• Organizaciones civiles y Colectivos de Víctimas manifestaron su descontento por un proceso legislativo que retomó las viejas prácticas de la política mexicana.

Por: Redacción/

Después de la aprobación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), organizaciones civiles, colectivos de víctimas y autoridades federales expresaron su rechazo a esta situación y manifestaron su inconformidad por el proceso legislativo que llevó a la aprobación de esta iniciativa.

Con 312 votos a favor en lo general y 334 votos a favor en lo particular, diputados de Morena, PT, PES, PVEM y Movimiento Ciudadano derogaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tenía una vigencia de solo dos años. Organizaciones civiles y Colectivos de Víctimas manifestaron su descontento por un proceso legislativo que retomó las viejas prácticas de la política mexicana.

“Un procedimiento atropellado”, así lo llamó el priista diputado Enrique Ochoa Reza. Por un lado, el dictamen señala que el fiscal Gertz Manero argumentó que la Ley Orgánica carecía de “congruencia entre el dispositivo legal y la realidad fáctica, por lo que se derivó en fallas. Se requiere una refundación de la estructura orgánica de la FGR”.

En contraste, organizaciones civiles subrayaron la necesidad de que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, presentara las razones por las cuales se necesitaba otra ley, las cuales nunca llegaron. El Colectivo contra la Impunidemia aseguró, en su informe sobre los primeros dos años de la actual gestión de la FGR, que la Fiscalía solo cumplió con dos rubros de 34, no existió una estrategia clara para perseguir delitos, un aumento en la opacidad, nula rendición de cuentas y un asilamiento, en lugar de autonomía.

En entrevista para Mugs Noticias, Don José Ugalde, miembro del Colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro, señaló que la aprobación de esta nueva ley representa un “retroceso enorme, yo creo que empieza en el contexto que la ley actual tiene dos años, ni siquiera se llevó a cabo como debería ser para ver qué resultados daba, es meter otra ley, es un tinte político, falta de voluntad política, sensibilidad y de desconocimiento  de los puestos que tienen para sacar a las víctimas y al país fuera de esto”.

“A pesar del esfuerzo de la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega, para abrir el dictamen a discusión, la mayoría morenista insistió en apurar la votación para que se aprobará el dictamen enviado por el Senado, ya que también tenía prisa por aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, indicó el Colectivo.

Una exigencia del parlamento abierto que comenzó en el Senado de la República y terminó en la Cámara de Diputados. La mañana del 20 de abril, la Comisión de Justicia abrió un espacio para que los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos dieran a conocer su punto de vista. La respuesta de los diputados fue la ausencia de la mayoría, mientras que los diputados del partido gobernante continuaron con sus negociaciones.

“Para poder aprobar el dictamen en Comisión no solo se registró Ignacio Mier. Estuvo haciendo incidencia con su partido y con los otros partidos, en nuestra cara. Se acercaba tenía su listita e iba tachando, quién iba votando. Tuvieron que cambiar a una diputada que había votado en contra por un diputado que votó a favor. Yo creo que Morena no necesita de esas prácticas, yo si lo veo como un agravio a las víctimas, como un decir que `no me importa que te vengas a plantar aquí tres días esto va a salir como dice el fiscal. No nos dejaron entrar a la sala del pleno”, señaló Grace Fernández del Colectivo BÚSCAME en entrevista con Carmen Aristegui.

El Colectivo contra la Impunidemia aseguró que, durante semanas, se observaron las “peores prácticas legislativas”, tales como simulaciones, sustituyendo votantes, sometiendo a quienes se posicionaban en contra de la iniciativa y refirió que algunas diputadas fueron víctimas de violencia al interior de sus partidos.

“Durante todo el proceso el proceso de discusión legislativa, integrantes del más alto nivel de la FGR estuvieron presentes cabildeando la discusión y asegurando que el voto fuera favorable para aprobar una ley, cuyo proyecto fue elaborado sin participación ciudadana como lo exige el régimen transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía”, comentó el Colectivo.

Durante el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, Martha Tagle sentenció que la ley aprobada fue un producto a la medida del fiscal general, una legislación que ofrece un modelo institucional superado.

“Esta es una ley a modo del fiscal general. La Ley Orgánica fue una ley producto de un amplio debate en el que participaron víctimas, familiares, colectivos y empresarios para transformar la PGR en una fiscalía que sirva, y hoy se borra de un plumazo. El fiscal se dedicó a elaborar una nueva ley que ofrece la perpetuación agotada y un diseño institucional superado, el mismo modelo que hoy tiene a miles de víctimas que tienen que lidiar con la ineficiencia de las instituciones”, apuntó Martha Tagle.

Verónica Juárez Piña, legisladora del PRD, sentenció que Gertz Manero no ha entendido el significado de autonomía. Por su parte, la panista María Cristina Castillo Espinosa mencionó que la iniciativa aprobada le quita funciones a la FGR, deja de lado el rol de un fiscal y se aleja de las víctimas.

“Gertz Manero confundió la autonomía, la asumió como un escudo para no actuar. Es una institución degradada y corrupta. Debe ser abolida si queremos refundar el sistema de justicia”, señaló el diputado Rubén Cayetano del grupo parlamentario de Morena.

Lorena Villavicencio de Morena manifestó su decepción por la falta de voluntad de su partido de escuchar a las víctimas, así como su poca empatía con las mismas. La diputada agregó que la FGR pretende alejarse de los sistemas donde están las víctimas.

Cayetano y Villavicencio se pronunciaron por una renuncia del fiscal general. “Si el señor no puede con la chamba, que renuncie. Él es el responsable principal y eso es lo que queremos que se plasme”.

Al finalizar la aprobación en lo general de esta ley, diputados interpusieron 193 reservas, de las cuales solo fueron aprobadas tres. La primera versó sobre la facultad de atracción de la FGR para investigar crímenes del fueron común que no están siendo investigados de manera correcta en el ámbito local.

La segunda reserva aprobada fue sobre la capacidad de las fiscalías especiales para atraer casos de violaciones de derechos humanos o de un asunto trascedente. La tercera, tiene el objetivo de garantizar que las víctimas y sus representantes legales pueden involucrarse en las investigaciones de casos.

“Las reservas realizadas son migajas para las víctimas y no reducen el impacto regresivo que tendrá la nueva ley. Hacemos un reclamo por las víctimas y colectivos que, tras pedir acceso al recinto para hacer uso de la palabra, les fueron cerradas las puertas. Rechazamos y repudiamos la actuación de la Cámara de Diputados que nos regreso al esquema burocrático, jerárquico e inoperante de la PGR”, dijo el Colectivo contra la Impunidemia.

Una semana después de que los diputados aprobaran en lo general y tres reservas a esta nueva ley, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó por unanimidad esta legislación, para que, instantes más tarde, el pleno del Senado aprobará con 109 votos a favor, siete en contra y una abstención en lo general y con los cambios realizados la nueva ley de la FGR.

María Lucía Micher Camarena, quien voto a favor, reconoció que esta ley no garantiza los derechos de las víctimas, así como no integra de manera correcta a la fiscalía a los diversos mecanismos de protección de derechos humanos, sin embrago, se comprometió a “en el futuro, junto con colectivos de víctimas, presentar reformar al nuevo ordenamiento”.

José Narro Céspedes, de Morena, sostuvo su voto a favor del dictamen, puesto que “México requiere un, aunque sea, un avance mínimo. Continuaremos trabajando para presentar un planteamiento que recoja el sentir de las víctimas y miles de mexicanos que reclaman justicia”.

A pesar de recomendaciones de organizaciones civiles, nacionales, internacionales e instituciones gubernamentales sobre la regresividad de esta nueva legislación, Noé Castañón de Movimiento Ciudadano dijo que esta reforma permitirá un mejor funcionamiento de la FGR, garantizará su autonomía y la correcta ejecución de sus atribuciones.

En ese tenor, se colocó Omar Obed Maceda Luna, quien señaló que el nuevo ordenamiento agilizará la procuración de justicia. En contraste, Emilio Álvarez Icaza Longoria subrayó que esta ley no atiende los reclamos de las víctimas y precisó que el Estado mexicano no puede regatear la deuda que tiene con las víctimas.

Cabe destacar que la reciente aprobación, modifica 65 leyes adicionales, tal como la Ley General en materia de personas desaparecidas, la Ley General para prevenir la trata de personas, la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.