Por: Redacción/

En el territorio de la frontera sur de México, gestionado con una perspectiva militar, se han incrementado desde hace una década las desigualdades y las violaciones de los derechos humanos, aseveró Aldo Jorge Ledón Pereyra, integrante de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

El desplazamiento de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas ha tenido como objetivo la limpieza, en particular en aquellos sitios donde serán desarrollados proyectos mineros y de energía eólica, conteniendo el flujo de personas.

La presencia de las instituciones castrenses se refuerza con “todo un andamiaje de ingeniería institucional que promueve políticas de guerra y de exclusión que favorecen un entorno de violencia e inseguridad”.

En el conversatorio Jóvenes, migrantes desaparecidos y derechos humanos en la geopolítica de Trump, realizado vía Skype en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el especialista dijo que las dinámicas migratorias se explican por un modelo neoliberal basado en un extractivismo que despoja no sólo de los recursos naturales, sino de cualquier condición social y humana.

El modelo de seguridad fronterizo implementado con recursos económicos nacionales y provenientes de Estados Unidos a partir de la iniciativa Mérida, “genera una frontera militar policiaca con un alarde de fuerza y potencia bélica” para desalentar la migración hacia Norteamérica y desmovilizar a los pueblos indígenas y comunidades de Chiapas.

Ante ese panorama adverso e intimidatorio la lucha de las organizaciones y colectivos civiles está centrada en incidir en la generación de políticas desde un enfoque de seguridad y bienestar humano integral.

Es preciso plantear un cambio de orientaciones para entender el tema no sólo como un desplazamiento, sino como “un mosaico de miradas, necesidades específicas e historia para desarrollar acciones concretas que partan desde lo humanitario hasta la teoría política de los migrantes como sujetos de construcción y cambio más allá de las fronteras”.

Al vivir en una sociedad tan desigual y con formas de violencia estructural las políticas de fronterización para el control de los desplazamientos despojan de la condición ciudadana y humana al sujeto para limitarlo a escasos derechos.

Sin una razón cualquiera puede ser cuestionado o detenido por su nacionalidad, incluso ser visto como objeto de posible detención, extorsión o desaparición, pese a que en la Constitución y la Ley ser migrante no es un delito, como sucede en las leyes de Estados Unidos.

Los centros de migración son estructurados como prisiones cuidadas y gestionadas por militares, con lo que “el discurso humano del gobierno mexicano es una farsa”, reveló el coordinador del Programa de Defensoría y Protección de Derechos de Migrantes.

México dejó de ser la puerta de entrada de Centroamérica para convertirse en la del mundo, pues cada vez se registran mayores flujos de otras regiones, principalmente de África y Asia, para quedarse en las zonas transfronterizas, huyendo de las condiciones de inseguridad y violencia de sus naciones.

La doctora Christine Kovic, profesora-investigadora de la Universidad de Houston, manifestó que las políticas en la materia impuestas en Estados Unidos son “racistas y desiguales”, lo cual genera que un gran número de personas sea víctima de violencia y muerte, además de las violaciones a sus derechos humanos”.

Los decesos en los límites de México con Texas se han incrementado en los últimos años como resultado de las leyes migratorias, al ser obligados a cruzar por áreas aisladas y terrenos peligrosos como el desierto.

De acuerdo con los números oficiales de la patrulla fronteriza –mismos que no son confiables porque muchos casos no son contabilizados, al no ser encontrados y por carecerse de estadísticas fidedignas–, los migrantes muertos ascienden a casi 17,000.

Un gran número no es identificado porque el estado de Texas no cuenta con un sistema estandarizado, recursos económicos y federales ni médico forense, aunado a que falta voluntad política y no se realizan pruebas de ADN.

La defensora de derechos humanos recordó que los fallecidos son personas sin recursos económicos que no pudieron pagar una visa, en contraste con los mexicanos que pueden invertir millones de dólares en un negocio o bienes y raíces, a los que incluso se les otorga una residencia permanente.

Kovic calificó la política migratoria de su país de cerrar la frontera como “una acción de muerte”, y se manifestó en contra de la construcción de un muro porque existe ya uno con más de mil kilómetros con tecnología sofisticada.

En la actividad moderada por el doctor Alejandro Cerda García, docente del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco, Francisco Argüelles, de Living Hope Wheelchair Association, expuso las experiencias de trabajo y de ayuda de esta agrupación texana que auxilia a personas que padecen parálisis a consecuencia de un accidente.