Por: Carolina Carrasco

‘La ley de réplica es perfectible y podría tener adecuaciones, pero contiene elementos procesales para garantizar que ese derecho se dé sin inconvenientes’, aseguró la senadora panista Pilar Ortega Martínez. Igualmente señaló que la regulación del derecho de réplica atiende a las obligaciones del Estado mexicano, al respaldar el acceso permanente y suficiente a la información objetiva, completa y veraz.

Paralelamente, dijo, mediante instrumentos jurídicos eficaces le permite a los ciudadanos exigir a los medios de comunicación la rectificación de información falsa o inexacta, cuya divulgación le cauce un agravio, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, honor o imagen. Al fundamentar por la Comisión de Justicia el dictamen por el que se expide la Ley –reglamentaria del artículo sexto de la Constitución– manifestó que después de casi ocho años de que no se había cumplido con la obligación de brindarle al país una legislación que regule el derecho de réplica, ‘es hora de que lo hagamos’.

Entre los puntos importantes del dictamen, destacó que tratándose de programas en vivo y el formato lo permita “el derecho de réplica podrá hacerse durante la misma transmisión” y si no es así el afectado contará con cinco días para interponer su derecho. El medio o emisor de información contará con un plazo de tres días hábiles para emitir la resolución correspondiente e igual número de días para notificarla; a partir de la notificación, si esta contiene la aceptación del derecho de réplica contará con un plazo de un día hábil para formular la misma; es decir ya sea medio impreso o de radiodifusión, explicó.

Ortega Martínez aclaró que la ley contempla que esta réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones. Precisó que ante la negativa de otorgar la réplica por parte del medio o bien cuando ésta no se haga de acuerdo con lo que se estableció en la resolución, el afectado podrá acudir a un procedimiento jurisdiccional que se establecerá en el Poder Judicial.