• MUCD identificó, en  el 39 por ciento de las agencias, la presencia de policías preventivos que persuaden a las víctimas  a  no denunciar.

Por: Oscar Nogueda/

Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR)  y las Fiscalías locales  son las responsables del alto nivel de impunidad del país, asimismo agregó que los Gobiernos mexicanos no han emprendido cambios radicales para enfrentar esta situación.

“La impunidemia es nuestra crisis de crisis, es una de las pandemias más letales para la justicia y democracia. Vivimos en un país donde se supera el 90 por ciento de la impunidad. No podemos regresar a una normalidad donde se repita esta impunidad. Esta maquinaria de impunidad se construyó  en gobiernos atrás pero sigue subsistiendo, no ha habido cambios radicales para combatir esta maquinaria y transitar a una investigación efectiva”, señaló Lorena Delgadillo.

Graciela Rodríguez Manzo, Directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), subrayó las dudas sobre la independencia del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero,  y la falta de transparencia en la designación de los fiscales especializados en materia de derechos humanos, anticorrupción  y delitos electorales.

De acuerdo al informe del Colectivo contra la Impunidemia “Fsicalómetro”, la elección de Gertz Manero como primer Fiscal fue opaco y apresurado, ya que no hubo una condición equitativa para todos los aspirantes en la convocatoria, el Senado de la República no evaluó la independencia y experiencia del Fiscal, así como no se incluyó a la ciudadanía en el proceso de elección.

Esta situación se replicó en la elección de los fiscales especializados, es decir no hubo una convocatoria abierta, participación de la ciudadanía ni el Senado objeto dichas designaciones. Solo se reportó al Senado la designación del  fiscal anticorrupción y  de delitos electorales.

El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República  establece que “todo proceso de designación estará sujeto a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan en dichos procesos deberán hacer pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba, solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad administrativa aplicable”.

La Directora de la CMDPDH manifestó que la actual gestión de la FGR se ha caracterizado por su lejanía con la sociedad civil y con las víctimas de delitos. Asimismo, las autoridades ministeriales no incluyeron a la ciudadanía en la conformación del Plan de Persecución Penal (PPP).

Otro aspecto mencionado por la defensora fue la falta de la de atracción de la FGR en los casos que rebase la competencia de las fiscalías locales y la ausencia del Consejo Ciudadano de la FGR.

“Al Fiscal Gertz Manero y a sus funcionarios principales les incomoda el trabajo que las organizaciones civiles hacen para fortalecer a la FGR. El primer argumento que aquéllos han hecho en juicio, es que las asociaciones civiles no tienen interés legítimo para cuestionar las decisiones de la FGR”, sentenció el informe del Colectivo.

Sobre el PPP, el Fiscalómetro apuntó que sus propuestas no están sustentadas en datos reales y verificables, además el Plan considera a la LOFGR como una debilidad  y no incluye al feminicidio como uno de sus ejes principales de acción.

“Cuando en el PPP se analizan las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, el Plan considera como una debilidad a su propia ley orgánica. Nada más revelador de lo mucho que le incomoda al Fiscal General una ley orgánica que le impone límites y obligaciones”, apuntó el Fiscalómetro.

Lisa Sánchez de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) manifestó que las fiscalías fallan en el seguimiento de sus propias normativas, así como revictimizan a las personas que acuden a denunciar algún delito, específicamente a las mujeres víctimas de agresiones sexuales.

En un monitoreo de 117 agencias del Ministerio Público entre 2016 al 2019 en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Michoacán, MUCD identificó, en  el 39 por ciento de las agencias, la presencia de policías preventivos que persuaden a las víctimas  a  no denunciar.

En ese sentido, la organización reportó la realización de carpetas de investigación apócrifas por parte de policías preventivos, quienes inician las carpetas sin que el usuario tenga contacto con el agente ministerial. Adicionalmente,  MUCD subrayó la falta de médicos forenses adscritos a la agencias del Ministerio Público, por lo que los denunciantes  son canalizados a oficinas con personal.

“Los usuarios de las agencias deben relatar lo sucedido como mínimo a 4 servidores públicos distintos: el Orientador jurídico, Agente del Ministerio Público, psicólogo forense, médico forense y policía de investigación. A las víctimas de violación que acuden a denunciar, los servidores públicos les agendan una cita para el día siguiente”, indicó el informe del Colectivo.

Lisa Sánchez agregó que “Estamos hablando de los delitos no investigados, incluso cuando los delitos llegan a los oídos de la autoridad, muchas veces estos deciden a propósito no investigar. Hay muchas fiscalías que si están queriendo hacer su trabajo pero tienen una falta de recursos humanos, financieros, materiales de profesionalización. No hay una orientación hacia la formación de competencias y realzar el trabajo que los mandata la ley”.

Por su parte,  María Isabel, integrante del Colectivo Sabuesos Guerreras de Sinaloa, enfatizó que las fiscalías criminalizan a las personas desparecida al investigar la vida de la víctima para intentar detener a las familias. Además, dio  a conocer que, durante la gestión de Gertz Manero, se han cambiado  a los agentes ministeriales de las agencias, lo que afecta el progreso de las investigaciones.

“Nosotras nos hemos vuelto buscadoras, investigadoras, con el paso del tiempo, para nosotras como víctimas ha sido desgastante física, emocional y económicamente. A los MP los cambian a cada rato y por eso no avanzan, no hay investigación. No hay resultados de fiscalías, se crean más instituciones y no hay verdad”,  puntualizó Evelina Guzmán  del Colectivo Justicia y Esperanza  San Luis de la Paz de Guanajuato.

Úrsula Indacochea, integrante de la organización DPLF, externó que instancias internacionales han reiterado su preocupación por la falta de independencia de las fiscalías. Por ello, declaró que son necesarias estrategias y recursos para lograr un correcto funcionamiento de las instituciones ministeriales.

Por último, recordó que Estados Unidos ha apoyado a México con 400 millones de dólares, desde el 2008 a la fecha, para lograr una transformación en el sistema de justicia mexicano.