Por: Redacción

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, afirmó que hoy en día todavía hay quienes con visión miope de la realidad miran y señalan a los migrantes como el origen de muchos males, sin querer darse cuenta de que también son fuente de enriquecimiento social y cultural de cualquier nación y se alzan como factor de crecimiento económico.

Durante la inauguración del 2º Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, señaló que es necesario atender este grave problema y una muestra de cómo hacerlo lo dan las instituciones nacionales e internacionales, aquí representadas, mediante la ayuda humanitaria, la atención de quienes adquieren el estatus de refugiados y el otorgamiento de protección especial a los menores de edad, así como a las víctimas de violencia de todo tipo como la sexual, de género y la trata de personas.

Ante Enrique Gil Botero, Relator sobre los Derechos de los Migrantes e Integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; Juan Carlos Murillo González, Asesor Jurídico Regional de la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, ACNUR; Nancy Pérez García, Directora General de la Organización No Gubernamental “Sin Fronteras”, y Armando Maitret Hernández, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), sostuvo que los jueces tenemos la obligación, con respeto a lo que consagra nuestra Carga Magna y a través de la interpretación y aplicación de la ley y los tratados internacionales, de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El Ministro Presidente agregó que se cuenta ahora, como pocas veces en la historia de las naciones, con un marco jurídico nacional e internacional completo y suficiente que permite a los juzgadores realizar su tarea otorgando la mayor protección deseada.

Hizo hincapié en que se ha avanzado en la no criminalización del fenómeno, pues ningún ser humano puede ser considerado por sí mismo nunca como ilegal.

Aseveró que también está claro que en todo asunto relacionado con migrantes deberá prevalecer la presunción de inocencia, la confidencialidad, el beneficio de la duda, el que disfruten la gratuidad de los servicios, privilegiando sin condicionamiento el respeto del interior superior del menor y de la unidad familiar.

“Afortunadamente las últimas reformas a partir de 2008 y de 2011 deben cambiar el entorno en el que las personas, como nos decía la maestra, tengan que estar detenidas ante proceso judicial o durante un proceso judicial, porque esto debe ser ahora una condición excepcional que no la regla general”, dijo.

Recordó que el PJF también tiene la obligación de otorgar el servicio de la defensoría y, por lo tanto, se comprometió a impulsar un grupo especial que defienda y proteja, desde la asesoría, a las personas en estas condiciones de migración.

Asimismo, el Ministro Aguilar Morales aplaudió la iniciativa de “Sin Fronteras” para que, conjuntamente con la AMIJ, se seleccionaran y reconocieran sentencias relevantes en la materia dictadas del año 2000 a la fecha, cuya difusión es importante con la finalidad de que sean conocidas por todos operadores jurídicos a los que se les presenten casos en donde se ponga en riesgo la integridad de los derechos que el orden nacional e internacional reconoce a los migrantes, asilados y refugiados.

“Los jueces hablamos por nuestras sentencias y el conocimiento y reconocimiento de nuestro trabajo da pie a que se sigan abriendo las puertas de acceso a la justicia”, dijo.

En su participación, Enrique Gil Botero, Relator sobre los Derechos de los Migrantes e Integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apuntó que desde el año 2011 se ha venido trabajando de manera conjunta con la SCJN, ACNUR, “Sin Fronteras”, la AMIJ, y otras organizaciones de México y de la región, en una serie de acciones que han llevado a la publicación del Protocolo de Actuación en la materia, a la realización de la primera y segunda edición de este Foro, entre otras.

Expresó su deseo de que las acciones que surjan en este Foro busquen la comprensión, el manejo y la estabilización frente al reconocimiento que debe hacerse de problemas o de situaciones como la migración.

“Toda vez que desafortunadamente hay estados que no reconocen que la migración constituye una verdadera situación dramática, que se viene presentando de una manera impresionante. Hoy en el mundo hay 60 millones de migrantes, nunca ni siquiera en la segunda guerra mundial se había visto una situación así”.

Durante su intervención, Nancy Pérez García, Directora General de la Organización No Gubernamental, “Sin Fronteras”, manifestó que están convencidos de que iniciativas como el Foro y la actualización de herramientas conjuntas, como el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, son acciones que buscan incidir en proporcionar elementos normativos y jurisprudenciales a los juzgadores, con la intención de propiciar la emisión de resoluciones con una perspectiva de derechos humanos que contribuyan al pleno reconocimiento de dicha población.

Señaló que este grupo en situación de vulnerabilidad sigue enfrentando violaciones a sus derechos, “por no conocer la lengua del país, las leyes, el no contar con asistencia legal, el disponer de muy poco tiempo para dar seguimiento a sus casos, entre otros”.

Manifestó que la Asociación ha desarrollado, conjuntamente con la SCJN, un plan nacional de trabajo orientado al fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas migrantes y sujetas de protección internacional. “Anclado principalmente en procesos de formación con las de las Casas de la Cultura Jurídica, cuyo papel ha sido sustancial para consolidar diversas acciones con la Corte”.

En su momento, Juan Carlos Murillo González, Asesor Jurídico Regional de la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, ACNUR, dijo que espera que este Foro genere un interés aún mayor en los impartidores de justicia por la aplicación de las normas y estándares de derechos humanos y de derecho internacional de refugiados para mejorar la protección de esta población.

Apuntó que el acceso a la justicia no solo es un derecho fundamental, sino que es consustancial a un verdadero Estado de derecho.