• Revisan en el Senado alcances del nuevo ordenamiento, así como los retos para su correcta implementación.

Por: Redacción/

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, subrayó que la movilidad y la seguridad vial son materias de máxima relevancia para el desarrollo del país, sobre todo para el regreso a la normalidad después de la pandemia.

Destacó que con la integración económica que tienen nuestro país con el mundo, la creciente relación comercial con diversas naciones, “nuestro sistema carretero y de infraestructura, en lo general, deben de fortalecerse a la par de las condiciones para que las personas y mercancías se transporten y se puedan movilizar”.

Sánchez Cordero advirtió que uno de los rubros más afectados por la emergencia sanitaria fue la movilidad de personas, de bienes y servicios, pero aún se enfrentan “riesgos de la dislocación” en la cadena de suministro global.

La legisladora encabezó los “Diálogos Parlamentarios sobre la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial: Ciudades seguras y bienestar”. En este encuentro, subrayó que este ordenamiento que aprobó el Senado “incide favorablemente en todos estos aspectos”.

Lo anterior, porque promueve una movilidad sustentable, coordinada entre los órdenes de gobierno y con todas las instancias técnicas en la materia, para que el transporte, la movilidad y el desplazamiento de bienes y personas, sea cada vez más seguro.

Dijo que es necesario el punto de vista de los expertos para que, con sus sugerencias y una vez que la Ley sea firmada por el Presidente de la República y entre en vigor, su aplicación tenga fuerza con el conocimiento previo de las modificaciones y nuevos preceptos de la normativa federal.

En ese sentido, la legisladora aseveró que el Senado de la República ha hecho un intenso trabajo durante esta Legislatura para sacar adelante este proyecto, especialmente en las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Por ello, hizo énfasis en la importancia de que los estados y municipios den los siguientes pasos para la aplicación de la Ley y, sobre todo, para garantizar el derecho humano a la movilidad de las y los ciudadanos mexicanos.

Además de una política pública de Estado, agregó, es necesario impulsar una nueva cultura de la movilidad, en la que se fomente el respeto por los reglamentos de tránsito vigentes y otras disposiciones.

“No acatamos nuestro reglamento de tránsito, no acatamos la normatividad sobre movilidad, el respeto a la persona con discapacidad, a los niños, a las niñas, los cruces”, asentó.

La senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, indicó que el ordenamiento atiende una deuda con las víctimas de accidentes viales, así como de sus familias, pues, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada 24 horas mueren en el país 32 personas en este tipo de hechos.

Asimismo, indicó que está en las manos de las y los legisladores avanzar en las acciones institucionales y normativas de los tres órdenes de gobierno para evitar más pérdidas humanas. “Cada día que pasa lamentamos que sigan sucediendo este tipo de accidentes que se pudieron evitar”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de Acción Nacional, denunció que los automovilistas creen que las calles les pertenecen a los coches y que los ciclistas no entienden que la banqueta es del peatón, por lo que es necesario transmitirle a la ciudadanía que la calle es de todos y es compartida.

La legisladora indicó que la planeación urbana privilegió a los automóviles y despojó de espacios a peatones. Ojalá podamos construir, entre todos, una movilidad más sostenible, en donde peatones y ciclistas no corran el riesgo de perder su vida por el simple hecho de atreverse a utilizar las calles, señaló.

Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, destacó la importancia de este tipo de foros, ya que no basta sólo con crear nuevos marcos normativos, sino que se debe generar un proceso de difusión, de apropiación y de conocimiento de la norma por parte de la ciudadanía, pues ahí radica el sentido propio de la utilidad pública.

El ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, coordinador de Desarrollo Urbano del Colegio de Ingenieros Civiles de México, pidió que se incremente el presupuesto designado al mejoramiento del espacio público y para el peatón, en al menos un 10 por ciento; además de considerar al ciclista como primordial en la infraestructura de automotores.

Enrique Soto Alva, coordinador de Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el nuevo ordenamiento es relevante, ya que tiene que ver con la vida de todas y todos, pues busca prevenir accidentes viales. Además, tiene el objetivo de ayudar a la salud de las y los mexicanos, al reducir la contaminación y el estrés.

A su vez, Roque González, de la Asociación Mexicana de Urbanistas, dijo que la aplicación de la norma necesita de la participación responsable de la sociedad, la cual debe sustentarse en la sensibilización y una cultura urbana, así como recuperar la educación cívica en los programas escolares.

Carina Arvizu, arquitecta y urbanista, consideró que existen cinco puntos clave para mejorar en la materia: la parte administrativa jurídica, es decir, su homologación; reconciliar el desarrollo urbano con la movilidad; incorporar y fortalecer la perspectiva de género; aumentar el financiamiento para la infraestructura; y democratizar el conocimiento urbano.