Autoridades electorales se pronunciaron a favor de realizar modificaciones a la reforma político-electoral, a efecto de perfeccionarla en temas relacionados a las candidaturas independientes, financiamiento a partidos políticos, pérdida de registro, rendición de cuentas, y para agilizar los procedimientos en contra de quienes usen la violencia política en elecciones.

En el conversatorio “Experiencias y reflexiones del proceso electoral 2014-2015. Primera implementación de la Reforma Político-Electoral”, el senador Miguel Ángel Chico Herrera indicó que este tema es dinámico, ya que las circunstancias cambian y las coyunturas se dan en cada elección.

El presidente de la Comisión de Reforma del Estado dijo que es necesario analizar la implementación de la nueva legislación en esta materia, a efecto de mejorarla y perfeccionarla.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que es necesario regular de mejor manera las candidaturas independientes, “ya que llegaron para quedarse”, pues demostraron en la última elección que son un camino viable para acceder al poder político.

Sin embargo, dijo que aún hay una serie de normas que están pendientes en esta figura de representación popular, como la relación con su financiamiento y las exigencias para poder registrar a un candidato de esta índole.

Respecto del financiamiento público local de los partidos políticos, advirtió que éste tuvo un incremento de mil 500 millones de pesos, por ello, “tal vez valga la pena racionalizar los montos que se invierten en la política, porque todo esto acaba redundando en la pérdida de confianza en las instituciones y de la política”.

En el encuentro, moderado por César Astudillo, abogado general de la UNAM, Córdova dijo que no se necesita una reforma que refunde el sistema electoral, pero si una modificación a la legislación, que permita realizar ajustes a un “empaque más afinado”, encaminado al combate de los desafíos que enfrentarán las autoridades electorales.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, aseguró que la difusión de los informes de gestión no constituye una verdadera y genuina rendición de cuentas a la ciudadanía, por parte de los servidores públicos o de los grupos parlamentarios.

Destacó que si esta propaganda no informa al ciudadano sobre una gestión concreta en temas específicos, y tiene otra clase de contenidos, “no estamos ante una autentica rendición de informes”.

Expresó que es fundamental crear una Ley general en materia de enjuiciamiento electoral, que permita la suspensión temporal de la vigencia del registro de los partidos políticos en el propio proceso electoral, o con posterioridad a este, cuando este utilice o ejerza recursos de procedencia ilícita.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aseguró que el pasado proceso electoral fue complejo, pues se vivió una exigencia muy alta a las autoridades y un contexto de violencia “que no habíamos tenido”.

Dijo que el número de denuncias de violencia política en contra de mujeres se incrementó, por lo que pidió que se establezca en la legislación un tipo penal específico, que permita castigar este tipo de conductas; además, aumentaron las acciones en contra de autoridades electorales.

Refirió que hasta el momento hay un total de cuatro mil 477 expedientes derivados del proceso electoral de este año, de los cuales mil 793 son averiguaciones previas; dos mil 596 actas circunstanciadas y 88 carpetas de investigaciones.

Destacó que los delitos más denunciados son la duplicidad de identidades, domicilios irregulares, compra de votos, alteración, destrucción, uso y suministro ilegal de materiales y documentos electorales, así como el condicionamiento de programas sociales.

Asimismo, dio a conocer que se han liberado cerca de 200 órdenes de aprehensión, que están en proceso de cumplimentar en varios estados del país.

El fiscal consideró necesario hacer algunas armonizaciones y adecuaciones a los ordenamientos, pues hay un escenario de omisiones legislativas como la inexistencia de la ley de propaganda gubernamental.