Por: Aldo Herrera
Por unanimidad, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) aprobó el “Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura” y el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada”.
Durante la XXXIII Asamblea Plenaria de la CNPJ, que hoy se clausura, la Procuraduría General de la República (PGR) enfatizó que la elaboración de ambos documentos es producto del esfuerzo conjunto entre las autoridades federales y locales, expertos en la materia, así como organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Con la emisión de esos instrumentos, el Estado mexicano da cumplimiento a un compromiso internacional; de esta manera ratifica, también, las convenciones internacionales en la materia y el cumplimiento de las recomendaciones de los sistemas Universal e Interamericano de los Derechos Humanos.
El objetivo de ambos protocolos es servir como guía en las distintas etapas de la investigación de los delitos, a fin de evitar la revictimización de las personas y generar estrategias de actuación certera e inmediata en el combate de estos delitos.
El contenido de los protocolos, a partir de su aprobación, se convierte en obligatorio para todos los servidores públicos de las Procuradurías y Fiscalías del país, a nivel federal y local.
Ambos instrumentos están previstos para funcionar tanto en el esquema de justicia penal tradicional como en el nuevo sistema penal acusatorio. Se resalta el hecho de que ambos instrumentos buscan garantizar una atención digna y respetuosa de las víctimas.
TRABAJO EN MARCO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
Los trabajos de la XXXIII Asamblea Plenaria de la CNPJ, realizados en la capital de la República, se desarrollan en un marco de coordinación y colaboración.
Los procuradores y fiscales del país hablaron, entre otros temas, sobre la necesidad de mejorar los equipamientos y las bases de datos nacionales de identificación balística y dactilar.
Revisaron también los mecanismos de cooperación para la investigación y persecución de los delitos relacionados con hidrocarburos. Analizaron los lineamientos de asistencia en seguridad y justicia con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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