Por. Redacción/

Estudios recientes demuestran que las políticas implementadas en el país se asientan sobre premisas que no permiten reducir la desigualdad, afirma el doctor en Ciencias Sociales Federico Novelo Urdanivia, investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El director general fundador de la revista Planeación y Desarrollo sostiene que la austeridad, prohibición del déficit (2006) y repliegue de la inversión pública no son compensados por inversión privada, recaudación fiscal baja e injusta en su composición, por lo que los gobiernos locales son dependientes de las políticas nacionales y carecen de soberanía monetaria y fiscal, es decir, no hay Estado social sin Estado fiscal.

El sistema impositivo de una economía moderna debe cumplir, entre otras funciones, con la provisión de bienes públicos y de acumulación de capital; estabilización de las actividades mercantiles a niveles altos de utilización de los recursos disponibles mediante una política fiscal anticíclica; redistribución orientada a reducir la concentración del ingreso y de la riqueza mediante un sistema de impuestos progresivo y una estructura del gasto que atienda las necesidades de los estratos de menores ingresos.

En el artículo La penuria fiscal en México, publicado en el libro La ciudad como cultura, editado por la Unidad Xochimilco y la Secretaría de Cultura capitalina, asevera que la exigencia de recursos financieros crece a mayor ritmo que la economía debido a deseconomías del propio progreso y a cambios sociales que generan nuevas demandas: tecnología inalámbrica, control de emisiones, seguridad y monitoreo atmosférico, entre otros.

El también fundador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática añade que se deben explorar nuevas fuentes de recursos financieros, entre las que se pueden considerar la captura de valorización del suelo, la contribución por mejoras, la transferencia de derechos de desarrollo y la actualización del impuesto predial: tasas, bases y padrón.

La cuestión fiscal y presupuestal es asumida como un tema de expertos y es resuelta en el ámbito del propio sector, por lo cual la planeación urbana es ajena a todo propósito tributario y de asignación de bienes, y los ciudadanos son receptores desinformados de las políticas que el sector define, lo que limita su intervención a eventuales reclamos.

Por ello es necesario adoptar otro paradigma hacendario y presupuestario en el que planeación urbana y recursos estén estrechamente vinculados y propicien un involucramiento social a partir de información accesible, explicación de fondo, definición de prioridades, utilización transparente de los fondos e impulso de una cultura fiscal que contribuya a la gobernanza.

El enfoque de la actividad fiscal-recaudatoria de la Ciudad de México se centra en gravar las acciones de desarrollo e inversión después de que ocurren, pero descuida el comportamiento del mercado, lo que limita la progresividad y las capacidades de contribuciones locales para lograr transferencias de ingresos generados por los provenientes de la federación.

El miembro numerario de la Academia Mexicana de Economía Política señala que es necesario incorporar una visión de progresividad impositiva, revisar el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), aprovechar mejor el impuesto predial con una tasa dual para construcciones y para suelo, utilizar el método de valor residual (vinculado a la planeación), asociar estructuras de gasto con impuestos e incrementar la eficiencia administrativa.

Además de revisar el pacto fiscal para reducir la dependencia de las participaciones, compartiendo ingresos por gravámenes y reconociendo la aplicación de figuras tributarias relacionadas con el uso, el aprovechamiento y la disposición del suelo, a partir de una justa distribución de las cargas y los beneficios que genera la ciudad.

Novelo Urdanivia reconoce que es un hecho la baja capacidad tributaria y la asimetría en los ingresos que empeoran por la carencia de esfuerzos orientados a garantizar una aplicación efectiva de las facultades tributarias en el cobro o la recaudación, pues la eficacia administrativa depende más del talante de los funcionarios que de su propia naturaleza.