Por: Redacción/

En México las universidades disponen ya de un marco jurídico para la creación de empresas de base tecnológica sin conflicto de intereses, pero resulta imperativo hacer realidad la legislación “para que el conocimiento generado en las instituciones públicas de investigación se traduzca en beneficio para la sociedad”, sostuvo el doctor Enrique Galindo Fentanes, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.

Entrevistado al término del Segundo Foro Emprendedores UAM, convocado por la Dirección de Innovación de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que la generación de organizaciones de alto impacto “sería una de las acciones más relevantes de una universidad, porque a través de ellas podría eventualmente recibir regalías”.

Si bien los centros de estudio perciben recursos de muy pocas empresas, “esto podría ser la fuente principal, como ocurre en Estados Unidos, Corea del Sur o Israel”, sin embargo, “no alcanzan a ver su potencial, por lo que parte del esfuerzo del Consejo Consultivo de Ciencias es llamar la atención sobre estos temas relevantes en las políticas institucionales de las escuelas del sector.

El también secretario de Vinculación del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) citó el texto colectivo Investigadores con vocación empresarial: se terminó la espera, firmado por varios científicos del Consejo Consultivo de Ciencias, que señala que uno de los principales obstáculos para el emprendimiento está en que 70 por ciento trabaja en universidades y centros públicos de indagación, y por esa razón tienen un conflicto de interés.

Hasta antes de 2015 la ley impedía expresamente la participación de los científicos de las instituciones en corporaciones a las que se pudieran transferir las tecnologías creadas en la misma institución.

Este impedimento ya no existe pues el ocho de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo espíritu “hace una excepción al conflicto de interés para el caso de la participación de los investigadores en la creación de compañías”.

Esta ley no sólo permite la formación de empresas por investigadores de las instituciones públicas y la transferencia de tecnologías a éstas, sino que también las estimula, es decir, es una ley de fomento.

El doctor Galindo Fentanes comentó que el documento llama la atención a las universidades, tanto para que identifiquen la oportunidad como para que hagan coincidir sus lineamientos con lo establecido en la ley a nivel federal, pero más allá del formalismo de cumplir con la normatividad, es importante el potencial que estas modificaciones legales tienen para el futuro de las universidades.

Por otra parte opinó que si bien algunas políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no fueron muy favorables para el crecimiento de empresas, “al nuevo gobierno deberá quedarle muy claro que una cosa son las grandes multinacionales y otra las firmas de base tecnológica creadas por mexicanos que requieren apoyo para producir riqueza y que, a su vez, cree empleos bien remunerados”.

“El futuro de la economía de nuestro país está en estas nuevas organizaciones que generen vacantes de alta calidad”, porque aunque es cierto que el sexenio que recién concluyó creó más de tres millones de ocupaciones, éstas fueron de remuneraciones de uno o dos salarios mínimos.

Este tipo de empleo no va a resolver la pobreza ni va a propiciar crecimiento económico, por lo que es necesario crear plazas para los egresados de licenciatura y posgrado, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la tasa de desempleo en ese sector es de hasta 45 por ciento.

Al participar en el foro el doctor Galindo Fentanes expuso que Agro y Biotecnia constituye un caso exitoso de constitución de una empresa de base tecnológica de la UNAM, fundada en 2008, que produjo el primer biofungicida desarrollado en México, útil en el control de enfermedades ocasionadas por hongos en diferentes cultivos, principalmente el mango.