Por. Javier Bárcenas /
El PRD en la Cámara de Diputados reiteró su rechazo al dictamen sobre Ley General de Biodiversidad (LGB) que el bloque PRI-PVEM-PANAL pretende imponer nuevamente con la violación del proceso legislativo, ya que atenta contra el medio ambiente, los derechos de las comunidades rurales, y el despojo de recursos naturales.
Refrendó el exhorto a esta Legislatura a que se abra el diálogo y el debate con participación de la sociedad civil, pues parte de la violación del proceso legislativo que llevó a cabo dicho bloque es que impidió la realización de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas.
Tal como lo obliga la legislación nacional, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y convenios y declaraciones de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU), de Estados Americanos (OEA) e Internacional del Trabajo (OIT).
El partido del Sol Azteca insistió en la necesidad de este diálogo y debate particularmente con los pueblos y comunidades indígenas porque su territorio representa 14 por ciento del nacional y 62 por ciento del mismo es prioritario para la conservación de la diversidad biológica.
De hecho, el territorio de los pueblos indígenas abarca 152 áreas protegidas con casi siete mil plantas útiles, de las cuales entre mil y mil 500 son comestibles.
Los recursos genéticos que en ese territorio indígena se desarrollan incluyen agroecosistemas complejos y distintos niveles de domesticación de razas y variedades de maíz, frijol, calabaza, chiles, jitomates, tomates, quelites, quintoniles, huauzontles, epazote, acuyo, chayotes, chipile, verdolagas, amaranto, camotes, girasoles, chía, agaves, aguacates, tejocotes y capulines.
Asociado a esta diversidad se encuentra el conocimiento, construidos a lo largo de generaciones, de pueblos y comunidades indígenas sobre las cualidades de diversos recursos, así como el desarrollo de variedades -como las del maíz-, para cubrir diferentes necesidades.
Es precisamente esta diversidad biológica y de conocimientos lo que interesa a empresas nacionales y transnacionales como Celeric Genomic, Molecular Inc., Monsanto, Novartis, Pioneer, Syngenta, Phafmacia, Pfizer, Sanofi Aventis, Lóreal y Shaman Pharmaceuticals, las cuales “cabildean” -con cuantiosos recursos por delante- para impulsar normas nacionales e internacionales que legalicen su saqueo de recursos genéticos.
En esta línea se inscribe la pretensión del bloque priista-pevemista-panalista de agendar en el Pleno de Diputados la imposición de esta ley luego de realizar una pantomima de discusión y dictaminación de la minuta sobre LGB que envió la Cámara de Senadores.
Advierte que aun cuando en la argumentación de este proyecto de ley se presume perseguir propósitos nobles, como preservar la biodiversidad nacional y cumplir el Protocolo de Nagoya – referente al “Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que Derivan de su Utilización”-, en realidad da lugar a ninguno de comunidades para abrir la puerta a la depredación medioambiental.
Frente a este intento de ignominia en contra de los pueblos indígenas y del país en su conjunto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados demanda un proceso de consulta amplia, libre e informada entre las comunidades indígenas, la sociedad civil y las instituciones y personalidades académicas para incorporar sus puntos de vista.
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