Por: Redacción/
Si aspiramos a vivir en un país en el que se respeten los Derechos Humanos a cabalidad, se deben construir agendas públicas que eviten que estos sean violentados, y que permitan gobernar con instituciones democráticas, honestas y transparentes, con una plena participación ciudadana, señaló el Diputado Armando López Campa, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derchos Humanos, López Campa acompañó a Laura Hernández García, Secretaria Nacional de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de Movimiento Ciudadano en la conferencia sobre la importancia del respeto a los Derechos Humanos y a la presentación de la exposición plástica “Invitación a la Fiesta” del artista oaxaqueño Juan José Zamarrón, que busca recuperar la memoria histórica de México.
Ahí el legislador afirmó que el punto de partida por parte de los tres órdenes de gobierno en todos sus niveles, es respetar, sin cortapisa, los Derechos Humanos, lo que implica su incorporación en todas las agendas públicas, para que no quede resquicio alguno que permita su violación.
Hoy, afirmó López Campa, cuando las instituciones mexicanas atraviesan por una crisis de legitimidad social, bajo un sistema político excluyente, en la que vemos a gobernantes actuar con deshonestidad, opacidad y sin ninguna ética, y que vivimos con inseguridad y violencia, es tiempo de replantearnos el país que queremos, de establecer acuerdos de gobernabilidad en beneficio de la sociedad que nos permitan transitar hacia formas de gobierno más democráticas, honestas y transparentes; con mayor gobernanza.
“Sólo así, podremos acceder a una verdadera cultura de respeto y tolerancia que México reclama, con una inaplazable y plena participación ciudadana; con un Estado que tenga pesos y contrapesos, y que actúe con transparencia, y en donde la rendición de cuentas sea el común denominador de quienes ejerzan algún cargo público”, dijo.
Por último agregó que esta conmemoración se ensombrece con la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por ser ésta ambigua, que permite la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y, aunque establece la preservación, en todo momento y sin excepción, de los Derechos Humanos y sus garantías, no especifica controles de verificación.
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