Por: Redacción/

La secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Martha Tagle Martínez (MC), manifestó que además de una reforma que permita a más mujeres ocupar espacios públicos, es importante que sean parte de las decisiones, con el objetivo de fortalecer la democracia.

Durante la mesa de análisis “Las reglas para hacer efectiva la paridad en todo”, llevada a cabo al término de la inauguración de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, la legisladora consideró que toda política pública requiere de presupuesto y por eso esta legislatura tendrá que hacer lo propio para cambiar las condiciones estructurales y que las mujeres accedan a cargos decisivos.

Resaltó que en la Cámara de Diputados las mujeres presiden comisiones importantes como Hacienda y Crédito Público, Gobernación y Población, Puntos Constitucionales y Justicia, que han sido protagonistas de las principales discusiones; sin embargo “no hubiera sido posible sin organización y sin haber ejercido presión y como no sucederá siempre, debe quedar en la ley”.

Destacó la reciente aprobación de reformas en materia de paridad y estimó que “aunque es momento de celebrar por el aval en diversos congresos locales, todavía falta mucho camino. Es primordial seguir trabajando en cambios legales que hagan posible y efectiva la igualdad de género”.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, consideró que la paridad plantea retos sobre cómo hacerla sustentable y atender sus efectos secundarios no deseados. Además, aunque las diversas iniciativas presentadas para tipificar la violencia política son necesarias, resultan insuficientes. Es importante activar mecanismos internos de los partidos políticos para sancionar, con la pérdida del registro de la candidatura a quienes ejerzan violencia política en relación de género.

Aunque los siete partidos políticos nacionales vigentes tienen protocolos para su atención, es preciso evaluar su implementación, conocer sus mecanismos y resultados, así como impulsar la creación de estos protocolos en el ámbito local. “Que todos los partidos políticos tengan formas de procesar estos casos internamente y las sanciones deben ser políticas, porque ahí es donde más efecto tienen.

Consideró que aún hay muchos retos: “Queremos ser una palanca para desatar la discusión sobre qué es la agenda de género”; es necesario cambiar condiciones estructurales en donde las mujeres operan políticamente. Consideró preciso ampliar los derechos sociales de las licencias de maternidad, paternidad y opciones para tomarlas, así como establecer medidas de conciliación entre la vida laboral y privada.

Es necesario, añadió, establecer nuevos sistemas de cuidados bien remunerados que brinden las posibilidades de atender a los infantes, a las personas enfermas y adultos mayores, porque las responsabilidades de acción política se siguen viendo limitadas por estos roles de género.

“Preocupa que las modalidades de la violencia política en razón de género se han sofisticado en la medida en que más mujeres ocuparán cargos que antes eran monopolio de los hombres”, agregó.

Janine Otálora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la democracia paritaria no tiene que ver con la colaboración 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, pues esto no garantiza el acceso del derecho.

A pesar de que México es el primer país en adaptar la paridad en los tres niveles de gobierno, es necesario un nuevo pacto social que reconozca realmente la igualdad entre los géneros.

Añadió que la paridad implica un entendimiento del poder, de su reparación y cómo se ejerce. En el caso del Poder Judicial está en las manos del Senado de la República que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia estén integrados de manera equitativa.

Las reglas de paridad requieren ser uniformes y aplicables a todos los casos, una generalidad o ambigüedad de las normas da pie a diversas interpretaciones de las autoridades electorales. “La violencia política se erradicará cuando la igualdad alcance absolutamente a todas las mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas; es decir, se reconozca la diversidad”.

En representación del Instituto Nacional de Pueblos indígenas, Anabel López Sánchez, señaló que en los municipios, a partir de las sentencias de los tribunales, se logró que más mujeres llegaran a los ayuntamientos; sin embargo, las condiciones para ejercer sus labores aún no están garantizadas.

“Las mujeres fueron utilizadas para cumplir con el principio de paridad por los partidos políticos, lo cual no es una condición satisfactoria”.

La reforma de Estado en materia electoral debe tener un eje central: una modificación constitucional que incluya el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; sin ello, se negarán las condiciones efectivas para su participación.

Pidió revisar el artículo segundo de la Constitución, a fin de que existan acciones políticas y una armonización legislativa que garantice efectivamente los derechos a la educación, salud y participación de las mujeres.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Paula Adriana Soto Maldonado, pidió retirar a los partidos políticos la posibilidad de pagar con prerrogativas las sanciones por violentar políticamente el derecho de una mujer de participar y ejercer sus derechos.

“Tenemos que atrevernos a ser un elemento decisivo, decir lo que sentimos, vivimos, opinamos y cambiar las estructuras de poder a las cuales nos estamos incorporando”.

Desde el Congreso de la CDMX estamos asumiendo este compromiso, al aprobar tres iniciativas de ley en el tema de derechos políticos y ciudadanos de las mujeres.

Amalia García, exgobernadora y exdiputada, expresó que la reforma “paritarista” de la Constitución también requiere una normatividad reglamentaria que verdaderamente garantice la presencia y la participación de las mujeres.

Esta reforma, dijo, no busca disminuir ningún derecho de los hombres sino igualar en derechos a hombres y mujeres, mitad y mitad, en los órganos donde se decide.

“La presencia de las mujeres en espacios de poder es lo que verdaderamente permitirá una relación de iguales, pero para caminar a la igualdad y convertirnos en sujetas políticas, estar en donde se decide en los asuntos públicos, en los asuntos del Estado sólo puede ser posible con otra gran reforma del Estado mexicano”, comentó.

En nuestro país aumentó la violencia política de genero hasta grados como el asesinato de mujeres por su participación o con amenazas a la integridad y a su seguridad personal; es esencial garantizar la aplicabilidad de cada una de las reformas en la legislación secundaria, estableciendo en cada caso quiénes son los sujetos obligados de garantizar su cumplimiento, así como incorporar un mecanismo sancionador, agregó.

En el acto participaron académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, y especialistas en derecho, quienes reconocieron la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de igualdad de género; sin embargo, estimaron que es necesaria una mayor participación de las mujeres.

Mesa “Competencia de los órganos del Estado”

El magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Adaya, advirtió que esta reforma debe partir de un diagnóstico que involucre a integrantes de las instituciones del poder público, sociedad civil y academia. Consideró que es imprescindible revisar el control de los grupos de interés preponderantes o factores reales de poder, como medios de comunicación, iglesias, sindicatos y grupos empresariales.

Puntualizó que la revisión de los órganos autónomos tiene que ver con examinar el reconocimiento constitucional, el sistema de designación, fundamentalmente interorgánico donde puede haber participación de la sociedad civil y asegurar que existan consejos consultivos. Es relevante el apartidismo y la idoneidad técnica; urge que exista estabilidad en la carrera administrativa, legislativa, jurisdiccional y autonomía financiera. Es relevante, agregó, recobrar los controles políticos reconocidos en las cámaras de Diputados y Senadores.

“Estoy convencido de que las y los titulares de las administraciones y la judicatura debemos cumplir con la aspiración de ser discretos, moderados y eficaces. Administradores, jueces y juezas que cumplen con su obligación de transparencia y dejan de ser actores o protagonistas de debates mediáticos. Se precisa de una judicatura valiente para que dicte sentencias emancipatorias y reivindicatorias que superen el peso muerto de la inercia judicial”.

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams Salazar, dijo que la relación INE-OPLE es uno de los grandes puntos a resolver en las próximas reformas electorales, así como dialogar acerca de si es pertinente o no esta relación. “Pensar en la eficiencia o no de una reforma electoral significa deliberar en términos de lo que significa hacer política pública y cómo se está generando”.

Es importante determinar qué tipo de Federación se quiere y qué estados libres y autónomos se necesitan. “Tenemos que empezar a trabajar la idea de la Federación y cómo dentro de los procesos electorales se ha dado fortaleza a los estados para poder hacer uso de su autonomía y nombrar a las personas que van a elegir y organizar sus procesos comiciales”.

Respecto de la autonomía e independencia funcional y financiera, afirmó que para evaluar un proceso se tendrá que observar que los recursos a los órganos públicos locales electorales fueron desiguales; por tanto, en algunos momentos no pudieron ejercer y hacer todas las actividades encomendadas por la Constitución. Sugirió tener una coordinación más sólida y efectiva con quienes aprueban el presupuesto.

Del proceso electoral 2018 se tiene que revisar el sistema INE-OPLE, porque fue donde se llevaron a cabo todas las reformas electorales y algunos órganos autónomos sí sufrieron vulneración en los recursos públicos etiquetados, como fue el caso de Morelos, quien pidió dinero para imprimir las boletas electorales a destiempo encareciéndose los costos.

Gonzalo Higinio Carrillo de León, magistrado de circuito y titular del cuarto tribunal unitario de cuarto circuito del Poder Judicial de la Federación con residencia en Nuevo León, expresó que en el andamiaje de las instituciones que deben ser reformadas en el Estado mexicano, no debe perderse de vista lo que la Constitución señala sobre la democracia.

Esta, dijo, requiere contemplarse como régimen jurídico que garantiza el respeto a las instituciones legales y constitucionales y mirarse como todo un sistema de vida. Añadió que toda la actividad pública debe estar orientada en facilitar el ejercicio pleno de los derechos de los gobernados y los primeros 29 artículos constitucionales reconocen derechos y libertades.

Mencionó que cualquier reforma que se pretenda debe tomar en cuenta que el régimen de separación de poderes es esencial. El sistema o el principio de división de poderes no es rígido, se puede adaptar a las necesidades contemporáneas que la sociedad vive. “Estos foros nos ayudan a visualizar qué hace falta para perfeccionar el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los poderes tradicionales y a los órganos constitucionales autónomos”.

Rogelio Rueda de León Ordóñez, director general adjunto jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, señaló que las instituciones y los funcionarios públicos “no debemos ser reticentes al cambio; debemos tener un enfoque del artículo primero constitucional, en donde las autoridades respetemos los derechos humanos y buscar el bienestar social dentro del pacto social”.

Precisó que los organismos autónomos en el ámbito electoral se establecen como un derecho humano consagrado en la Carta Magna, al que protege a la democracia, el derecho al voto y a ser votado. Para ello hay tres instituciones: INE, Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada.

Consideró fundamental que estos organismos funcionen adecuadamente, ya que es la manera de otorgarle a los individuos el ejercicio de sus libertades políticas, sin limitantes del derecho al voto o ser votados democráticamente. “La democracia implica construir y renovarse en una cultura en la que cada persona sepa que puede votar en libertad para el bienestar de ellos mismos. El pueblo tiene el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”.

Juan Carlos Sánchez León, magistrado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, señaló que en un Estado donde el sistema del federalismo ha sido una necesidad arraigada requiere no sólo de división de poderes, sino también de órganos especializados para que cumplan eficientemente sus funciones.

Precisó que es importante para las instituciones electorales considerar los elementos de autonomía e independencia, la legitimización como una necesidad indispensable, la especialización y un diseño articulado que atienda las necesidades entre el ámbito local y federal. Destacó la importancia de la participación, además del Poder Legislativo, de los partidos políticos y de la ciudadanía.

Estimó que en la actualidad no se puede quedar sólo con la teoría clásica del federalismo como un fraccionamiento de poder público o de soberanía, porque la evolución de las instituciones y su necesidad para que un Estado realice sus fines, requiere de órganos idóneos, de tal forma que se pueda hablar de un federalismo institucional.