Por: Redacción/

La diputada Olga Catalán Padilla presentó a la Comisión Permanente una propuesta para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de Salud (SSA), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes a que -en conjunto- desarrollen acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger, atender y sancionar de manera integral el maltrato infantil.

En su propuesta, la perredista explicó que en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, se identificó que 47.8% de niños de 12 a 17 años fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en ese año.

Además, México se ubica en el sexto lugar en América Latina en materia de maltrato infantil, al registrar un alto número de homicidios de menores, pues en los últimos 25 años fueron asesinados diariamente dos niños o adolescentes menores de 14 años.

“El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Algunas de las consecuencias derivadas del maltrato infantil se relacionan con baja autoestima, depresión, apatía, actitudes agresivas con compañeros, obesidad, embarazos no deseados, consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol y tabaco a edad temprana, retraso psicomotor e incluso infecciones de transmisión sexual o suicidio”, detalló la diputada del GPPRD.

La legisladora recordó que el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en el país, por lo que es necesario que las autoridades redoblen esfuerzos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los infantes.

Catalán Padilla también propuso otro punto de acuerdo con el objetivo de que la Permanente exhorte a la SSA y a la SEP, a ampliar y reforzar las acciones para prevenir, atender y disminuir el índice de niñas y adolescentes embarazadas.

La también secretaria de la Comisión Especial de Alerta de Género impulsa que se exhorte a la Secretaría de Salud a evaluar la pertinencia de emplear el uso de métodos anticonceptivos de largo plazo, con el fin de disminuir los embarazos en adolescentes.

Argumentó que en algunos casos, el pleno desarrollo de la adolescencia se ve interrumpido cuando la adolescente queda embarazada por iniciar su vida sexual a temprana edad, abuso, falta de educación sexual, información tergiversada sobre las relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos; falta de madurez o por la presión por parte de su grupo de amigos.

El embarazo precoz eleva el riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, desnutrición, anemia y en algunos casos la muerte materna, debido a que el cuerpo de las adolescentes no está plenamente desarrollado para el proceso de gestación y parto.

Cabe señalar que el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública, ya que afecta negativamente en la salud de las jóvenes y de sus hijos; además, es un problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento, así como económico, porque posibilita mano de obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales especializadas y de calidad, limitando el desarrollo humano sustentable.

Ante este escenario, la diputada perredista subrayó la necesidad de fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, así como reforzar la información que se les brinda a los adolescentes en cuanto a salud sexual y reproductiva.