Por: Redacción

La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, afirmó que México es de los países con más violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades, y una salida es modificar la ley para dotar de seguridad jurídica a un Ejército que está en las calles, en lugar de regresarlos poco a poco a sus cuarteles.

Al inaugurar en la Cámara de Diputados el foro “Seguridad Interior”, indicó que el problema inició en el sexenio pasado con la irresponsabilidad de declarar una guerra y sacando a militares y marinos de sus destacamentos.

“Hoy es el tema más importante para el Congreso por los índices de violencia, amenazas externas, cambios de paradigmas y porque compete con la soberanía nacional. Nos es útil recoger opiniones de expertos para contar con argumentos sólidos cuando llegue el debate de esta ley de seguridad interior”, expuso.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) refirió que existen muchas dudas sobre la idea de legislar en esta materia, ya que no existe una facultad expresa de hacerlo para el Congreso; por ello, es indispensable reflexionar en torno al papel de las policías en su actuar y el eventual retiro del Ejército de tareas que no le corresponden.

Puntualizó que se deben buscar las mejores alternativas para eficientar la seguridad ciudadana, pues ha habido excesos importantes por parte de autoridades. “Tiene que existir una reflexión clara y con conceptos útiles, ante un asunto que será principal en este periodo legislativo”.

Del mismo partido, Juan Romero Tenorio, aseguró que la delincuencia no se ha frenado; muestra de ello es que el Relator de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que hay una grave violación de procedimientos y es elevado el grado de corrupción de las policías, lo que trajo en consecuencia la actuación de las Fuerzas Armadas.

El legislador agregó que el país se encuentra en una fase donde no ha sido posible concretar el Mando Único, se han generado autodefensas y hay municipios secuestrados por la delincuencia; por lo tanto, “se requiere de mano dura, el problema es que el camino que se está construyendo no garantiza derechos humanos, y por ello es fundamental que se analice detenidamente este tema”.

El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Jorge Javier Romero, refirió que la manera en la que se trató de resolver el problema de la inseguridad, únicamente exacerbó el problema. Las estadísticas mostraron aumentos en la tasas de homicidio a partir de que las fuerzas de seguridad del Estado, con el pretexto de perseguir a las bandas de narcotraficantes, comenzaron labores de seguridad pública.

“Ha sido contraproducente y se han generado violaciones a derechos humanos documentadas. Observamos casos como Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, donde se ve que no hay ningún límite real a la violación de derechos. Es necesario que los legisladores tomen en cuenta la evidencia, ya que las iniciativas presentadas son decisiones apresuradas y de dudosa constitucionalidad y además, no tienen un sustento sólido de que serán políticas públicas adecuadas”, expuso.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Anaya Muñoz, reiteró que la participación protagónica del Ejército en tareas de seguridad pública ha tenido consecuencias, pues los niveles de violencia han crecido y la presencia del crimen organizado no se ha controlado, lo que indica que esa estrategia no está funcionando.

Estimó que “no se necesita una ley de seguridad interna, sino urge desarrollar instituciones civiles fuertes, eficientes y honestas. Necesitamos más y mejores policías, peritos, Ministerios Públicos y jueces”.

Ximena Medellín Urquiaga, también investigadora del CIDE y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que el reto de la seguridad Interna es avanzar en la prevención y atención de los conflictos, así como fortalecer la seguridad pública desde las áreas de atención social, con el propósito de que los individuos no se enfrenten unos con otros.

Javier Martín Reyes, politólogo del CIDE y la UNAM, enfatizó que a la seguridad interna hay que entenderla como subespecie de la seguridad nacional; por ello, su regulación podría ser a través de la Ley de Seguridad Nacional.

La directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, comentó que es un tema prioritario pero se corre el peligro de que se apruebe una ley en la que no se ha escuchado ni a académicos, ni ciudadanos.

“Nos hacen una oferta de ley de seguridad interior, pero esa propuesta no es una solución. Se debe, por ejemplo, fortalecer el Sistema Penal Acusatorio y ver cómo está funcionando. Pidió a los legisladores escuchar a académicos y organizaciones civiles que han estudiado el tema a fondo.

El fundador de la organización Insyde, Ernesto López Portillo, consideró que la legitimidad de las policías está destruida y la sociedad se cuestiona quién la protege. “Se está gobernando la seguridad a ciegas y hoy nuestros niveles de violencia son muy superiores a los de países como Chile, Costa Rica y Argentina”.

“El vecino del norte ya está hablando de usar aquí a su Ejército, es decir, vemos un discurso militar. Y con esta ley se crearán cheques en blanco que multiplicarán intervenciones con brutal exceso de violencia”.

Lucia Chaves, coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que en México, en el periodo 2006-2014, se presentaron cuatro mil casos de tortura, más de mil corresponden a violaciones de derechos humanos a militares, lo cual es muestra de la debilidad en el sistema de justicia y la impunidad.