Por: Redacción

Las desapariciones forzadas en México han aumentado de tres mil, en 2011, a 28 mil en lo que va de 2016, por lo que las autoridades no pueden continuar con la indiferencia, y debe haber un cambio de cultura centrado en los derechos de las víctimas, señaló Ariel Dulitzky integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en reunión de trabajo con senadores.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, dijo que la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, que se encuentra en análisis en las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Gobernación y de Justicia, será aprobada este periodo ordinario de sesiones.

Advirtió que la aprobación de la Ley urge, y una vez que haya un dictamen en el Senado, se involucrará a las comisiones encargadas de dictaminarla en la Cámara de Diputados para que acelerar su aprobación y entrada en vigor.

Ariel Dulitzky señaló que la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares no es la solución, sino una herramienta; y si las víctimas no están conformes con el contenido de la Ley, ésta no funcionará y estará condenada al fracaso.

Advirtió que la Federación no acepta la gravedad del problema, y tampoco asume la responsabilidad de liderazgo; por lo que hay pocos resultados en la búsqueda de desaparecidos, y casi una nula reparación económica, a pesar de que existe la Ley de Víctimas.

“Observamos que en materia de búsqueda también hay pocos resultados, muchos problemas en las búsquedas de personas desaparecidas, casi nula ayuda económica, psicológica a familias de personas desaparecidas, además de que existe un proceso de revictimización hacia familiares, hostigamiento, organizaciones de la sociedad civil y periodistas que escriben sobre este asunto”, dijo.

Subrayó que la Ley que están dictaminando las comisiones unidas deberá contar con los recursos suficientes para su funcionamiento; y le pareció importante que cuente con atenuantes y beneficios por colaboración efectiva, pero que éstos no se traduzcan en impunidad.

“La Ley tiene la oportunidad, que tiene el Estado mexicano, y comienza desde el encabezamiento del proyecto de ley, visibilizando la desaparición forzada, y en el contexto mexicano la desaparición cometida por particulares también debe ser atacada y solucionada”, destacó.

Comentó a los legisladores que en reuniones con familiares de víctimas de desaparición forzada, le han explicado que prefieren que sea la Procuraduría General de la República la que se encargue de los casos de desaparición forzada.

Además, refirió que la búsqueda, cuando se sepa de un caso, se inicie por oficio, y que no sea burocrática ni de escritorio; “tiene que hacerse en el campo”, y no tienen que realizarla los ministerios públicos.

Se congratuló por la inclusión de una Comisión Nacional de Búsqueda, y refirió que ésta tiene que tener la autoridad suficiente para que las autoridades de todos los niveles, no tengan ningún pretexto para colaborar con ella; y la Comisión deberá asegurar la rendición de cuentas, de manera sustantiva, no sólo económica.

Asimismo, señaló que en la búsqueda tiene que haber acceso a todos los lugares, así sean instalaciones militares o de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Así como la preservación de archivos, incluidos los de la fuerza de seguridad; y determinar que se deberá dar facilidad para acceder a las bases de datos públicos y privados.

En cuanto a la reparación del daño, no sólo se debe considerar la reparación económica, sino también incluir la atención psicosocial y dar el acompañamiento requerido a los familiares de las víctimas; y, de manera preponderante, la Ley no debe establecer la presunción de muerte.

La Ley tiene aspectos importantes e identifica los temas centrales: mejora la tipificación de la desaparición forzada y tipifica la desaparición por particulares, pero se pueden mejorar, para que no deje ninguna duda sobre la responsabilidad penal que le pueda corresponder a cualquier agente del Estado, refirió.

Abundó en que en la tipificación tiene dos elementos fundamentales: la privación de la libertad y el ocultamiento de la desaparición de la persona detenida, la que participe en este delito, ya sea en la detención de la persona o en el ocultamiento de la verdad y de la detención; detalló que como está redactado el artículo en el proyecto no se prevén ambos supuestos, por lo que se debe buscar una técnica legislativa que abarque ambos supuestos.

“El Senado está revisando la Ley General de Víctimas, y lo felicitamos, es un proceso político; pero nuestra evaluación es que dicha ley y la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas no ha dado los resultados esperados, no ha servido para reparar y acompañar a las víctimas de desapariciones forzadas”, subrayó.

Finalmente, Ariel Dulitzky consideró que la ley no puede ser concebida exclusivamente por las desapariciones de la actualidad, pues señaló que mucho de lo que estamos viviendo hoy, es porque las desapariciones de la guerra sucia de las décadas de los 70 y 80 no fueron tratadas debidamente.

El senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que se considera a la PGR para investigar las desapariciones forzadas por su capacidad de respuesta, pero se debería fortalecer en su competencia a las procuradurías de las entidades federativas.

“Para que se mantenga el equilibrio, la idea de federalismo, competencias y asignación de responsabilidades; pero entendemos que mientras esto no se cumpla, habrá que auxiliarse de la Procuraduría General de la República”, estimó.

La senadora Layda Sansores, del Grupo Parlamentario del PT, destacó que de cada tres personas desaparecidas, una es migrante; y señaló que el problema podría ser más grave, porque la ONU refiere que son 28 mil casos, pero hay otros cálculos que enumeran hasta cien mil.

Dijo que podría asegurar que existe contubernio de las autoridades en las desapariciones forzadas, y refirió que un caso emblemático es la desaparición de los normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde el Ejército encubrió el caso en complicidad con las autoridades.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Gobernación, señaló que las cifras que se reportan sobre desaparición forzada en México son erróneas, porque se basan en las denuncias, pero mucha gente no lo hace por temor o frustración.