Por: Redacción/

La violencia que afecta a El Salvador –cuya raíz es la lucha y el hostigamiento entre pandillas– permea en los distintos espacios de convivencia social del país centroamericano y se ha convertido en un fenómeno sobre el cual giran las esferas política, social, cultural y económica, provocando una situación de desplazamiento forzado.

Fátima Aracely Morales López, estudiante de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), abordó el tema durante el 1er Coloquio de Investigación de la Décima Segunda Generación de ese posgrado.

El desplazamiento forzado por causa de la violencia que impera en esa nación no ha sido reconocida por el Estado, lo cual pone en riesgo a las personas que se encuentran en esa situación, pues no tienen adónde acudir o a quién solicitar ayuda, por lo que han quedado a la deriva en un contexto de violencia e incertidumbre.

La convivencia responde a la violencia que se vive, de tal forma que ésta se naturaliza en el proceso de construcción de la realidad y se convierte en parte de la cotidianeidad, por lo que también toma forma y expresión en las relaciones interpersonales generadas en la sociedad salvadoreña.

En su investigación, la estudiante hace un recorrido histórico por las últimas décadas en esa nación para explicar cómo en tiempos de paz siguen registrándose casos de desplazamiento forzado, desaparición de personas, casos de extorsión, mutilación y desmembramiento de cuerpos e incluso toques de queda en algunas zonas del país.

Esta violencia es adjudicada principalmente a las pandillas debido a su rápida proliferación y el control que ejercen en buena parte de la nación, al configurarse como una entidad paralela a la sociedad con una estructura socioeconómica que tiene sus propios códigos y normas, y que se impone como autoridad ante los individuos que residen en el territorio que reclaman como suyo.

El surgimiento de las pandillas es un hecho socio histórico, producto de la exclusión social y la violencia sistemática, de tal forma que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción institucional, entre otros, son problemas estructurales que dieron como resultado un conflicto armado en 1980 y que aún no ha sido resuelto.

Desde la guerra civil, que duró de 1980 a 1992, se dio un considerable flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos, en el que muchos jóvenes inmigrantes salvadoreños resolvieron participar en bandas debido al hostigamiento y la discriminación sufridos por otros grupos delincuenciales juveniles.

Esto provocó una reforma en materia migratoria en el vecino país que estipulaba la deportación de todos aquellos que habían cometido algún crimen, como resultado regresaron a su país muchos jóvenes pertenecientes a la MS-13 o al Barrio 18 que se encontraron con una sociedad en proceso de reconstrucción después de la guerra civil, con problemas de desempleo, pobreza e instituciones debilitadas.

Estos factores más la implementación del modelo económico neoliberal y la poca importancia que se le dio a esta problemática de las pandillas en un principio, establecieron un contexto que generó su proliferación.

El desplazamiento forzado se presenta no en un contexto de guerra, sino de violencia generalizada en el que el Estado salvadoreño se rehúsa a reconocerlo oficialmente e incluso lo invisibiliza, pues no hay una respuesta de las instituciones estatales para generar programas y políticas públicas que brinden asistencia a esta población, lo cual, en materia de derechos humanos, constituye una violación a los derechos de estas personas de recibir ayuda y protección.

Las únicas instancias que han reconocido esta problemática son la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, que es un organismo conformado por 16 estructuras educativas, de derechos humanos y religiosas, y como instancia pública, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).

El desplazamiento forzado configura un escenario de incertidumbre, en el que las personas que lo padecen no pueden regresar a sus casas, ni tampoco esperar apoyo por parte de las instituciones estatales, ya que no hay un protocolo de atención ni programas o políticas públicas que los respalden.

Actualmente, son pocas las investigaciones que se han realizado al respecto, por lo cual esta investigación de Maestría pretende abonar a la visibilización de esta problemática que el Estado salvadoreño se niega a reconocer de manera pública.