Por: Redacción/

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, llamó a las diversas fuerzas parlamentarias a respaldar la creación de la Guardia Nacional que propone el Ejecutivo federal y así atender el reclamo urgente, de garantizar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

Al inaugurar las audiencias públicas para analizar la reforma constitucional bajo el esquema de Parlamento Abierto, destacó que la conformación plena de dicha institución permitiría lo que se ha pedido desde diversos ámbitos de la sociedad: sacar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.

En otras palabras, asentó, “lejos de ser un instrumento de militarización sería un instrumento para la desmilitarización de la seguridad pública”.

El presidente del Senado expresó que “es momento de tomar decisiones” en un tema prioritario para la ciudadanía: “Al país le urge tener seguridad y tranquilidad y por lo tanto necesita un cuerpo de seguridad prestigiado y respetado, con una jerarquía reconocida, que incorporé los valores del honor, del orgullo, de pertenencia, que inspiren confianza y sensación de protección”.

Precisó que una vez articulada la Guardia Nacional, de los cerca de 300 mil elementos de las Fuerzas Armadas, sólo quedarían en labores de seguridad los cerca de 35 mil elementos de la Policía Militar y los dos mil elementos de la Policía Naval. Es decir, a penas un poco más del 10 por ciento de la fuerza del Ejército permanente.

Refirió que el artículo transitorio que propuso el Presidente de la República y que no se incorporó en la minuta de la colegisladora planeta que la Fuerza Armada Permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial.

Dicha disposición, dijo, no sólo nos parece a muchos correcta, sino necesaria y pertinente. Es un ayuda para la desmilitarización de la seguridad pública. Pero también es un elemento para seguir apoyando a muchas regiones del país que hoy en día, sin la participación de la fuerza militar, quedarían prácticamente en el abismo.

Sobre las observaciones de que la presencia de militares en tareas de seguridad pública se traduce necesariamente en violación a derechos humanos o represiones llamó a “no hacer juicios absolutos. En todo caso, lo que nos interesa es que, ya sea de parte de civiles o de militares, haya respeto a los derechos humanos”.

“De la mayoría, esperamos buenos oficios; de la oposición, disposición al acuerdo”, expresó luego de destacar que la decisión que se tome y el legado en esta materia es responsabilidad de todos, lo mismo que coadyuvar en la seguridad de los ciudadanos. “Es lo más urgente que nos está reclamado la sociedad mexicana”.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que el proyecto entraña una decisión “de proporciones históricas”. Por ello, este ejercicio de Parlamento Abierto que dará cuenta de la voluntad de las fuerzas políticas para construir los consensos y “darle al pueblo de México las instituciones” que le permitan enfrentar los retos en materia de seguridad.

La legisladora del PRI dijo que entre otros puntos de coincidencia con los grupos parlamentarios está la necesidad combatir la violencia que aqueja algunas regiones del país, en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.

Además, dijo, existe consenso en reconocer la labor de las Fuerzas Armadas en tareas complementarias, auxiliando a las instituciones civiles de seguridad, así como en la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las policías civiles, “que deben ser más fuertes, profesionales y con capacidades crecientes”.

Por su parte, la senadora Sylvana Beltrones, del PRI, dijo que no sólo se trata de una reforma legal, sino de un nuevo arreglo social que podría determinar el futuro de las siguientes generaciones. Sería desafortunado que, a raíz de una solución temporal, derivada de una situación de emergencia, consolidáramos un arreglo permanente que desnaturalice instituciones, cuyo carácter fue construido a la luz de un Estado democrático de derecho, advirtió.

No obstante, reconoció la grave situación de inseguridad y la labor de las Fuerzas Armadas en momentos complejos para México, por lo que “tenemos la obligación de construir el camino institucional que permita, de forma definitiva, que las Fuerzas Armadas velen por la defensa nacional y que las policías, en todos los órdenes de gobierno, realicen su labor constitucional” de seguridad pública.

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Macera aseguró que su bancada contribuirá a participar en la creación de la Guardia Nacional, con el objetivo de que pueda cumplir con todos los ordenamientos convencionales y constitucionales a los que está obligado el país.

Dijo que buscará no se vulnere el Pacto Federal y se dé su lugar a los gobiernos locales, además, evitar que se centralice el control de la seguridad pública del país. Plantearemos, agregó, un régimen de transición que establezca la temporalidad para el retiro de las Fuerzas Armadas.

En el mismo sentido, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, expresó el apoyo de su grupo parlamentario al Presidente de la República para crear la Guardia Nacional. Pero una que garantice los derechos humanos y con respeto a la Constitución.

En Acción Nacional no tenemos una postura en contra de una Guardia Nacional. No obstante, existe temor, debido a que, si no se respeta la convencionalidad, en un momento dado, pueda ser cuestionada en los tribunales internacionales. Nos preocupan los derechos humanos, expresó.

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseguró que el futuro del país dependerá de cómo se resuelva el dilema de seguridad. Se necesita construir un pacto de Estado donde todas las fuerzas tengan voluntad de construir, así como buscar la fórmula en el marco de respeto de derechos humanos, ante los abusos que han sufrido las víctimas, agregó.

La militarización del país no es la vía. Necesitamos una guardia civil fuerte, capaz, científica técnica y poderosa. “Estaremos en todo el empeño de trabajar lo necesario para lograr pronto un acuerdo en esa dimensión”, subrayó. También celebró el ejercicio de Parlamento Abierto, de este proceso de apertura democrático, voluntad de mayoría y de la oposición.

Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, también reconoció la disposición de las fuerzas políticas para el ejercicio de Parlamento Abierto. El parlamento, añadió, debe ser capaz de escuchar, corregir, e incluir la voz de los ciudadanos en sus decisiones. Recalcó que su Grupo Parlamentario hace votos para que el Senado no incurra en simulación.

Señaló que la minuta enviada por la Cámara de Diputados no contempla que el mando de una instancia de seguridad pública en México debe ser civil y tampoco atiende el fortalecimiento de la policía. Restituir las funciones constitucionales sustantivas a las fuerzas armadas, es la apuesta, dijo. El senador agregó que se busca incorporar el tema de federalismo y del fortalecimiento al sistema nacional de seguridad pública, así como conocer a detalle la implementación de la reforma, es decir, la legislación secundaria.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, resaltó que se pasa de un parlamento cerrado a un Parlamento Abierto, con el que se combate el secretismo y se rompen los muros entre el poder público y los ciudadanos.

Indicó que el nuevo gobierno busca construir una nueva figura jurídica acompañada de quienes conocen los problemas y necesidades de la gente en materia de seguridad, afirmó, y explicó que estos foros dan la oportunidad de escuchar a todos: académicos, organizaciones sociales, colectivos. Es un acto que marcará un precedente, al ser la primera vez que se trabaja en Parlamento Abierto en materia de reforma constitucional.