expresó.

Señaló que para la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal habrá una actualización al proceso de servicios periciales, un módulo de orientación y atención, “que cambiará el viejo concepto de la barandilla en el Ministerio Público del que tanto se quejan los usuarios”.

Indicó que hay un trabajo coordinado con el Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para la aplicación del sistema en delitos de querella, culposos o dolosos.

“Hoy contamos con 213 elementos de la Policía de Investigación egresados como Licenciados y Técnicos Superiores Universitarios en investigación Policial; así como 189 peritos y 344 oficiales secretarios más, todos ellos capacitados en la operación del sistema penal acusatorio”, al igual que egresaron del curso de formación 2015 un total de mil 573 elementos que a partir de hoy están en activo.

Egresaron además 97 mediadores, 89 orientadores de Unidad de Mediación, 99 auxiliares de mediador, 148 orientadores jurídicos para Módulos de Atención Oportuna, 115 asesores jurídicos de víctimas del delito, cuatro asesores jurídicos supervisores, 57 encargados de bodega de evidencia, 95 auxiliares; 56 trabajadores sociales, 51 psicólogos y 16 administradores de procesos internos.