Por: Redacción

Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que el asistencialismo en las políticas públicas tiene efectos contraproducentes pero el estado de bienestar no es suficiente para terminar con la desigualdad social y “está muy lejos de crear los incentivos para que una persona pueda salir por sus propios medios adelante”.
Durante la participación de Gil Zuarth en la Primer Sesión Comida Mensual 2016, de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), apuntó que el reto institucional del Siglo XXI en materia de desigualdad es ser creativos para construir políticas públicas que cambien la forma asistencialista de ver la responsabilidad social del Estado, y cómo crear una clase media que produzca, innove, se vuelva empresarial y que mejore la calidad de vida de su familia.
Al dictar la conferencia “El rol del Senado en la consolidación de la democracia, la economía social de mercado y la responsabilidad social del estado”, subrayó que el Estado no tiene la capacidad de responder a las altas expectativas que se ha creado la sociedad: “Lo que le pasa al mundo es que las expectativas de las personas suben por el elevador mientras que la capacidad del Estado va por la escalera”.
Esa brecha es la irritación social, la crisis política y sobre todo, es un déficit de legitimidad de las instituciones democráticas, argumentó.
En este sentido, señaló que el déficit institucional mexicano es el Estado de derecho, y no solamente en el sentido de que una autoridad se apropie y ejerza el monopolio de la coacción, sino que sea la autoridad, la única que aplique los castigos, pero además que ordene las conductas y resuelva los conflictos.
Existe un problema de seguridad en el país; no es generado únicamente por el crimen organizado, ni por el fenómeno del narcotráfico, sino que también se genera por la debilidad estructural de las instituciones de seguridad pública y jurídica para ordenar, prevenir e inhibir las conductas que trastornan la convivencia, “es un problema de debilidad institucional”, reiteró.
El presidente del Senado advirtió que la justicia mexicana no es un árbitro que dirima diferendos en contratos labores, mercantiles o civiles, pues se tiene una justicia lenta, no transparente y profundamente corrupta, a la que sólo acceden quienes tienen posibilidades económicas.
Por otra parte, señaló que el problema de la clase política y de la política es la corrupción que se ha enraizado en el país y no conoce colores de partidos, regiones ni actividades.
Además, aseveró que la sociedad quiere gobiernos profesionales, capaces y éticos que no expropien la riqueza de los ciudadanos; por lo que el desafío de México del Siglo XXI tiene que ver con el Estado de Derecho y con darle integridad a la política.
En este sentido, resaltó que el problema de la corrupción en el país está en las instituciones, pues no hay incentivos colocados que la inhiban y que promuevan la integridad del servicio público, ni castigos que no se cometa nuevamente.
El problema de México en el sector público son “las zonas grises”: el conflicto de interés, los deberes, obligaciones y las prerrogativas de los servidores públicos que no son claros, así como las posibilidades de influir indebidamente en una decisión, incluso a partir de una promesa o contra prestación. En estas zonas grises se juega la integridad del Estado, finalizó.