Por: Redacción/

El derecho de acceso a la información pública es una poderosa herramienta para que los ciudadanos defiendan eficazmente sus derechos. Sin embargo, el empoderamiento de las personas pasa por la provisión de información pertinente y relevante por parte de gobiernos dispuestos a reformarse con el objeto de lograr el bienestar de las personas, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, al participar en la Conferencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre gobierno abierto y acceso a la información en la Ciudad de Rabat, Marruecos en el marco del Programa de Gobernanza de la OCDE para el Medio Oriente y el Norte de África.

“En contextos, donde las agencias gubernamentales no están dispuestas a divulgar información oportuna, las leyes de acceso a la información son un instrumento eficaz para que la población conozca y defienda mejor sus derechos; es decir, este derecho permite quitarle la venda de la desinformación a las personas.

La adecuada implementación de leyes de acceso a la información ha desencadenado procesos virtuosos de participación ciudadana que culminan en la mejora de servicios públicos y bienestar de las personas”, puntualizó.

Durante su participación en la sesión “el rol del acceso a la información para promover la transparencia”, Salas Suárez manifestó que, de acuerdo con la clasificación global del derecho a la información elaborado por el Centre For Law and Democracy y Access Info Europe, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México está catalogada como la mejor ley del mundo, haciendo de la legislación mexicana un marco de referencia para el resto del mundo.

“Nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un marco de referencia internacional; sin embargo, en México presentamos diversos retos para su cabal implementación como son la brecha digital y la falta de conocimiento de este derecho. Por ejemplo, ante la brecha digital que tenemos en el país, nos enfrentamos al reto de acercarnos a la población más vulnerable que no cuenta con acceso a internet, para que primero conozca la utilidad de este derecho llave, lo ejerza y finalmente sea aprovechado y traducido en beneficios tangibles para estas personas como puede ser atención médica de calidad en sus comunidades, útiles escolares para sus hijos o acceso a programas sociales que mejoren su calidad de vida”, enfatizó.

El comisionado del INAI añadió que, ante este contexto, “durante 2019 el INAI impulsará en diversas entidades federativas el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la información (Plan DAI), una política pública que busca empoderar a la población a través de la capacitación sobre el uso y aprovechamiento de este derecho llave con el fin de que todos los mexicanos, desde cualquier rincón del país y ante cualquier adversidad, puedan exigir otros derechos como la salud, la educación o el empleo”, remarcó.

Durante este panel de discusión, también participó Jamal Salaheddine del Ministerio de la Reforma de la Administración y el Servicio Civil de Marruecos; Adnène Lassoued, Vice Presidente de la Autoridad de Acceso a la Información de Túnez; Assaad Thebian, Director de la iniciativa Gherbal de Linabo; Chantal Angoua, punto de contacto de la Alianza para el Gobierno Abierto y Asesora Técnica del Ministerio de Industria y Minas de Costa de Marfil.

Fungió como moderador del panel: Omar Seghrouchni, Presidente de la Comisión Nacional para la Protección de Datos Personales y Presidente de la Comisión Nacional de Acceso a la Información de Marruecos.

Posteriormente, el comisionado del INAI participó en el taller titulado: “Acceso a la información: ¿cómo preparar la administración pública?”, durante su intervención compartió la experiencia mexicana sobre el rol que juegan los Organismos Constitucionales Autónomos dentro del sistema político mexicano, fundamentalmente como instituciones que permiten ampliar la esfera pública sobre el control democrático del ejercicio del poder y/o mantener agendas como la de apertura gubernamental durante el cambio de administraciones o en momentos de crisis, sostuvo el comisionado del INAI.

“Tras casi dos años de crisis que vivió la agenda de gobierno abierto en México, finalmente la semana pasada se reactivó el ejercicio federal de gobierno abierto al interior de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Durante este periodo de incertidumbre, el papel del INAI en su papel de Organismo Constitucional Autónomo no dejó que muriera la agenda de apertura gubernamental y mantuvo viva la llama del gobierno abierto a nivel subnacional a través de la estrategia -ejercicios locales de gobierno abierto. Cocreación desde lo local- en la que se impulsó el gobierno abierto en 28 entidades federativas”, enfatizó.

Salas Suárez expresó que la creación del nuevo Comité Coordinador, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil y el INAI, acordó una hoja de ruta para atender la problemática de vigilancia estatal ilegal en México, principal causa que llevó al rompimiento de este ejercicio, y para ello, como primera acción se llevará a cabo un foro público en México.

“El próximo 26 de marzo en México, desde el Comité Coordinador del ejercicio nacional de Gobierno Abierto convocaremos a un foro público sobre vigilancia estatal ilegal en el que daremos inicio a la construcción e implementación de una política pública que esté encaminada a la prevención y control de esta problemática, pero sobre todo a evitar que otro episodio de espionaje vuelva a ocurrir en México como el que se realizó a través del malware Pegasus”, finalizó. Durante este taller, también participaron representantes de Marruecos, Líbano, Jordania, Túnez, Estados Unidos de América y la OCDE.