Redacción.- Las víctimas del delito de desaparición forzada no deben ser revictimizadas ni sus familiares ignorados cuando solicitan el apoyo de las autoridades para su búsqueda, señaló la magistrada María Emilia Molina de la Puente, quien llamó a la sociedad a ser sensible con este problema, solidarizarse con quienes lo viven y por ningún motivo justificarlo.

Al participar en el podcast Reflexiones desde el Consejo, que se difunde a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito aseguró que las personas juzgadoras y servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación (PJF) están para escuchar y apoyar a quienes buscan a sus familiares, en especial, a las que no cuentan con el respaldo de las autoridades.

En la entrevista, la Magistrada estableció que el fenómeno de la desaparición de personas no debe ser ajeno a cada uno de nosotros, ya que incide en la vida de todas y todos, porque tarde o temprano y de una forma u otra nos impacta.

Dijo que padres y madres viven con el miedo de que sus hijas e hijos salgan a la calle y no regresen a sus hogares. Se trata, insistió, de un crimen que no tiene justificación. “Tenemos que darnos cuenta de que ninguna persona merece ser víctima de desaparición”, y ninguna madre, hermana, esposa o hija deben ir a una fosa a buscar a sus seres queridos.

Molina de la Puente reconoció que el problema de desaparición se ha incrementado a consecuencia de la inseguridad y violencia en el país. Los familiares de las víctimas recurren con mayor frecuencia al PJF para obtener el apoyo que las autoridades les niegan para encontrar a sus seres queridos.

En respuesta, las personas juzgadoras les apoyan a través de dos mecanismos: el llamado “amparo del buscador” y “la declaración especial de ausencia”. Señaló que las personas que buscan a sus familiares, labor que realizan con mayor frecuencia las mujeres, no están legitimadas constitucional y legalmente para realizar esa actividad que corresponde a las autoridades del Estado mexicano.

Pero, hay que decirlo: “El Estado mexicano ha incumplido con esta obligación de búsqueda”, por lo que juezas y jueces intervienen para ordenar a las autoridades responsables que cumplan con su responsabilidad; también brindan orientación sobre cómo realizar esa tarea para que sea más eficiente, a partir de herramientas que faciliten la labor, como pude ser una fotografía de la persona

desaparecida.