Por: Redacción

Hoy honramos la lucha en pro de los derechos humanos de millones de mujeres que han exigido el respeto de sus derechos y los de los demás. El movimiento feminista ha generado enormes transformaciones, pero debemos reconocer también que su avance ha sido lento y sumamente desigual.

Asimismo, el progreso ha traído consigo sus propios desafíos. En demasiados países asistimos ahora a un contraataque contra los derechos de la mujer, una reacción que nos perjudica a todos. Debemos permanecer en alerta –el avance de los últimos decenios es frágil y en modo alguno debería darse por sentado.

Resulta en extremo desconcertante comprobar los retrocesos recientes en las principales leyes de muchas regiones del mundo, basadas en una renovada obsesión de controlar y limitar las decisiones de la mujer sobre su cuerpo y su vida, y en la idea de que su función social debería limitarse fundamentalmente a la reproducción y la familia. Un programa de este tipo pone en peligro los progresos alcanzados anteriormente. Aunque las acometidas suelen llevarse a cabo en nombre de la tradición, a menudo son una reacción a los esfuerzos que amplios sectores de la misma sociedad realizan con miras a promover cambios.

En Burundi, existe una ley sobre la violencia contra las mujeres que, en muchos aspectos, es progresiva, en el sentido de que penaliza la violación en el matrimonio y prohíbe las prácticas nocivas. Pero, al mismo tiempo, culpabiliza a la mujer que padece la violencia de género por su “atuendo indecente” o su “conducta inmoral”. Una ley sobre el matrimonio precoz que se aprobó la semana pasada en Bangladesh es, al parecer, más laxa que la normativa a la que sustituye, ya que contiene una cláusula que permite que las muchachas menores de 18 años contraigan matrimonio en “circunstancias especiales” que no aparecen definidas en el texto de la propia ley. En la Federación de Rusia, los activistas no lograron detener la despenalización de determinadas modalidades de violencia doméstica. Los esfuerzos de dirigentes políticos y de la sociedad civil encaminados a permitir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos bajo determinadas circunstancias en El Salvador, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua se enfrentan a una enérgica resistencia y han generado contrapropuestas legislativas y políticas.

Los debates en torno a esas políticas se han caracterizado por los ataques o el desdén hacia las pruebas que demuestran las consecuencias nocivas de tales medidas sobre las vidas de las niñas y las mujeres, y sobre la sociedad en su conjunto. Como siempre, quienes pagan el precio más oneroso por esas políticas son las niñas y las mujeres que más marginación padecen.

Habida cuenta de que la mayor parte de la población joven se concentra en países en desarrollo, las medidas regresivas que niegan a las niñas y las mujeres el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva tendrán efectos devastadores: mayor mortalidad materna, más embarazos no deseados, menos muchachas que concluyan los estudios y la repercusión económica derivada de la falta de integración de las mujeres en la fuerza laboral. En resumen: una generación sin opciones y el fracaso colectivo de incumplir las promesas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

De modo que ha llegado el momento de unirnos para proteger las importantes conquistas del pasado y mantener el impulso positivo. Resulta alentador ver que las mujeres se movilizan actualmente en gran número para exigir el respeto de sus derechos. En Argentina, Uruguay, Chile, México y Perú, el movimiento “Ni Una Menos” combate el feminicidio y la violencia contra la mujer. Algunos países del continente americano siguen registrando los más altos índices de feminicidio del mundo, así como de ataques contra las mujeres lesbianas, bisexuales y, en particular, transexuales. En la India, hemos visto cómo las mujeres protestan contra la violencia sexual y se producen movimientos para reclamar su derecho al espacio público. En Polonia, miles de mujeres y hombres fueron a la huelga y se manifestaron contra un proyecto de ley que proponía penalizar el ejercicio de algunos derechos sexuales y reproductivos.

Los movimientos feministas en Arabia Saudita han pedido la abolición de la norma jurídica en virtud de la cual todas las decisiones importantes requieren la aprobación de un “tutor” masculino. En enero de 2017, hombres y mujeres del mundo entero se manifestaron en pro de la igualdad. Y apenas la semana pasada, en la Conferencia #SheDecides celebrada en Bruselas, un grupo considerable de Estados y organismos donantes se pronunció en favor de defender los derechos de las niñas y las mujeres, y asignó a esta tarea un volumen de financiación aún mayor.

Hoy, mi Oficina presenta un informe elaborado conjuntamente con la Unión Africana y ONU Mujeres, que muestra los progresos y las limitaciones en la consecución de los derechos de la mujer en África. Quiero encomiar aquí el trabajo absolutamente fundamental que realizan las activistas de los derechos humanos de las mujeres, una labor que a menudo no recibe ni la publicidad ni los recursos que necesita. Estas personas son víctimas de agresiones frecuentes, algunas mortales, debido a los esfuerzos que llevan a cabo para promover la igualdad de género. Mi Oficina ha recibido información de numerosos países acerca de amenazas, actos violentos y obstáculos jurídicos, incluso de la penalización de las tareas que estas activistas deben afrontar.

Pese a esos múltiples obstáculos, estas valientes mujeres defienden los derechos de los demás, dinamizan los movimientos desde la base social y podrían tener la mayor y más duradera repercusión sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género.
Es preciso que las apoyemos y las defendamos, porque al hacerlo estaremos defendiendo también los derechos de todos nosotros.