Por: Redacción

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, solicitó al titular del Ejecutivo Federal que envíe al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para su ratificación.

Durante la mesa de análisis “A dos años de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos?”, sostuvo que la Convención obligará al país a tomar medidas para proteger los derechos de las personas mayores de 60 años.

Detalló que en México, 10.4 por ciento de la población se encuentra en este rango de edad; y la ratificación de la Convención motivaría a los distintos entes gubernamentales a definir políticas públicas que protejan a quienes han llegado a esa etapa de su vida, dijo.

“Es importante que la Convención oriente la revisión legislativa, y de manera preponderante las políticas públicas”, refirió; y señaló que también es importante que éstas se enfoquen en el ámbito municipal.

La Convención reconoce que la persona, a medida que envejece, debe disfrutar una vida plena, independiente y autónoma; con salud, seguridad, integración y participación activa en los ámbitos político, económico, social y cultural, explicó.

En la exposición de ideas, los especialistas comentaron que sólo 33 por ciento de los adultos mayores tiene una pensión, y de éstas, 80 por ciento no es digna, por lo que subsisten con ayuda de los familiares; además de que el maltrato que sufren algunos, surge de la discriminación.

De ahí la importancia de implementar este instrumento internacional, que ha sido ratificado ya por Costa Rica y Uruguay; y firmado por Argentina, Chile, Bolivia y Brasil, ya que establece que garantizar el derecho de las personas mayores al cuidado, es una obligación del Estado.

En su participación, Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó que se debe fortalecer el enfoque de la población adulta mayor como grupo prioritario y reformar el marco jurídico, para dirigirlo al pleno ejercicio y garantía de sus derechos.

Refirió que la ratificación de la convención avanzaría en el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 1 de la Constitución, relativo a la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que la convención no responsabiliza a la familia por el cuidado de las personas mayores, porque es responsabilidad del Estado.

Además de que no ve a la vejez como una enfermedad, es decir, “no está geriatrizada”; la solución no es sólo del sector salud, ya que el tema del envejecimiento es tan grande, que es intersectorial, e involucra también a las instituciones en materia de desarrollo social y de acceso a la justicia.

Aída Díaz Tendero, investigadora sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, dijo que la Convención es un instrumento con preceptos garantistas y progresistas, que no tienen comparación con cualquier otro en el mundo.

Subrayó que su gran cualidad es el balance que consigue entre las dimensiones civil, política y social de la ciudadanía; “la Convención va a ser un faro, no solamente para los juzgadores, sino también para los tomadores de decisiones y los diseñadores de políticas públicas”, precisó.

A la mesa de análisis también asistieron María de los Ángeles Fuentes, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco; Fanny Sleman, investigadora cátedra Conacyt del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; José Carlos García, investigador de la Universidad Estatal del Valle de Toluca; y Adriana Luna, psicóloga experta en envejecimiento con visión de género.