Por: Redacción
El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, participó en días pasados en el “Foro Derechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia; Mecanismos para Garantizarlos”,organizado por el Senado de la República
Ante los altos índices de inobservancia materna o paterna en el pago de pensiones alimenticias proporcionales y suficientes para mantener el estándar de vida de sus hijas e hijos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convocó al Estado y a la sociedad civil a trabajar articuladamente para alcanzar la satisfacción de los derechos alimentarios y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia.
Para la CNDH es determinante tomar medidas encaminadas a prevenir las transgresiones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, repensar e innovar las vías legales y las normas procesales para exigir la satisfacción del derecho a alimentos. Es una labor imprescindible y urgente que requiere el análisis desde la perspectiva de derechos humanos y la consideración primordial del interés superior de la niñez.
Así lo expresó el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al participar con la representación del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en el “Foro Derechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia; Mecanismos para Garantizarlos”, organizado por el Senado de la República.
Señaló que cualquier medida que se adopte deberá considerar las características y circunstancias específicas de los distintos grupos de niñez y adolescencia, así como incluir el estudio de causas de fondo que generan el incumplimiento de las y los deudores alimentarios.
Indicó que se debe incorporar la perspectiva de género para determinar cómo la desigualdad de trato y la carga social hacia niñas, adolescentes y mujeres, propicia un mayor abandono de las responsabilidades parentales por parte de los varones, y buscar el fortalecimiento de las capacidades de las y los acreedores alimentarios para exigir la satisfacción de su derecho.
Ante legisladores, directivos de instituciones y organismos relacionados con el tema, así como especialistas, Eslava Pérez planteó que será igualmente necesario contemplar el fortalecimiento de la facultad de juzgadoras y juzgadores para allegarse de medios de prueba sobre la capacidad económica de deudores y deudoras alimentarios.
Se deberán establecer nuevos parámetros para determinar el monto de las pensiones alimenticias cuando no sea posible comprobar los ingresos de los obligados; cuidar que las reformas legislativas no deriven en procedimientos o trámites administrativos que puedan revictimizar a las y los acreedores alimentarios que, por lo general, están en desventaja frente al deudor o deudora.
El Primer Visitador General de la CNDH estableció también la necesidad de avanzar en la armonización legislativa y transversalizar la perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia en toda la administración pública, a fin de trabajar coordinadamente para facilitar y agilizar el cobro de las pensiones alimenticias.
En su oportunidad, la senadora Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, habló de su iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en favor de perfeccionar la regulación de la pensión alimenticia en México.
Aseguró que es deber del Estado garantizar que ese derecho se cumpla en favor de la niñez y añadió que la presión social también sería útil para obligar el cumplimiento de ese compromiso y, por ello, propuso la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos; los inscritos en él no podrán disfrutar de préstamos bancarios, por ejemplo, ya que se les reprocharía no cumplir con sus obligaciones.
Indicó que, en promedio, en México los matrimonios duran aproximadamente nueve años; una de cada tres familias es monoparental; 67% de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia, y sólo una tercera parte de las madres reciben el recurso necesario para alimentar a sus hijos.
Nelly Montealegre Díaz, procuradora federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación de Laura Vargas Carrillo, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dijo estar de acuerdo con la creación de Registro y Base de Datos, que se debe ajustar y apuntalar con acciones para que se legisle en ese sentido en todo el país y transversalizar mejor las leyes.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señaló que este tema es una lucha contra la cultura machista. Indicó que las leyes tienen sesgos machistas y de complicidad con el hombre y es necesario analizarlas para detectar esos vacíos y nichos de oportunidad para beneficio de la mujer y sus hijos.
Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, comentó que la observancia de ese deber es compleja en un país donde el 76% está inmerso en la economía informal, donde los padres se declaran en insolvencia y desempleados para evadir su responsabilidad, o en el caso de la economía formal, en complicidad con los patrones, “renuncian falsamente” a sus trabajos, se cambian de ciudad o reclaman la pensión alimenticia en su beneficio.
Asimismo, Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, dijo que hay que luchar por cambios reales fincados en el interés superior del niño al adecuar todas las leyes que abordan esa materia.
Sugirió fortalecer a madres y padres en cómo trabajar para lograr el pleno desarrollo de sus hijos, principalmente en los padres jóvenes; hay que encontrar un plan integral, con mecanismos que les permitan acceder a sus derechos y los de sus hijos.
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