Por: Redacción/

Si bien la tecnología financiera es un mercado que cada vez crece más dentro de la economía globalizada, con la Ley para Regular las instituciones de Tecnología Financiera que se pretende expedir, se da pauta a crear condiciones para que se cometan nuevos fraudes en México, aseveró el diputado Juan Romero Tenorio.

“Esta parte nos preocupa; que realmente este sistema de pago sea regulado a partir de una ley que apruebe el Congreso de la Unión, y no de disposiciones generales que se determinan para el Banco de México o para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, recalcó el legislador federal de Morena.

En la Reunión Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde se discutió el proyecto de decreto por el que se expide la llamada Ley Fintech, sostuvo que el hecho de que el Senado de la República lo aprobó por unanimidad, no exime a la Cámara de Diputados de revisar a fondo los alcances de la misma, así como de conocer las opiniones de expertos en la materia.

“Hay situaciones técnicas y de distribución de competencias que generan duda. Se establecen atribuciones para el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, a través de disposiciones generales, regulen procedimientos muy específicos, como es la autorización para que las instituciones de tecnología financiera puedan operar”, ejemplificó.

El también Secretario de dicha Comisión opinó que la generalidad y ambigüedad en la competencia, al momento en que se den las operaciones, llevan a plantear diversas dudas sobre la efectividad de la citada ley.

“Hay una ambigüedad si se revisan los actos, en cuanto a la competencia de las autoridades, en la naturaleza jurídica de los eventos a regular. Es un modo de pago electrónico que estará sustentado por activos virtuales que van a estar respaldados por recursos económicos en moneda nacional”, puntualizó.

Ante funcionarios de BANXICO, la CNBV y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Romero Tenorio subrayó que además en la Ley Fintech se le dan facultades a esa dependencia federal para que en el ámbito administrativo interprete a la ley, debido a que se establece que el intercambio que se dé a través de este sistema quedará a expensas de los particulares cuando se sientan defraudados o vulnerados en sus derechos como consumidores.

“Es ahí donde hay una generalidad que no da certeza y que se respalda en el Artículo 11, que señala que ni el Gobierno Federal, ni las entidades de la administración pública paraestatal, podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en las operaciones que celebren con las instituciones de tecnología financiera”, recalcó.

Por su parte, el diputado Vidal Llerenas Morales cuestionó por qué en el proyecto de la citada ley, en particular en el Artículo 16 del Capítulo Primero, se establece que son actos de comercio, cuando en la práctica son operaciones financieras.