Por: Redacción/

Las recientes reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente resultaron insuficientes para poner un alto a la comercialización de animales en tianguis, puestos semifijos, temporales y ambulantes, así como en la vía pública, problemática que se acrecienta en celebraciones como los Reyes Magos, cuando se obsequian mascotas a menores de edad o incluso otras especies silvestres.

Así lo afirmó la diputada María Chávez García, quien hizo un llamado a la sociedad en general a no adquirir animales domésticos o silvestres en esos lugares, ya que en la mayoría de los casos se encuentran en deplorables condiciones, y para que dicha comercialización se sujete a las normas oficiales mexicanas (NOM) que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

“En Morena estamos comprometidos con el trato digno y respetuoso hacia los animales, por lo cual estamos a favor de la regulación en la comercialización de éstos”, recalcó la integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

En entrevista, subrayó que la SEMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) son omisas para aplicar la ley, a pesar del elevado número de quejas y denuncias sobre la venta de animales en pésimas condiciones, lo cual atenta contra la vida digna y respetuosa que debe haber hacia la fauna.

“La vía pública no es sitio para la venta de animales, por lo cual se deben establecer prohibiciones expresas para comprobar una acción de dolo y maltrato en el comercio de fauna silvestre y animales domésticos”, puntualizó.

La legisladora federal de Morena recordó que el pasado 15 de diciembre, en la última sesión del Periodo Ordinario de la Cámara de Diputados, pidió “no meter en el mismo saco” a todas las formas de comercio de animales, porque ello se presta a malas interpretaciones sobre si en realidad se busca el trato digno a los animales o privilegiar de manera velada a un grupo de comerciantes.

Al respecto, consideró que se carece de normatividad en la materia provocada por la displicencia de las autoridades ambientales, que ya tienen las atribuciones para expedir las normas oficiales mexicanas, pero no lo han hecho”.

“No olvidemos que tan sólo dos mercados, el de Emiliano Carranza y el de Nuevo San Lázaro, ambos de la Ciudad de México, dan empleo a más de 700 unidades productivas rurales de 23 entidades, por lo que se requieren ordenamientos que titulen el bienestar animal, a la par de conservar los empleos de miles de personas”, enfatizó.