Por: Redacción

En el marco de la implementación de la estrategia de Blindaje Electoral 2016 y en ejecución del Convenio de Colaboración suscrito por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública (SFP), así como la Procuraduría General de la República (PGR), se instaló el Comité Preventivo de Blindaje Electoral en el estado de Sinaloa, donde se dio inicio a las acciones de capacitación a beneficiarios y servidores públicos del sector social en la materia.

La instalación contó con la presencia del abogado general y comisionado para la Transparencia, Emilio Suárez Licona; el titular del Órgano Interno de Control, Paulo Arturo Téllez Yurén; el delegado de la Sedesol en Sinaloa, José Regino López Acosta y el director general jurídico de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Alejandro Porte Petit.

Durante su participación, Suárez Licona dijo que la estrategia de blindaje electoral se inscribe en una política de apertura y acercamiento a los beneficiarios de los programas sociales, que implica el empoderamiento de los mismos sobre el acceso y goce a de sus derechos humanos en el contexto de ejercer libremente sus derechos políticos.

En su oportunidad, Téllez Yurén destacó el hecho de que las acciones de blindaje electoral inciden en el fortalecimiento de la Contraloría Social, órgano ciudadano encargado de coadyuvar en la vigilancia y supervisión del ejercicio de los programas sociales, así como de los servidores públicos y promotores sociales involucrados en el manejo y operación de los mismos, lo cual tiene como consecuencia que los recursos públicos efectivamente lleguen a los beneficiarios.

Los integrantes directivos del Comité Preventivo de Blindaje Electoral anunciaron el inicio de las acciones de capacitación a beneficiarios y servidores públicos en dos vertientes: el acceso a los derechos sociales y el ejercicio de los derechos políticos, y las líneas de actuación por parte de los servidores públicos del sector para empoderar a los beneficiarios y evitar que incurran en responsabilidades administrativas, electorales y penales en el periodo electoral.