Por: Redacción/

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, logrará este viernes que todos los tribunales locales del país se sumen a un pacto para garantizar que impulsarán y aplicarán la perspectiva de género en todos los juicios que tengan a su cargo.

Con la adhesión a este pacto de las autoridades judiciales de Guerrero, la Ministra Luna Ramos sumó a las 32 entidades federativas del país a esta causa, que busca generar políticas públicas para eliminar diferencias arbitrarias, injustas y desproporcionadas entre hombres y mujeres en los juicios, en razón de su género.

Los pactos suscritos tienen sus orígenes y fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la adhesión a pactos internacionales, en particular la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscrito el 18 de diciembre de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém Do Pará, de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmado en 1994.

A fin de aterrizar dicha obligación se suscribirá mañana en Guerrero este pacto, con lo que habrá quedado suscrito en todo el país, el cual establece los lineamientos generales para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, así como la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la aplicación de dichos lineamientos generales.

La firma del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, estará encabezada por la Ministra de la SCJN, Margarita Luna Ramos, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien luego de dos años de trabajo en este objetivo concretó la adhesión a ese pacto de 21 entidades. La última era Guerrero.

En la firma del pacto estarán presentes el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alberto López Celis, además de los juzgadores de la entidad guerrerense y otras personalidades.

En el contexto de los antecedentes del pacto suscrito ya con las diferentes entidades de la República, destaca la firma de la CEDAW, en la que quedó establecida la obligación de eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre hombres y mujeres debido a su sexo, en lo concerniente al acceso a la justicia y en los procesos y resoluciones judiciales.

A partir de ella, los tribunales quedaron comprometidos a instrumentar la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Por lo que hace a la Convención de Belém Do Pará, ésta estableció la obligatoriedad de las instituciones gubernamentales y autoridades judiciales a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el marco de esos compromisos, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) propuso, en su Quinta Asamblea General Ordinaria, del 12 de noviembre de 2010, la adopción del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, y, a partir de entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio a la tarea de buscar la adhesión al mismo.

La primera entidad en suscribir el pacto, cuyo objetivo fue la de establecer los lineamientos generales para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia y los mecanismos para su evaluación y seguimiento, fue Veracruz el 23 de marzo de 2012.

Con estas 32 firmas de adhesión, los órganos de impartición de justicia de todos los estados de la república se adhirieron al esfuerzo de garantizar la equidad de género en la administración de justicia, con el compromiso de hacer efectivo el principio de igualdad, proporcionando una impartición de justicia libre de discriminación y promover la generación de ambientes laborales libres de violencia de género.

Una vez integrados en el Pacto, los órganos impartidores de justicia se comprometieron a establecer líneas generales de acción en la materia, así como a la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación, a través de la integración de un Comité Estatal.

De acuerdo a los 32 Pactos signados, los órganos de impartición de justicia estatales se obligaron  a incorporar la perspectiva de género en los proyectos de planeación, reforma y modernización judicial y administrativa.

Asimismo a evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de todas las acciones y actividades normativas, administrativas, económicas, sociales, culturales y de esparcimiento, desarrolladas en las instalaciones de los órganos impartidores de justicia o bajo su responsabilidad o patrocinio.

A realizar diagnósticos integrales sobre la situación del personal jurisdiccional y administrativo en aspectos relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género y en los ambientes laborales.

Incorporar la perspectiva de género en los programas de formación de las escuelas judiciales, institutos o centros de capacitación continua del personal jurisdiccional y administrativo; sensibilizar y brindar herramientas al personal jurisdiccional y administrativo para atender el tema del hostigamiento laboral y sexual, con el fin de erradicar conductas que atenten contra la dignidad humana de las personas que laboran en dichas instituciones.

A revisar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género, con la finalidad de establecer políticas enfocadas a promover el ejercicio compartido de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres; crear mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso laboral y sexual, tales como protocolos especializados de atención y resolución de dichos casos. 

Finalmente, los órganos impartidores de justicia firmantes se comprometen a desarrollar políticas específicamente orientadas a luchar contra los estereotipos de género, y a utilizar un lenguaje incluyente en la normatividad interna y los documentos oficiales.