Redacción

La Constitución de la Ciudad de México deberá recuperar y desarrollar en amplitud los derechos de corte antidiscriminatorio que han dado un perfil específico a la agenda de la capital del país, sostuvo el doctor Jesús Rodríguez Zepeda, profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el Seminario: La UAM de cara a la Constitución de la Ciudad de México expuso que para estabilizar los derechos humanos en el tiempo y blindarlos contra posibles regresiones deberán alcanzar el estatuto de norma constitucional local, sin que dejen de ser un propósito de alcance nacional.

En ese caso están los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la reasignación sexo-genérica con costos cubiertos por la sanidad pública, las consideraciones a las personas con discapacidad, la protección de infantes contra situaciones de desamparo urbano en que viven miles de ellos y el desarrollo cultural de las comunidades indígenas asentadas en la capital.

El autor del libro ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla? señaló que tal vez el de los derechos humanos sea el tema más fácil de identificar en la agenda del constituyente, no porque sea sencillo de resolver, sino porque la ciudad de México, sin dejar de estar aquejada por múltiples vulneraciones e ilegalidades, se ha convertido en un lugar para libertades y garantías que no tienen espacio propicio en otras entidades del país.

Rodríguez Zepeda coincidió con la maestra Pilar Berrios Navarro, investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, en la necesidad de fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo dirigente deberá poner como requisito constitucional una consulta determinante con las voces de los ciudadanos, sobre todo porque “en su definición clásica el ombudsman es el defensor de las personas frente a los abusos de los gobernantes”.

La maestra Berrios Navarro indicó que los derechos humanos conforman un elemento transversal a la parte orgánica de la Constitución, por lo que es fundamental el papel de la Comisión de Derechos Humanos, pues sería la instancia natural para la supervisión y el acotamiento del poder gubernamental.

La académica propuso de manera específica ampliar las atribuciones de esa instancia en materia de programas sociales, servicios sociales, derechos de los consumidores y de los usuarios de la banca, así como incorporar mecanismos de rendición de cuentas e incentivar su capacidad de propuesta legislativa.

La figura del ombudsman es la más evidente y por ello debiera ciudadanizarse y robustecerse, puntualizó.

En su intervención el padre Miguel Concha Malo, miembro del grupo redactor, señaló que los derechos humanos deben estar en la transversalidad de la nueva Constitución y lamentó que “muchos de nuestros gobernantes no conozcan con amplitud los alcances de esos derechos”.

Sobre el tema el grupo de redactores ha acordado considerar aquellos establecidos en la Constitución general, los que garantizan los instrumentos internacionales firmados por México, así como los que ha conseguido la sociedad civil en la capital, e impera la determinación de no admitir “para nada” criterios de regresividad.