Por: Redacción
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, impartió la Conferencia Magistral “Hacia un balance del sistema nacional de elecciones. A dos años de la reforma 2014”, en el marco del IV Congreso Internacional: Estado, Democracia y Derechos Humanos, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP) que se realiza en la ciudad de Monterrey, del 3 al 6 de agosto del 2016.
Durante su ponencia, el Presidente del INE destacó que con el marco normativo actual en materia electoral, el cual podría ser perfectible, se pueden llevar a cabo los comicios federales de 2018 en toda la República Mexicana y locales en 29 entidades del país.
“Las normas actuales, sin cambios y con la modulación de algunos criterios del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo las que tienen que ver con la libertad de expresión en las campañas y la realización de debates, pueden sin duda ser la base jurídica para organizar las elecciones de 2018”, enfatizó.
El Consejero Presidente afirmó que existe la base normativa, la capacidad técnica, y las condiciones operativas para ir a la elección de 2018 “con la previsión de que las mismas vuelvan a ser exitosas y sirvan como momentos de estabilidad política del país”.
Aunque aclaró, el contexto será complicado, no sólo por la dimensión de la elección, sino porque los grandes problemas nacionales de inseguridad e inconformidad social siguen siendo un elemento de complejidad para las elecciones y la recreación de la democracia mexicana.
En compañía de los académicos Willibald Sonnleitner y Manuel Alcántara; Lorenzo Córdova refirió que 2018 será la elección más grande en la historia del país, año en el cual se renovarán la Presidencia, la totalidad del Congreso de la Unión y habrá elecciones locales concurrentes en 29 estados del país. “Sólo los estados de Baja California, Coahuila y Tlaxcala no tendrán elecciones locales”.
Esto representará la instalación de 154 mil casillas según cálculos preliminares, seis mil más que en 2016, con un crecimiento estimado de la Lista Nominal de Electores a 87 millones de mexicanos.
Lorenzo Córdova señaló que el sistema democrático en México ha evolucionado de manera muy significativa con la reforma electoral de 2014, a partir de la cual el INE asumió su función como institución rectora del sistema nacional de elecciones. Y su instrumentación ha sido en ocasiones a través de aproximaciones de ensayo-error.
“La autoridad electoral no puede pretender ser infalible en una primera instancia pero tampoco puede permitirse no aprender con la mayor vocación autocrítica de los errores que eventualmente se comenten en la interpretación novedosa de ciertas reglas”, agregó.
Lorenzo Córdova apuntó que si bien la fiscalización de las campañas electorales aún tiene muchos ámbitos de mejora, trajo consigo un ejercicio de transparencia inédito en cualquier democracia del mundo.
“Por primera vez una autoridad electoral, en la historia de las democracias modernas, a través del Módulo de Transparencia del Sistema Integral de Fiscalización puso, en menos de dos meses de concluidas las contiendas, a disposición de cualquier ciudadano a través de internet, los datos candidato por candidato de ingreso y gasto, no solamente lo que reportaron sino también lo que la autoridad electoral identificó que no había sido reportado por cada uno de los candidatos”, dijo.
Durante su participación en la conferencia magistral, Lorenzo Córdova abordó los propósitos que dieron origen al nuevo modelo democrático en México; los resultados y aprendizajes de las elecciones de 2015, la primera prueba del sistema nacional de elecciones; el rol del INE en las elecciones locales de 2016; y un balance del trabajo realizado por el Instituto en 2015 y 2016.
En ella mencionó que llevar a buen puerto el proceso electoral de 2015 se permitió gracias a la construcción de un nuevo orden electoral, el cual es el resultado de tres factores: la capacidad de las autoridades electorales para enfrentar exitosamente los obstáculos del entorno en el que las elecciones se llevan a cabo, la adecuada coordinación con las instancias de seguridad federales para generar las condiciones mínimas de seguridad pública para que las elecciones se lleven a cabo, y la participación de la ciudadanía.
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