Por: Javier Bárcenas/

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que el tema de la Ley de Seguridad Interior ha quedado resuelto en el Congreso de la Unión, y ahora está en manos del Ejecutivo federal, para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

El líder parlamentario sostuvo que para la aprobación de dicha ley, ambas cámaras legislativas escucharon e incluyeron en el dictamen las opiniones de la sociedad civil, ejerciendo con ello, un acto de responsabilidad y democracia, sin soslayar que se trabajó durante un año en el enriquecimiento de la iniciativa y la dictaminación de otras cinco sobre el mismo tema.

Dijo que espera que la ley se promulgue cuanto antes y entre en vigor, “en el entendido de que siempre habrá posibilidades de mejorar un instrumento legislativo, siempre, si esta necesidad resulta evidente, seguro estoy que habrá sensibilidad de las cámaras para eventualmente hacer una reforma o adición”.

Añadió que, una vez promulgada la Ley de Seguridad Interior, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, en el caso de que se presente una acción de inconstitucionalidad, la revise y lo defina.

Por su parte, diputados y senadores del PRD exhortaron al Ejecutivo federal a vetar la Ley de Seguridad Interior “por ser inconstitucional” y atender los cuestionamientos de diversos sectores de la población y de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, sobre esta legislación.

En conferencia de prensa conjunta, informaron que inscribieron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, para pedir al presidente de la República hacer uso de las facultades que le confiere el artículo 72 constitucional, para vetar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, subrayó que la nueva legislación es inconstitucional y no resuelve los problemas de violencia e inseguridad, por lo cual no debe ser promulgada.

Además, dijo, el ordenamiento legal no contiene controles para el despliegue de las Fuerzas Armadas y somete el poder civil al mando castrense.

El diputado perredista comentó que el proceso legislativo de esta ley no fue ajeno a cuestionamientos de la sociedad civil, de académicos y de defensores de derechos humanos, así como de organismos internacionales y del sector artístico, debido a su alta afectación a los derechos humanos.

Refirió que existen observaciones por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que enviaron comunicados externando su preocupación.

Hernández Soriano apuntó que si el Ejecutivo no veta la ley, los legisladores tienen la posibilidad de promover la acción de inconstitucionalidad, “que ya la estamos elaborando con los partidos de por México al Frente (PAN, PRD, MC) para que reunamos el tercio necesario para promoverla”.