Por: Redacción/

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial debe plasmar los principios de accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, de forma tal que puedan ser expresados y aplicados en la vida cotidiana de las personas, principalmente, de las peatonas, usuarias de bicicletas y de transporte público.

Destacó que, por mandato constitucional, las y los legisladores están comprometidos a aprobar a más tardar el 17 de junio dicha Ley General; por ello, destacó la presentación del Proyecto de Iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad vial, construida por 60 organizaciones civiles de todo el país agrupadas en la Coalición Movilidad Segura, porque podrá abonar en un camino legislativo que no es sencillo.

“Estoy segura el trabajo conjunto de legisladoras y legisladoras de ambas cámaras con las organizaciones de la sociedad da resultados, podemos aprobar antes del 30 de abril esta Ley General y enviarla al Diario Oficial de la Federación para su publicación”, expresó.

Sauri Riancho recordó el trabajo que desarrolló la LXIV Legislatura para lograr establecer en la Constitución, el derecho a la movilidad en materia de seguridad vial. La Cámara de Diputados, dijo, la aprobó, por consenso, el pasado 14 de octubre de 2020 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de diciembre del año pasado.

Precisó que la Constitución habla de una cultura de movilidad sustentable y sostenible. Además, hablar de movilidad humana, es referirse a la seguridad vial y a las migraciones, “tema delicado y complejo, en el cual se tiene que seguir avanzando”.

Indicó que de acuerdo con el INEGI, las causas de mortalidad en México, entre enero y agosto de 2020, revelan que en los primeros ocho meses del año pasado, los accidentes constituyen la novena causa de mortalidad general. “No podemos distinguir cuántos de estos accidentes son atribuibles en la vía pública o de transito; sin embargo, se puede presuponer que un porcentaje elevado, sí lo son”.

Lo relevante de dicha información, precisó, no sólo es saber que más de 21 mil personas en México perdieron la vida en ese lapso, sino cuando se ven los grupos de edad. Es la primera causa de mortalidad en grupos de edad tan relevantes como son: entre 10 y 14 años, y la segunda causa de mortalidad, para los grupos de 15 a 24 y de 25 a 34 años; es decir, para las personas más jóvenes que inician su etapa productiva y de crecimiento profesional y laboral.

Necesario, enfocar la infraestructura vial en favor del peatón

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), mencionó que el crecimiento de la población y la falta de planeación han generado que las ciudades con más de 50 mil habitantes se hayan expandido seis veces más, en dos décadas, lo que ha aumentado el uso de automotores, la contaminación, por lo que es urgente modificar el patrón de desarrollo, enfocando la infraestructura vial en favor del peatón.

Indicó que la reciente aprobación de la reforma constitucional que reconoce la movilidad constituye un paso para lograr una sana convivencia en las calles, respetar los desplazamientos del peatón y prevenir eventos de tránsito, pues “todos los días los ciudadanos se enfrentan a perder la vida a causa de un accidente por el simple hecho de trasladarse”.

Ante ello, mencionó que es apremiante consolidar una legislación que permita que la movilidad sea eficiente, incluyente, equitativa y sustentable para los habitantes del país, así como impulsar el uso de bicicleta y el transporte público, es decir, que los peatones sean los primeros en la pirámide.

Lograr calles seguras, accesibles e igualitarias

El diputado de Morena, Javier Hidalgo Ponce, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, dijo que la propuesta muestra la madurez de la sociedad civil, es un paso para generar una ley de seguridad vial y lograr que nuestras calles sean seguras, accesibles e igualitarias.

“Hoy están los poderes legislativos recibiendo este trabajo, es un reto muy grande el que tenemos, es evidente que tiene que ser una ley que dé resultados, de consenso, muy bien discutida por el Ejecutivo, estados y municipios, pues representa un cambio cultural”, consideró.

Puntualizó que la base fundamental de la ley es que brinde herramientas a la sociedad para que ejerzan su derecho a la movilidad. Se debe trabajar con las secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía y los municipios. “Esta ley tiene que dar condiciones de seguridad vial, ese es el reto y lo tenemos que hacer en 180 días. La propuesta nos ayudará a dar luz y es importante que no se partidice. Esto es un banderazo más para poder terminar esta ley lo más pronto posible”.

En el evento, en modalidad a distancia, también participaron el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; la senadora Patricia Mercado (MC), presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y la senadora Nancy de la Sierra Arámburo (PT), presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México.

Javier Garduño, Titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Emilio Saldaña Hernández, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además, Alejandra Leal, de la Coalición Movilidad Segura; Xavier Treviño, del Proyecto de Iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad; Alma Chávez, presidenta de Víctimas de Violencia Vial A.C; Miguel Malo Serrano, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud, así como Areli Carreón, de la Coalición Movilidad Segura.

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DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Mensaje virtual en la presentación del “Proyecto de Iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad vial”.

Muy buenos días a todas y a todos.

Reiterar el saludo que trasmitió la senadora Patricia Mercado, tanto a legisladoras y legisladores del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, así como a la representación del Poder Ejecutivo federal y, muy particularmente, a quienes desde los estados están siguiendo este importante foro.

Desde luego, a las organizaciones convocantes a las que se han unido a este proyecto de movilidad segura y han estado trabajando insistente y constantemente para que sea una realidad.

Yo quisiera hacer tres consideraciones con ustedes en esta oportunidad que tengo de hablar.

La primera tiene que ver con lo que representa la posibilidad de que un conjunto de organizaciones de la sociedad civil trabajen en forma coordinada para proponer a las y los legisladores una propuesta de ley, o bien sea de reforma a la normatividad vigente.

De inmediato surge, para mí, el antecedente poderosísimo del Grupo Oaxaca, un grupo de la propia sociedad civil en donde había representación de distintos maneras, criterios, puntos de vista, pero que tenían un objetivo común: lograr que el derecho a la información, consagrado en la Constitución desde 1977, se volviera realmente un ejercicio efectivo.

Fue a raíz de esta propuesta del Grupo Oaxaca cuando se estableció en la Constitución el derecho a la información, al acceso a la información pública; y de esa manera se creó lo que hoy es el poderosísimo Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI.

¿Qué sucedió con esa propuesta que trabajó el Grupo Oaxaca? Algo semejante de lo que estoy segura se va a lograr. Fue adoptada por un grupo de diputadas y diputados, de la entonces legislatura, que la presentaron como una iniciativa de ley, dado que la facultad de iniciar leyes la tienen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y un porcentaje de ciudadanas y ciudadanos -en este caso todavía no existía esa posibilidad- y se entregó a la Cámara de Diputados, el Senado de la República la aprobó y quedó plasmado en la Constitución el derecho al acceso a la información.

Ese camino es el que se ha estado recorriendo. Y aquí mi segunda consideración, tiene que ver con una información que publicó recientemente el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, respecto a las causas de mortalidad en México entre enero y agosto de 2020, si bien esta información enfatiza los datos que dan cuenta de una sobre mortalidad en México en esos meses, y que desde luego se atribuye en una primera instancia a las defunciones consecuencias del COVID-19, también hay una información, a mi juicio, muy relevante en el rubro de accidentes.

Estamos hablando que, de acuerdo a estos datos, insisto, son de los primeros ocho meses del año pasado, los accidentes constituyen la novena causa de mortalidad general, no podemos distinguir cuántos de estos accidentes son atribuibles a accidentes en vía pública o accidentes de tránsito, para generalizar más. Sin embargo, si podemos presuponer que un porcentaje elevado si lo son.

Lo relevante de esta información no sólo es saber que más de 21 mil personas en México perdieron la vida en ese lapso, sino también cuando lo vemos a través del filtro de los grupos de edad y vemos que es la primera causa de mortalidad en grupos de edad tan relevantes como lo son el de entre 10 y 14 años y la segunda causa de mortalidad para los grupos de 15 a 24 y de 25 a 34 años; es decir, para las personas más jóvenes que inician su etapa productiva y de crecimiento profesional y laboral.

En ese sentido, tenemos que –y ahí va el tercer comentario- que reconocer el intenso trabajo que desarrolló esta Legislatura para lograr establecer en la Constitución el derecho a movilidad en materia de seguridad vial, así quedó con esas palabras plasmado en el texto constitucional.

No fue una tarea fácil, ya lo mencionaba hace un momento la senadora Patricia Mercado, lo encontré que la primera iniciativa en la materia se presentó el 20 de noviembre de 2018 en el Senado de la República, por parte de la senadora Guadalupe Saldaña; y logramos finalmente que la Cámara de Diputados aprobara la reforma constitucional que se había presentado en el Senado de la República, que fue la Cámara de origen, ahí se discutió, se aprobó y se mandó en calidad de minuta desde diciembre de 2019.

Y en la Cámara de Diputados nos tomamos un año, prácticamente, para el 14 de octubre sacar adelante esta reforma con el consenso de todas las fuerzas políticas, consenso, por cierto, formado por un trabajo incansable de mis compañeras y compañeros diputados que están seria y profundamente comprometidos con esta causa. Y, finalmente, el Diario Oficial de la Federación la publicó el 18 de diciembre del año pasado.

Este largo camino legislativo, se los narro porque hay otra cuestión que trae la reforma constitucional y que nos compromete profundamente, me refiero particularmente a las y los legisladores.

En su transitorio, la reforma constitucional dice que la Ley General debe estar aprobada y publicada el 17 de junio. Me parece que este mandato constitucional sería muy relevante que se lograra cumplir a plenitud y este es un paso muy relevante.

Este foro, este intercambio, esta presentación de la propuesta, porque puede abonar un camino que, quienes andamos en el trabajo legislativo, sabemos que no es sencillo; es decir, entre que se presenta una iniciativa, las comisiones dictaminadoras las estudian, incluso, en algunos casos se convoca a Parlamentos Abiertos, que una cámara -que es la de origen- la aprueba, la pasa a la colegisladora, y a la vez la colegisladora hace su trabajo, pasa al Ejecutivo, y finalmente se publica en el Diario Oficial, que es cuando adquiere todo este (inaudible).

Y la fecha 17 de junio es muy relevante para esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, porque para nosotros son los últimos meses de esta Legislatura. Estoy segura que si el trabajo conjunto de legisladoras y legisladores de ambas cámaras, con las organizaciones de la sociedad, da el resultado, podemos estar antes del 30 de abril aprobando esta Ley General y enviándola al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Por eso, reitero que tenemos el gran compromiso de lograr que estos principios de accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad queden plasmados en la Ley General, de forma tal que puedan ser expresados, aplicados, en la vida cotidiana de las personas.

Que la prioridad a las personas peatonas -no le tengamos miedo al femenino de la palabra-, tienen la garantía de una legislación que las pone en primer lugar, que las privilegia, con todas sus letras, seguidas, desde luego, de las personas conductoras de vehículos de tracción humana -que es la forma constitucional de expresar a todas aquellas personas que usan la bicicleta- así como también las personas usuarias de transporte público. Son las tres personas que privilegia la reforma constitucional.

Y una cuestión fundamental: la Constitución, en esta reforma, habla de una cultura de movilidad sustentable y sostenible; o sea, estamos hablando de una transformación cultural que pasa por un marco legislativo que la acompañe, la propicie, la impulse, para que realmente se pueda establecer.

Y bueno, en esta parte de la cultura, de una u otra manera, la desgracia del COVID-19 con todo lo que ha significado en términos de confinamiento, en términos también del acceso a la movilidad en el transporte públicos, entre otras cuestiones, es a la vez una oportunidad de impulsar nuevas formas de relación en cuanto a la movilidad humana.

Aquí, cuando hablamos de movilidad, también vale mucho subrayar y con esto concluyo, que estamos hablando en materia de seguridad vial, y esto lo digo en una forma, porque cuando hablamos de movilidad humana también hablamos de las migraciones, que es otro importantísimo y muy delicado y complejo tema que tenemos en el ámbito legislativo pendiente por seguir avanzando.

Hasta aquí dejo mis palabras, no sin antes reiterar mi deseo de que todo este enorme esfuerzo social, conjugado en la presentación de este día, tenga el resultado legislativo más apreciado por todas y todos; es decir, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Movilidad, en materia de seguridad vial.